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El pasado mes de agosto se firmó un memorando de entendimiento entre el gobierno de Venezuela y un sector de la oposición para comenzar unas negociaciones que contribuyan a la normalización política en Venezuela. El acuerdo fue ratificado por la Asamblea Nacional y publicado en la Gaceta Oficial de la República. El Consejo Nacional Electoral, con estatus de independencia por la naturaleza de sus funciones, se encarga de la supervisión interna de las conversaciones. El conflicto político había alcanzado un punto de estancamiento, en un escenario de emergencia nacional, que estimula a las partes a una solución cooperativa.
El proceso, auspiciado por la Organización de Estados Americanos (OEA), contará con mediación internacional, con Noruega como principal facilitador y México como sede —ambos países con gran tradición en acompañar procesos de paz—, apoyados por un grupo de otros estados en el que, por expresa invitación de las partes, se han integrado ya Países Bajos y Rusia. Por otra parte, el llamado Grupo de Puebla, compuesto por exmandatarios iberoamericanos sin representación oficial, muestra también su apoyo decidido al proceso de negociación. Entre sus miembros, se encuentran expresidentes como Martín Torrijos, Rafael Correa, Fernando Lugo, José Luis Rodríguez Zapatero, Dilma Rousseff o Ernesto Samper. La implicación de la oficialista OEA, junto con el grupo de antiguos dirigentes latinoamericanos de corte progresista, garantiza un cierto equilibrio en la labor impulsora de los terceros participantes.
Las conversaciones reúnen, por tanto, todos los estándares técnicos, garantías jurídicas y respaldos políticos de máxima autoridad de la comunidad internacional, por lo que es previsible que el resto de las fuerzas políticas de oposición al gobierno de Nicolás Maduro, incluido el sector que representa el denominado presidente-encargado Juan Guairó, se vean forzadas a integrarse en la “plataforma unitaria” de oposición democrática. Una resolución en la que influirá decisivamente la esperable retirada de los apoyos externos que los sostienen.
La agenda acordada plantea discutir con carácter integral la situación de la República de Venezuela en relación con el ejercicio de los derechos políticos, las garantías electorales, el levantamiento de las sanciones y la restauración de los activos, el cumplimiento de las normas constitucionales, la convivencia política y social con renuncia a la violencia y la reparación de las víctimas, la defensa conjunta de la economía nacional y la adopción de medidas de protección social. En la metodología consensuada, que incluye la designación de mujeres en las respectivas delegaciones, se declara el carácter irreversible de los acuerdos parciales que se logren.
Un lustro del acuerdo de Bogotá
Casi una década después de la muerte del comandante Chávez, el gobierno de Maduro ha conseguido mantenerse en el poder, entre acusaciones de deriva autoritaria, corrupción, fraude electoral y represión de la oposición democrática. El desafío de Caracas a la diplomacia internacional supuso la aplicación de duras sanciones económicas por parte de Estados Unidos y la Unión Europea. El pueblo venezolano, cercado en un fuego cruzado, ha pagado un alto coste con un descenso sin precedentes en el nivel de vida, un desabastecimiento continuado de productos básicos, un agravamiento de la criminalidad interna y una diáspora de millones de personas, tanto en calidad de refugiados políticos como, principalmente, de emigrantes económicos. El estricto bloqueo económico, financiero y comercial ha obligado al gobierno bolivariano a buscar aliados fuera de su zona de influencia.
Por su parte, la oposición política venezolana ha boicoteado sistemáticamente los procesos electorales y ejercido una activa movilización en la calle, que ha sido testigo frecuentemente de la actuación de grupos paramilitares y milicias paraestatales que han escalado el conflicto civil. Las relaciones con el país vecino de Colombia, que se ha visto afectado en su estabilidad política interna y en el sostenimiento de los servicios públicos por la llegada masiva de migrantes venezolanos, se han deteriorado hasta bordear el enfrentamiento militar. En una decidida apuesta por derribar al régimen del Palacio de Miraflores, fue investido presidente-encargado el líder opositor Juan Guaidó, contando con el placet y reconocimiento expreso de Washington y Bruselas. Pero el experimento, en el que participó también España perdiendo así toda su eventual ascendencia en la superación de la crisis, se ha saldado con un rotundo fracaso.
En estas circunstancias, ambas partes, en el presente un gobierno sitiado y debilitado y una oposición cada vez más fragmentada e irrelevante, están llamadas a converger moviendo sus posiciones en la mesa de negociación, aunque no faltarán acusaciones de incumplimientos y deslealtades mutuas. La pandemia ha contribuido también a imprimir un sello de urgencia a esta negociación que se plantea como un proceso de “salvación nacional”. Es hora de que el pueblo venezolano deje de ser rehén de intereses ajenos y disputas ideológicas para recuperar su soberanía nacional, conforme a su voluntad libremente expresada en las urnas. El proceso de paz que se abre en la Ciudad de México es quizá su única oportunidad.
El pasado mes de agosto se firmó un memorando de entendimiento entre el gobierno de Venezuela y un sector de la oposición para comenzar unas negociaciones que contribuyan a la normalización política en Venezuela. El acuerdo fue ratificado por la Asamblea Nacional y publicado en la Gaceta Oficial de la República. El Consejo Nacional Electoral, con estatus de independencia por la naturaleza de sus funciones, se encarga de la supervisión interna de las conversaciones. El conflicto político había alcanzado un punto de estancamiento, en un escenario de emergencia nacional, que estimula a las partes a una solución cooperativa.