Aviso a indiferentes, abstencionistas, pasotas habituales y a los que dicen estar cansados de la política. Se avecinan unas elecciones y lo que en ellas se decida nos afectará de una forma u otra en nuestro diario vivir y, créanme, el patio no está como para permitirnos ser displicentes. Sólo miren lo que está pasando en Hungría, cuyo parlamento acaba de aprobar una ley por la que cualquier ciudadano puede denunciar anónimamente a parejas de homosexuales que tengan hijos a su cargo. La Constitución de Hungría del ultraderechista Viktor Orban, mediante una modificación de diciembre de 2020, dejó claro que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer, prohibiendo la adopción o acogida por parte de parejas del mismo sexo. El siguiente paso ha sido la persecución, con un ingrediente añadido típico del fascismo, como es la delación indiscriminada y anónima contra los presuntos infractores. Está por ver la reacción de la UE, aunque a ese Gobierno no parecen preocuparle en exceso las recriminaciones europeas.
Los países regidos por la ultraderecha nos enseñan su verdadera agenda, en la que coinciden formaciones como Vox y, con mayor o menor agrado, su subyugado socio, el Partido Popular, que antes fue paladín de la derecha, pero hoy ha perdido el rumbo y se deja jalonar hacia posiciones más radicales, para no parecer una “derechita cobarde”. Aunque a cierto sector popular la deriva ultra no convence, como tampoco a sus pares conservadores en el Parlamento europeo.
Hungría nos enseña que las leyes importan. En España, el caso de Doñana lo ilustra bastante bien. PP y VOX consiguieron en Andalucía aprobar en trámite exprés una ley que regulariza los pozos ilegales en el entorno del parque natural, declarado en 1994 Patrimonio de la Humanidad. La última voz que se ha sumado a advertir sobre las coconsecuencias de esta barbaridad ha sido la UNESCO, que exige el inmediato cierre de estos pozos y denuncia la sobreexplotación del acuífero.
Estamos inmersos en una crisis climática cada vez más evidente, que en España se manifiesta en una sequía que amenaza con hacernos pasar serios problemas de suministro de agua y de alimentos. Ecologistas y científicos han puesto el grito en el cielo ante una decisión política que atenta contra el inminente colapso de los humedales, además de criticar seriamente a la Comisión Europea y al Gobierno por su inacción. Sin embargo, en opinión de Alberto Núñez Feijóo, líder de los populares, lo que pretende el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla, es sólo buscar soluciones para centenares de familias que viven de la agricultura. El objetivo es loable, pero olvida que el derecho al agua es un derecho humano y que no se puede disponer de él de forma arbitraria e inconsciente, en perjuicio de todos, con un coste ambiental tan elevado y en contra de todas las recomendaciones internacionales basadas en estudios científicos. Casualmente, la amnistía de los pozos ilegales llega cuando las elecciones están al caer. Tal parece que para el PP andaluz es urgente arañar unos “centenares” de votos. ¿Tanta premura tienen como para cargarse un Patrimonio de la Humanidad? Pretenden legalizar casi un millar de hectáreas de regadíos ilegales. De ahí que el ministro de Presidencia, con justa razón, los llame “depredadores medioambientales” o que desde la dirección federal del PSOE hablen de “terrorismo medioambiental”.
Mientras tanto, el comisario europeo de medio ambiente, “Virginijus Sinkevičius, recuerda que en marzo ya pidió aclaraciones y advierte de las posibles consecuencias de la medida. Ante esta firme advertencia, el diario Público informaba sobre la próxima reunión de Moreno con este comisario. "Yo lo que le voy a decir a Bruselas, en una reunión con el comisario europeo la semana que viene, es que nos traslade, de los 25 folios de este proyecto de ley que está ahora mismo en el parlamento de Andalucía, exactamente aquello con lo que no está de acuerdo, para estudiarlo y modificarlo", ha asegurado el presidente andaluz durante un acto de campaña del PP de Madrid.” ¡A la fuerza ahorcan!
