¿Con IVA o sin IVA?

Celebro que Biden haya impulsado una de las revoluciones pendientes: subir los impuestos a los ricos e imponer una tasa global para las grandes empresas. Si lo logra, la recaudación servirá para financiar parte del billón de dólares de gasto social destinado a ayudar a la maternidad, reducir la pobreza infantil, comprar alimentos para las personas que no llegan a fin de mes, sufragar la sanidad y las instituciones educativas. Sin duda todo un acto revolucionario destinado a reforzar el Estado de bienestar, un giro absoluto a la política fiscal estadounidense, que siempre ha gravado más las rentas del trabajo que las del capital. Contra todo pronóstico, el presidente de los Estados Unidos resucita la propuesta de un impuesto mundial común, que dio por muerto su retrógrado antecesor Donald Trump. Quizá, en su momento, tomase buena nota del insólito manifiesto dirigido a los entonces candidatos a la Presidencia, en el que dieciocho multimillonarios estadounidenses, encabezados por Warren Buffet y Bill Gates, se ofrecían a pagar más impuestos. Sucedió poco antes de comenzar la pandemia y fue en respuesta al plan que propuso Elizabeth Warren, senadora de Massachusetts, de aplicar un gravamen especial a las fortunas con activos valorados en más de cincuenta millones de dólares.

Ahora más que nunca, frente a la crisis avivada por la pandemia, el mayor esfuerzo fiscal debe recaer sobre las rentas más altas y las grandes corporaciones. Se necesita más y mejor recaudación. Cuando compareció ante el Congreso, Biden señaló que cincuenta y cinco de las mayores compañías estadounidenses, a pesar de que habían tenido beneficios de cuarenta mil millones de dólares, no pagaron impuestos el año pasado. Es injusto, añadió, que paguen menos por sus ingresos que los trabajadores de la clase media. “Ironías de la vida: las propuestas económicas que antes eran de Podemos, ahora son de Biden”, tuiteaba Nacho Álvarez, secretario de Estado de Derechos Sociales del Gobierno y secretario de Economía de Podemos, a propósito del radical cambio político que se ha producido en la Casa Blanca.

Lo mejor es que Joe Biden y su brazo ejecutor, la secretaria del tesoro Janet Yellen, crean tendencia y están acelerando proyectos paralizados por culpa de los fuerzas conservadoras que se resisten al menor cambio y defienden sus intereses con uñas y dientes. De momento, se han desbloqueado las negociaciones de la OCDE, organismo encargado de coordinar internacionalmente las políticas económicas y sociales, para establecer una tasa, aunque de momento sea mínima, a los beneficios de las empresas y conseguir que las multinacionales tributen donde hacen sus negocios y no a través de los paraísos fiscales.

Tan buenas expectativas internacionales coinciden con la reciente aprobación en el Congreso de los Diputados del Proyecto de Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal que, entre otras cosas, prohíbe las amnistías fiscales, actualiza la lista de paraísos fiscales y refuerza los poderes a los inspectores de Hacienda para combatir con mayor eficacia la economía sumergida y la evasión de impuestos. Se calcula que, por culpa de los defraudadores, España pierde a través del fraude, la evasión y la elusión en torno a setenta mil millones de euros, cantidad con la que se podría cubrir el presupuesto sanitario durante varios años.

Delante de mi borrador de la Renta, cuando se aproxima la fecha para presentar mi declaración anual, confieso que mis ánimos se resienten, una vez más, al saber que el setenta por ciento del fraude lo cometen las grandes fortunas o las grandes empresas. Solo ellas se pueden permitir el lujo de contratar excelentes asesores de los bufetes más importantes del mundo para eludir, con artimañas legales, la acción de la justicia o dilatar los procedimientos judiciales y, en caso de ser condenados, atenuar las sanciones. Imposible no citar el desastroso ejemplo del rey Juan Carlos I, residente desde hace un año en Abu Dabi. Sin embargo, las pequeñas irregularidades de los contribuyentes más modestos no tienen escapatoria.

Me recuerdan que la mayor parte de los ingresos de las arcas públicas depende del esfuerzo tributario de las rentas medias, y que de poco vale apretar las tuercas a los ricos porque son menos y, además, siempre tienen la posibilidad de trasladar su negocio o depositar legalmente su dinero en cualquier lugar donde les ofrezcan mejores condiciones. Ojalá las cosas cambien. Me consuelo pensando que la balanza se empieza a inclinar a favor de conseguir cierta equidad contributiva, pero aún estamos demasiado lejos de que se cumpla el principio constitucional según el cual cada ciudadano debe pagar en función de su capacidad económica. Para cumplir de buen grado con mis obligaciones tributarias, y no solo por temor a la sanción, necesito saber que hago un enorme esfuerzo a cambio de que mi país cuente con una buena sanidad, educación, seguridad y protección social. Pero también confiar en que haya una cierta justicia contributiva, en resumen, que pague más el que más tiene.

Existe una medida para aumentar la conciencia fiscal de los humildes asalariados y autónomos. Consiste en crear un sistema de recompensas a los que mejor cumplan con sus obligaciones tributarias. En algunos países a los que exigen facturas se les da una pequeña compensación económica. Ignoro por qué no se generalizan este tipo de estímulos para favorecer el comportamiento cívico, como sucede con las vacunas. En la ciudad de Detroit, en Michigan, pagan cincuenta dólares a los conductores que llevan a un ciudadano a vacunarse contra el covid y algunos empresarios ofrecen dinero o tiempo libre a sus empleados como incentivo para que se vacunen. En España tenemos poca conciencia fiscal y la fórmula de la recompensa a quienes voluntariamente abandonen el pequeño fraude sería la mejor manera de estimularla y el método más eficaz de acabar con la desdichada expresión ¿con IVA o sin IVA?

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Nativel Preciado es periodista, analista política y autora de más de veinte ensayos y novelas, galardonadas con algunos de los principales premios literarios