La guerra definitiva contra la universidad pública
El diseño elaborado por Immanuel Kant de un programa para la paz perpetua cosmopolita se considera frecuentemente como ingenuo o “idealista”. Nada más lejos de la realidad. Kant es perfectamente consciente, para empezar, de que ninguna legalidad será suficiente para garantizar una paz verdadera mientras un “peligroso poder financiero” y su sistema de crédito potencialmente infinito puedan operar como acicates para la competencia y la beligerancia entre potencias. Además de una advertencia notable al respecto del estallido de las guerras mundiales en el siglo XX, podemos extraer otra lección del viejo filósofo: las coacciones económicas pueden tener efectos tan devastadores como una guerra. Lo formuló así un pensador bien diferente, Carl Schmitt: las nuevas formas de guerra económica convertirán las viejas formas de guerra militar en un juego de niños. ¿Qué quiere decir esto? Que hay políticas económicas que pueden ser tan letales para las instituciones y el bien común como la peor de las guerras.
El Gobierno de Ayuso ha decidido actualizar estas intuiciones kantianas y schmittianas de un modo muy sencillo: comprendiendo que la guerra definitiva a la universidad pública se realizará como asfixia económica.
La situación actual de las universidades públicas en la Comunidad de Madrid es “crítica”. En “pocos años” podría volverse “catastrófica”. No son exageraciones propagandistas. Son valoraciones de los rectores de las seis universidades públicas de Madrid. En un gesto sin precedentes, han convocado sesiones extraordinarias de sus respectivos Consejos de Gobierno y han emitido conjuntamente una durísima carta abierta a Isabel Díaz Ayuso sobre la infrafinanciación de la universidad. El rector de la UC3M y actual presidente de la CRUMA ha advertido que el presupuesto actual “compromete seriamente la actividad docente”. Una fuente implicada en la gestión de la consejería del gobierno regional añade: “Hagan lo que hagan, están muertas”. En la carta, los rectores advierten de que la universidad pública no tiene fondos suficientes para pagar los suministros, las nóminas o las infraestructuras. Es el resultado de 15 años de infrafinanciación. Este año los rectores pidieron un incremento del 18% para cubrir gastos mínimos; el Gobierno de Ayuso ofrecerá el 0,9%. Siguen los rectores: las universidades operan hoy con una subvención nominativa de cuantía inferior ¡a la de 2009! Los estudiantes, sin embargo, pagan una de las tasas más altas del país.
De la crisis a la catástrofe. Como decimos no es una casualidad: es una nueva forma de guerra contra las instituciones. Nadie toleraría hoy (al menos todavía) una guerra abierta o legal contra la universidad pública. Hágase entonces de la forma más letal: una guerra económica como forma más refinada de guerra política. La asfixia económica que denuncian los rectores no es un accidente o una dejación, sino un plan premeditado y ejecutado al milímetro. El objetivo: acabar con la universidad pública tal y como la conocemos, como operación concreta de un frente más amplio que se completa con la guerra a la educación obligatoria o la sanidad. El enemigo de esta guerra tiene un nombre: lo público. No es una metáfora o una figura retórica. Es un programa político.
Nadie toleraría hoy una guerra abierta o legal contra la universidad pública. Hágase entonces de la forma más letal: una guerra económica como forma más refinada de guerra política
La guerra en el campo de los hechos (cuantías contantes y sonantes en los presupuestos, ausencia de planes plurianuales) se prepara con la denigración en el campo de las palabras. El rector de la Complutense tuvo que reprender a Ayuso por afirmar que la universidad está “colonizada” por la izquierda y da los títulos “como churros”. La operación simbólica es evidente: Ayuso la ha aprendido, por cierto, de Donald Trump. Si en las elecciones americanas hemos presenciado cómo Trump, Musk y la alt-right trataban de identificar el mero hecho de ser hombre con el voto a favor de Donald Trump, para Ayuso lo público como tal se convierte en “ideológico”, “de izquierdas” o “comunista”. De esta manera, Ayuso renuncia a mantener una idea de lo público como, al menos, mínimo denominador común que garantice derechos universales o una idea compartida de bien común, y lo convierte en enemigo político. Revela así su propia posición de parte: para unos pocos, contra lo de todos.
Porque, evidentemente, hay más hechos en esta guerra. Con el voto en contra de los rectores e informes negativos, en Madrid acaba de aprobarse otra universidad privada más. Son ya catorce. Pronto triplicarán a las públicas. Madrid tiene ya más estudiantes de primer curso de Medicina en universidades privadas que en públicas. Por eso la Comunidad de Madrid será, parece, casi la única comunidad que no firme el programa María Goyri para la incorporación de profesores ayudantes doctor a la universidad pública: quieren a los jóvenes doctores formados en la pública produciendo beneficio en las privadas.
Todo esto no ocurre por casualidad, no ocurre a la vez solo en el espacio y en el tiempo: ocurre a la vez en el orden del plan, la intención y la voluntad. El plan: la universidad, para los pocos que puedan pagársela, para unos pocos y selectos apellidos o códigos postales. Ese es el programa: una suerte de nuevo neoliberalismo feudal. No son exageraciones retóricas. Ésta es la nueva y la más letal guerra jamás emprendida contra la universidad pública en nuestra región. Pero lo público reclama una paz que solo puede ser verdadera y garantizada. Trabajemos para ello.
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Clara Ramas San Miguel es filósofa, política y profesora en la Universidad Complutense de Madrid. Estos días llega a las librerías su nuevo ensayo, 'El tiempo perdido. Contra la Edad Dorada. Una crítica del fantasma de la melancolía en política y filosofía', editado por Arpa.