¿Estupidez o maldad sin límites?
Por donde pasan Vox y el PP la hierba corre peligro de desaparecer, como ocurría con Othar, el caballo de Atila, rey de los hunos. ¿Qué esperar de un partido que niega el cambio climático? Recuerdo a Javier, un amigo agricultor abulense, de derechas por otra parte, que en plena discusión con un seguidor de Vox le espetó: “Aquí os quería ver yo sembrando y mirando al cielo cada día, a ver si os enteráis de una vez de que el clima está cambiando. Vuestra estupidez no tiene límites”.
En Italia la extrema derecha lleva años pugnando contra los migrantes, poniendo pegas a los rescates en el mar sin el menor atisbo de compasión. El Gobierno italiano declaró la pasada semana el estado de emergencia ante la llegada de migrantes a sus costas. Giorgia Meloni, la primera ministra, asegura que esto servirá para ofrecer respuestas más eficaces e inmediatas en la gestión de los flujos migratorios, ya que la repatriación será decidida en un plazo máximo de 72 horas. En ese tiempo récord se decidirá quién puede pedir asilo y quién será devuelto de inmediato a su país de origen. Esta situación de emergencia puede durar un año y prorrogarse 12 meses más si el Consejo de ministros así lo decide. A partir de ahí, resolvería el Parlamento. Es decir, el futuro de las personas que huyen de situaciones trágicas estará en manos de la coalición de ultraderecha por largo tiempo. Y ya sabemos que la ultraderecha en materia de inmigración se aleja de los derechos humanos. La pregunta es aquí: ¿estupidez o maldad sin límites?
El problema se agrava cuando arrastran hacia sus posturas a formaciones de otra índole con escasa o nula resistencia, por intereses estrictamente oportunistas. Todo vale con tal de acceder al poder
Lo más preocupante es que numerosos países europeos de cariz socialdemócrata comienzan a seguir esa misma estela. Un reciente reportaje de Público relata como “la Malta de Roberto Abela desoye las llamadas de buques de migrantes a la deriva” o “la Dinamarca de Mette Frederiksen tiene una ley para crear centros de recepción en países terceros”. Y parece que nuestro propio Gobierno “se alinea con Italia –subraya el artículo– para consumar una política migratoria europea”. Fortalecer las fronteras, aumentar los retornos o incluso vallas financiadas con dinero europeo en las fronteras terrestres (Austria) son las posibilidades sobre las que se está trabajando. La mayor presencia mediática y política de la ultraderecha en la UE ha sido un factor clave para esta deriva insolidaria. ¡Triste Europa!
En Estados Unidos la cosa tampoco va mucho mejor. El Congreso de Texas debatía estos días una iniciativa del republicano ultraconservador Matt Schaeffer. El diario mexicano La Jornada lo relataba el pasado martes en un escandalizado editorial explicando cómo esta norma contra la migración plantea incluso castigarla “con cadena perpetua”, así como la creación de “escuadrones de persecución de viajeros indocumentados”. Sin obviar “fuerzas parapoliciales que podrían incorporar a voluntarios, que estarían exentas de cumplir las leyes y reglamentos federales en materia de detenciones y cuyos miembros gozarían de inmunidad penal y civil en caso de cometer atropellos y violaciones a los derechos humanos”. De fondo, late la presencia de Donald Trump y su temido regreso.
