Hace un par de meses el general Julio Rodríguez señalaba en este mismo Foro la necesidad de extender la idea de la transparencia bien entendida al mundo de la seguridad y la defensa, y reclamaba la obligación de proporcionar a la ciudadanía una información de la misma precisa e inteligible, fundamentalmente en temas presupuestarios. Así se contribuiría a evitar casos de corrupción y a optimizar los gastos dedicados a nuestra protección colectiva.
Poco antes, en un artículo titulado ¿Qué es eso de la cultura de seguridad y defensa?, yo mismo reclamaba mayor atención de la sociedad a este ámbito, vital para nuestras democracias y necesitado de mayor comprensión crítica e informada por la opinión pública.
Para todo ello, obviamente, se necesita una Administración con voluntad de darse a conocer y, en último término, de cumplir la ley. Este recordatorio viene a cuento al hilo de dos estudios del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) que, de forma más o menos directa, tratan cuestiones relativas a la defensa. Uno de ellos es accesible al público, y el otro no.
El primero, el conocido, es el Barómetro del CIS del pasado mes de julio. En él, a la pregunta sobre la idoneidad de los recursos destinados a la defensa en España, más del 38% de los consultados entiende que son demasiados, el 29,4% piensa que son justos, un 12,3% los valora como insuficientes, y casi un 20% no contesta porque no tiene una opinión formada. Podríamos detenernos a comentar esas cifras, pero no es lo que me interesa ahora. Ahora me interesa hablar del segundo estudio (más interesante para nosotros por ser monográfico), es decir, del Informe del CIS sobre Defensa Nacional y Fuerzas Armadas… de septiembre de 2015. El no conocido.
Este Informe es en realidad una encuesta muy precisa realizada cada dos años (el anterior fue de 2013) por encargo del Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE) en una serie que se viene realizando desde 1997. Se trata de unos estudios muy interesantes que sólo en 2013 y en 2015 no han sido publicados en la fecha de su realización. Desde que gobierna el Partido Popular. Al tratarse de un encargo del Ministerio de Defensa al CIS, la Ley prevé que éste no puede incoporar el Informe a su Banco de Datos, que es público, hasta un año después de su entrega al “propietario”, el Ministerio. Por eso, es desde el momento en que éste ya no controla su publicación (al año de elaborarse) cuando podemos acceder al Informe. Así que la responsabilidad de su ocultación (durante el primer año) es del ministro de Defensa.
Lo relevante de tal decisión es que, a mi entender, con esa ocultación se muestra una afán por la oscuridad que contradice la tan publicitada (y al parecer no asumida por el partido gobernante) “regeneración democrática”, pues la transparencia es esencial para ese concepto. Aunque, bien visto, lo más grave es que no publicar ese Informe vulnera la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno de 2013. Esta ley exige del Ministerio de Defensa “publicar de forma periódica y actualizada la información cuyo conocimiento sea relevante para garantizar la transparencia de su actividad relacionada con el funcionamiento y control de la actuación pública” (art.5.1). Es más, dicha información debe publicarse “en las correspondientes sedes electrónicas o páginas web y de una manera clara, estructurada y entendible para los interesados…” (art.5.4).
Las exportaciones de material de Defensa aumentan un 6,4% en el primer semestre del año
Sólo hay un argumento que podría limitar el acceso de la ciudadanía a esa información, y es que su revelación suponga un perjuicio para la seguridad nacional, la defensa o la seguridad pública (art.14), circunstancia que obviamente no concurre, pues no puede ser perjudicial para éstas saber qué piensan los españoles de sus Fuerzas Armadas. De modo que el Ministerio incumple la ley por otros motivos, quizás comprensibles desde su interés como gobierno, pero en ningún caso legales. Desde luego, no cabe ocultar una información a la que los ciudadanos tienen derecho por evitar un titular de prensa no deseado.
Por lo demás, cuando podamos acceder a este Informe de 2015 (ya estamos en septiembre, así que el CIS lo colgará en breve en su banco de datos), sabremos que no contiene revelaciones “explosivas”. Conoceremos, entre muchas otras cosas, que el 60,9% de los españoles tiene una buena opinión de las Fuerzas Armadas, que el 25% piensa que los presupuestos dedicados a defensa son excesivos (atención a la diferencia con los 38% del Barómetro de julio, algo que indica que las encuestas del CIS no están bien perfiladas, pues en tan pocos meses de diferencia no puede cambiar tanto la percepción social sobre esa pregunta), o que el 37% no tienen una opinión formada al respecto (frente al 19,7% del Barómetro). Unos datos que serán más o menos certeros, más o menos contradictorios, pero que nos permitirán hablar, conocer e intercambiar ideas para mejorar el mundo de las Fuerzas Armadas.
Lo curioso es que existe un lamento (por el Ministerio, por los militares) por el escaso interés que los españoles tenemos en materia de cultura de seguridad, defensa y paz (siete de cada diez, según el informe no publicado), es decir, por la irrelevancia que otorgamos a las noticias que tratan estos temas tan importantes. Pero esto es algo que no nos debiara extrañar, si el máximo responsable de mostrarnos la verdad relativa a las Fuerzas Armadas oculta ilegalmente la información (incluso la poco relevante), no por motivos de interés general, sino por motivos de interés político.
Hace un par de meses el general Julio Rodríguez señalaba en este mismo Foro la necesidad de extender la idea de la transparencia bien entendida al mundo de la seguridad y la defensa, y reclamaba la obligación de proporcionar a la ciudadanía una información de la misma precisa e inteligible, fundamentalmente en temas presupuestarios. Así se contribuiría a evitar casos de corrupción y a optimizar los gastos dedicados a nuestra protección colectiva.