Fuerzas Armadas: miedo a la libertad

Diez años han transcurrido desde que los hombres y mujeres militares comenzaron su acercamiento a la ciudadanía plena, con la promulgación, el 27 de julio de 2011, de la Ley Orgánica de Derechos y Deberes de los Miembros de las Fuerzas Armadas (LODDFAS). Hasta entonces, el militar tenía una condición limitativa de ciudadanía, con derechos fundamentales restringidos o prohibidos. Pero a pesar de esta ley, hoy aún no tienen reconocidos sus derechos plenamente.

Hace diez años se vendió, como cierre del periodo de modernización de las Fuerzas Armadas, iniciado supuestamente en el año 1982, lo que suponía el broche a aquellas reformas comenzadas bajo el mandato del ministro de Defensa Narcís Serra y dirigidas a democratizar a los ejércitos y a dar a los hombres y mujeres militares el estatus de ciudadanía completa que se les negaba hasta entonces, mediante la actualización de sus derechos a través de la nueva ley. Diez años después de la promulgación de esa ley, hombres y mujeres militares continúan reivindicando un nuevo estatus de derechos contra el empeño de distintas fuerzas que, desde determinados ámbitos, se obstinan en mantener la situación heredada del pasado.

La tramitación parlamentaria de la ley puso de manifiesto entonces algunas realidades que incluso al militar le habían pasado desapercibidas. La ministra Carme Chacón explicaba en el Congreso que “por primera vez en 32 años de democracia nuestros militares van a disponer de un marco específico plenamente adaptado a la Constitución que va a regular el ejercicio de sus derechos fundamentales”, y que era “necesario dotar a nuestros militares de una articulación ordenada de derechos y deberes que les abra espacios de participación”. El déficit en derechos de los militares en aquel momento era considerable y, en un proceso de cambio drástico resulta razonable que los avances no llegaran de forma inmediata en un ámbito laboral en el que existía un gran rechazo a los cambios favorecedores de derechos y limitadores del mando. Pero diez años después, aquella ley que nació tocada por las restricciones que desde los cuarteles generales se impusieron, continua con su insuficiencia desde su propia limitación y con su escaso recorrido en la implementación de sus postulados; por ejemplo, desde ese ámbito de participación que se proponía, en el PSOE apuntaban que los generales se echaban las manos a la cabeza al oír hablar de elecciones para elegir representantes asociativos en el seno de las Fuerzas Armadas; pero no fue lo único que les preocupaba.

El miedo, el recuerdo presente de los acontecimientos entonces más recientes (intento de golpe de Estado) o más lejanos como la propia dictadura o, como también, la situación de los militares en el preludio de la guerra civil ha sido una constante en la política en lo referente a las Fuerzas Armadas y, en concreto, de la aplicada a sus miembros; algo que quizá está hoy más superado por muchos militares que por los políticos. Decía Rosa Díez (UPyD) en el Congreso de los Diputados que “estamos en la obligación de tratar de alejar viejos y trasnochados fantasmas –dicho esto entre comillas– referidos a que el reconocimiento de los derechos fundamentales de los profesionales de las Fuerzas Armadas pueda poner en riesgo la disponibilidad y abnegación de sus miembros. Unas Fuerzas Armadas democráticas no son sinónimo de ineficacia y, mucho menos, de indisciplina”. A lo que añadía que el texto del borrador de la ley, entonces en tramitación, estaba impregnado de prejuicios e inmovilismo de ciertos sectores de presión e influencia que disfrazan la norma de un falso velo de apertura y progreso.

Desde el ámbito político, como desde sectores del mando militar, se frena la modernización del estatus del militar, actualización que debe contemplar el reconocimiento de los derechos fundamentales y de los derechos laborales como trabajadores de la Defensa. La gran oposición a los avances lleva a una constante reivindicación de los militares, mediante los pocos resortes que se les permiten, como es el asociacionismo profesional que han conseguido, pero que adolece de una participación encorsetada y restringida, sin apenas capacidades para proponer y lograr cambiar su situación.

La revisión de la ley impulsada por los representantes asociativos es objeto también de contención impidiéndose que sean los propios militares quienes mediante el empoderamiento asociativo puedan conquistar sus derechos.

Curiosamente no parece sorprender que la deriva en el seno de las Fuerzas Armadas del fascismo y de ideas y actitudes impregnadas de franquismo nostálgico tengan mucho que ver con una parte estructural de los ejércitos: la falta de democratización y de formación en valores constitucionales. Qué cabría esperar de estas Fuerzas Armadas, sí tan solo hace diez años ha comenzado un proceso de reconocimiento de derechos fundamentales de sus miembros donde la formación en valores democráticos, la participación y el acercamiento a la ciudadanía avanzan con grandes resistencias internas y sin un compromiso decidido por parte del poder político.

Para ejercer la profesión de militar hay que ser previamente ciudadano, y la limitación de sus derechos debe atender exclusivamente a su ámbito laboral. Las limitaciones y restricciones se deben de establecer para el ejercicio profesional respetando su dimensión de ciudadanía, de personas con plenos derechos.

Hace casi dos años se levantó una losa cuyo acto significó un nuevo avance en la superación de un pasado que continúa lastrando avances sociales en concordia y en derechos. Pero otra losa, la del miedo, la del recuerdo del pasado y la de la desconfianza en el sistema de valores constitucionales y democráticos, continúa tendida sobre el reconocimiento pleno de los derechos, y por ende de ciudadanía plena, a una parte de la sociedad que demuestra en su actividad diaria una y otra vez su plena adaptación a los tiempos.

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Hay derechos tabúes para el mando militar más retrógrado y reaccionario, y, como grupo de presión, tiene capacidad de dejar su impronta en la normativa, al tiempo que tiene potestad para silenciar, frenar y estigmatizar los avances en materia de derechos y los movimientos en pro de ellos.

La valentía política no es un valor en alza y la superación de los miedos del pasado se ha de vencer avanzando hacia el futuro sin dejar atrás a quienes sin culpa alguna son los máximos exponentes de la defensa de nuestro actual sistema de valores. Sin duda, es una responsabilidad ministerial garantizar el disfrute de los derechos, pero también de promover los avances que hagan desaparecer desigualdades de los hombres y mujeres militares con el resto de la ciudadanía; así lo han estado haciendo ver, durante estos últimos diez años las asociaciones profesionales de militares, surgidas al amparo de esta ley y con ese claro objetivo de participar para avanzar.

Esta ley que ahora cumple 10 años tuvo un primer intento de promulgación mediante la iniciativa del Grupo Socialista en el año 2002 de la proposición de Ley Orgánica sobre Derechos Fundamentales y Libertades Públicas de los militares, pero, finalmente, diez años después, se sustituyó por Ley orgánica de Derechos y Deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas. Lo dicho: demasiado miedo a la libertad.