A las doce de la noche de este próximo viernes, 30 de junio, concluye el plazo para cumplir las obligaciones de todo contribuyente con la Hacienda pública. Si toca pagar y, aun teniendo trabajo, la cacareada recuperación económica no le ha llegado a uno de forma tan estupenda como la pintan, siempre puede dividir el pago al fisco en dos plazos, y entonces tendrá que anotar en la agenda la fecha del 6 de noviembre para apoquinar la segunda parte de la cuota del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) correspondiente a 2016.
Una de las bases fundamentales de cualquier democracia es la credibilidad de su sistema tributario. Durante el periodo de la actual campaña de la renta, iniciada el pasado 5 de abril, los ciudadanos que tenemos la convicción y la costumbre (por otra parte legalmente obligatoria) de aportar nuestra contribución a la caja común hemos conocido algunos hechos que nos llevan (por enésima vez) a encabronarnos muchísimo con las autoridades (in)competentes, hasta el punto de considerar a algunas de ellas, con el presidente Rajoy y el ministro Montoro al frente, como verdaderas cuñas antisistema empeñadas en tomar por imbéciles a los contribuyentes-votantes-ciudadanos.
1.- Hemos sabido que el Tribunal Constitucional, con casi cinco años de retraso, considera ilegal la amnistía fiscal decidida por decreto-ley por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012, de la que se beneficiaron 29.683 españoles que regularizaron lo que nos habían sisado a todos los demás al módico precio de abonar el 10% de las cantidades defraudadas y no prescritas. En realidad, Hacienda recaudó menos de la mitad de lo que tenía previsto, una cifra equivalente al 2,63% de la cantidad total evadida entre 2008 y 2010, según los cálculos oficiales de los técnicos de Hacienda.
La inconstitucionalidad estimada (con mucho retraso) debería ser suficiente para que dimitieran de sus cargos quienes dedican mucho más del 10% de su tiempo en el servicio público a reivindicar el carácter sacrosanto de nuestra Constitución. Pero, con ser grave, no es eso lo más indignante del asunto, sino la explicación misma del dislate. Sostiene ahora el Gobierno que lo de menos es la comisión de esa ilegalidad, teniendo en cuenta que la amnistía fiscal era una herramienta imprescindible para “salvar a España de la quiebra”. Tanto Montoro como su superior, Mariano Rajoy, han afirmado en sede parlamentaria que esa “regularización fiscal” sirvió para evitar que la economía española fuera a la ruina definitiva según el criterio de las autoridades monetarias internacionales. No es exagerado escribir que tal afirmación supone tomar por gilipollas a la ciudadanía. La amnistía ilegal supuso una recaudación total de 1.192 millones de euros, menos de la mitad de los 2.482 millones anunciados por el ministro Montoro. Por dar otra cifra redonda, el 97% de los bienes y rentas defraudados en España durante el periodo en cuestión sigue bajo la alfombra. Se permite el ministro de Hacienda la burla de solicitar una ley que prohiba futuras amnistías fiscales, cuando el TC ya le ha dicho que la suya era ilegal. Tan asentada está esa evasión como firmes Rajoy y Montoro en sus puestos pese a las mentiras y ofensas demostradas. (Baste recordar que, según el Banco de España, nunca recuperaremos los 60.073 millones del rescate bancario cuyas condiciones tienen todo que ver con los recortes al Estado del bienestar ejecutados durante los últimos cinco años).
2.- Hemos sabido que la fiscalía de Madrid considera que el futbolista Cristiano Ronaldo ha cometido “conscientemente” un fraude tributario de 14,7 millones de euros contra la Hacienda pública española. Y hemos comprobado posteriormente que el goleador portugués está enfadado, y el Real Madrid, incluso parte de la afición madridista también, como en su día los fans de Lola Flores, porque creen que a una estrella del fútbol (o a una folclórica) no se le puede incomodar con multas millonarias cuando lo da “todo” por su público. Y otra vez se siente uno insultado. Llámense Ronaldo, Messi, Mendes, Pérez o García, pertenezcan al Madrid, al Barça o al Atleti, tienen que pagar hasta el último euro por los beneficios obtenidos de sus derechos de imagen en España, como todo hijo de vecino tiene que apoquinar a la caja común por su trabajo diario. No nos hagan gastar saliva ni tinta en cuestiones de sentido (y caja) común.