Recortes en los derechos de la mujer
En Estados Unidos, la Corte Suprema –con la conformación más conservadora de las ocho últimas décadas– decidió acabar con la protección del derecho al aborto el 24 de junio de 2022, anulando la histórica sentencia conocida como Roe contra Wade, que lo garantizaba desde 1973. La regulación sería, a partir de esa fecha, competencia de cada uno de los 50 Estados. De inmediato, más de la mitad del país hizo suya la norma de manera total o parcial, cumpliendo una vieja reivindicación de la derecha más extrema, que considera a la mujer sin derecho a decidir sobre su propio cuerpo. Curiosamente, los mismos jueces eliminaron, por el momento, la decisión de un tribunal de apelaciones de Nueva Orleans que fijaba restricciones para la administración de la mifepristona, la píldora abortiva. Por el momento se garantiza su acceso mientras continúa el pleito. Un juez federal ultraconservador de Texas es quien prohibió hace un par de semanas el popular medicamento.
En España, nuestro referente próximo es el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo (Vox), que en enero anunciaba medidas “provida”, claramente antiabortistas. Incluía la obligación de los médicos de ofrecer a aquellas mujeres que desearan interrumpir su embarazo, tres opciones: escuchar el latido del feto, una ecografía en 4D o ayuda psicológica. A García Gallardo le acompañaba el portavoz del Gobierno y consejero de Hacienda Carlos Fernández Carriedo, del PP, que veía difícil de cuantificar la inversión necesaria para tal fin, pero la consideraba importante para dar un servicio adecuado a las madres, “más allá de su coste”. Tras el revuelo levantado, el mismo Fernández Carriedo matizaría después, diciendo que el tema quedaba en manos de los médicos y que se trataba de “declaraciones políticas completamente ajenas a la aprobación de normas”. Un nuevo ejemplo de modos e intenciones de la ultraderecha y de sus fieles sustentadores, tragando los sapos necesarios con mayor o menor disgusto.
Antes de que sea tarde
El desprecio al medioambiente y la negación del cambio climático; la batalla contra la memoria democrática ya sea en España reivindicando el franquismo o rechazando el Holocausto en relación a los nazis; la batalla frontal contra los derechos de la mujer; el interés por controlar los contenidos educativos de la manera más regresiva; la conculcación de los derechos de los migrantes; la homofobia; el racismo o la incitación a la violencia, son instrumentos que la ultraderecha utiliza en todo el mundo. El problema se agrava cuando arrastran hacia sus posturas a formaciones de otra índole con escasa o nula resistencia, por intereses estrictamente oportunistas. Todo vale con tal de acceder al poder.
En su libro “Porque me da la gana, Ayuso, la nueva lideresa”, la periodista Alicia Gutiérrez, escribe sobre la Carta de Madrid (el Manifiesto de la Fundación Disenso de Vox), utilizada como bandera en el continente americano, que afirma que “una parte de la región está secuestrada por regímenes totalitarios de inspiración comunista, apoyados por el narcotráfico y terceros países”. Esto piensa la ultraderecha sobre el mundo progresista, promoviendo una guerra permanente contra quienes no abrazan sus preceptos radicales. Se extienden como la mancha de aceite por todo el planeta. Hay que frenarlos antes de que sea tarde. Estamos avisados.
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Baltasar Garzón Real es jurista y presidente de FIBGAR.
Aviso a indiferentes, abstencionistas, pasotas habituales y a los que dicen estar cansados de la política. Se avecinan unas elecciones y lo que en ellas se decida nos afectará de una forma u otra en nuestro diario vivir y, créanme, el patio no está como para permitirnos ser displicentes. Sólo miren lo que está pasando en Hungría, cuyo parlamento acaba de aprobar una ley por la que cualquier ciudadano puede denunciar anónimamente a parejas de homosexuales que tengan hijos a su cargo. La Constitución de Hungría del ultraderechista Viktor Orban, mediante una modificación de diciembre de 2020, dejó claro que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer, prohibiendo la adopción o acogida por parte de parejas del mismo sexo. El siguiente paso ha sido la persecución, con un ingrediente añadido típico del fascismo, como es la delación indiscriminada y anónima contra los presuntos infractores. Está por ver la reacción de la UE, aunque a ese Gobierno no parecen preocuparle en exceso las recriminaciones europeas.