3.- Hemos conocido este último viernes los nombres y apellidos de empresas e individuos que componen la última lista de grandes morososúltima lista de grandes morosos de la Agencia Tributaria (quienes deben más de un millón de euros 'per cápita'). Se trata de 4.549 personas físicas y jurídicas que adeudan 15.400 millones de euros a Hacienda, que sólo ha logrado recuperar desde que hizo público el primer listado en 2015 un 6% del total de la deuda de quienes no pagan. Utilizan trucos legales como los concursos de acreedores o las "derivaciones de responsabilidad" para esquivar la ejecución de pagos.
A ver si me explico: en esa lista de morosos figuran algunos de los apellidos que poseen grandes fortunas en España desde principios del siglo pasado, atravesando restauraciones, dictaduras, repúblicas, nuevas dictaduras, transiciones, democracias… y hasta hoy. Sin que se les mueva una ceja y conservando palacetes, yates y cuentas en paraísos fiscales. A un servidor (y disculpen que personalice) le han retenido durante meses la devolución de Hacienda por una multa de tráfico no recibida y por tanto (provisionalmente) impagada. Y cuando no ha podido afrontar el pago del IRPF ha solicitado un crédito personal. ¿Lo entiende usted, señor Montoro? No me haga risas con esto porque me está insultando personalmente.
El Gobierno de Rajoy y de Montoro sigue explotando su mayor éxito sociológico: convertir en normal lo que es absolutamente inadmisible en una democracia sólida. Si un presidente de partido y de Gobierno fuera sorprendido apoyando y animando a un evasor fiscal confeso (como Luis Bárcenas) estaría políticamente enterrado. Si un ministro de Hacienda decretara una amnistía fiscal que se demuestra ilegal y además inútil, tendría que renunciar a su puesto en el minuto siguiente en lugar de carcajearse del personal sin el menor pudor.
Pero esto es España, un país en el que los grandes morosos pueden seguir obteniendo jugosas adjudicaciones públicas, como es el caso del empresario Miguel Ángel Ramírez. Un país en el que una fe religiosa concreta (la católica) dispone de casilla propia en la declaración de la renta, y que se permite (con los recursos públicos que obtiene) realizar campañas propagandísticas para convencer al personal de que no marque la cruz del “adversario” en los objetivos sociales sino en la suya… aunque el grueso de lo recibido vaya dedicado a sueldos de curas y obispos.
Aportar a las arcas públicas según las posibilidades de cada cual es una de las claves de la solidez democrática. Por eso los más peligrosos antisistema son precisamente los que contribuyen a desacreditar esa máxima. Recuerden estos datos de la cruda realidad: hace una década, las empresas aportaban en España el 22% de la recaudación tributaria, y ahora su contribución supone un 12%. Dicho con otras cifras, los trabajadores y el consumo soportan el grueso de la recaudación fiscal en nuestro país, mientras la mitad de las grandes corporaciones pagan en concepto de impuesto de sociedades 0 euros. Respecto a la media europea, nuestros ingresos fiscales están entre seis y siete puntos por debajo. Dejen de insistir en la falacia de que hay que recortar gastos, porque lo que nos falta son ingresos.
Si hubiera que proponer cruces en las casillas de la declaración de la renta, a uno se le ocurren varias opciones: por ejemplo, la de reforzar los medios humanos y técnicos para luchar contra el fraude fiscal, que sigue doblando la media europea. O una específica que vaya directamente al sostenimiento de la caja de las pensiones, de modo que no quepa la más mínima duda de que el sistema público de jubilación está garantizado. Será un disgusto para los negociantes a corto plazo, pero esa cruz tendrá mucho más que ver con el bien común que la recaudación de una fe religiosa concreta que, a estas alturas del siglo XXI, debería buscarse la vida por su cuenta.
P.D. El ministro de Hacienda Cristóbal Montoro ha acumulado méritos para renunciar al cargo y para ser reprobado por el Parlamento. Más de 118.000 ciudadanos han exigido ya a través de infoLibre su dimisión tras la sentencia del Tribunal Constitucional que declara ilegal la amnistía fiscal que defendió y aplicó. Pero Montoro tiene un superior, Mariano Rajoy, que sigue necesitando cortafuegos para no asumir sus propias responsabilidades.
A las doce de la noche de este próximo viernes, 30 de junio, concluye el plazo para cumplir las obligaciones de todo contribuyente con la Hacienda pública. Si toca pagar y, aun teniendo trabajo, la cacareada recuperación económica no le ha llegado a uno de forma tan estupenda como la pintan, siempre puede dividir el pago al fisco en dos plazos, y entonces tendrá que anotar en la agenda la fecha del 6 de noviembre para apoquinar la segunda parte de la cuota del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) correspondiente a 2016.