Justicieros contra la justicia

Hoy escribo, después de un periodo largo de reflexión en el que he querido seguir el curso de los acontecimientos y comprobar si la polarización disminuía; si se contenía la degradación de la vida pública; si la manipulación de algunos medios cesaba y, por tanto, no era necesario decir nada. Mi relato se desarrolla en un país imaginario, en un continente indefinido, en un universo paralelo y con unos personajes que simulan realidades a pesar de vivir en su propia inconsistencia intelectual. Los protagonistas de esta historia son algunos (¿o muchos?) jueces (y no pocos fiscales) que afirman impartir recta e imparcial justicia, en ese lugar ficticio.

Investidos con el sacrosanto poder que concede una oposición, adornados, desde entonces, de toga y puñetas a modo de formidable armadura, un número considerable de estos operadores judiciales se consideran por encima de los humanos normales y actúan como si tuvieran superpoderes. En algunos casos, asumen el papel de “seres magníficos”, lo que conlleva una apariencia impostada y banal que los sitúa por encima, incluso, del mundo del Derecho al que pertenecen. Hasta tal punto es así, que se atreven, sin demasiada contención, a enmendarle la plana al propio Estado, del cual, en teoría, son servidores.

Obviamente, este pecado de soberbia hace a estos jueces y fiscales especialmente peligrosos, en cuanto a que en sus manos está decidir sobre asuntos de envergadura que nos afectan a todos. Y es muy distinto cuando un fiscal exige el cumplimiento de una norma o el juez aplica la misma, con la inevitable interpretación que su profesionalidad aconseja, a que lo uno o lo otro se haga considerando su ideología, o la de aquellos por los que siente simpatía, o de los que espera una recompensa posterior, o para favorecer una ideología determinada.

Puede que si las cosas les van como lo desean a aquellos que les jalean, estos jueces o fiscales tengan en el futuro oportunidades de ascenso, bien dentro de la profesión o (ya se han visto casos) en el ámbito de la política. Quienes actúan de este modo no han entendido en qué consiste su oficio, y consideran que la independencia judicial es un privilegio corporativo y no un derecho de la ciudadanía, tal como se establece en todos los textos constitucionales. 

La independencia judicial es uno de los pilares esenciales del Estado de Derecho. ¿Y quién debe supervisar que cumplan con este deber? Tiene diferentes nombres, pero en nuestro país imaginario se llama Consejo General del Poder Judicial. Se da la curiosidad de que ya caducó su mandato hace años y las actuaciones de sus miembros están contaminadas y, peor aún, encabezan las acciones contra los otros poderes del Estado (especialmente las del sector conservador). De equilibrador y garante, ha pasado a ser preocupante y parcial.

De ahí que, cuando un profesional de la justicia aplica el derecho modificando la letra de la ley a tono con el discurso político de determinada opción de la misma naturaleza, deja de ser juez para convertirse, in pectore, en un militante interesado de un partido. Ahí es cuando se politiza la justicia y, por tanto, desaparece.

Denostada amnistía

Esta nación –inventada– está viviendo momentos difíciles, especialmente porque allí hay una parte que se niega a convivir con la otra, denostando cualquier mecanismo de conciliación diferente a la obtención y pérdida del poder, respectivamente. El objetivo es destruir cualquier forma de una amnistía para quienes, según afirman los opositores, quisieron romper el Estado. Para la derecha y extrema derecha la utilización de este recurso se ha convertido en la médula de su columna vertebral política. De paso, la intención es la de acabar con el gobierno progresista, para ellos ilegítimo y felón.

 ¿Los medios? cualquiera, mientras sean útiles o idóneos. Lo mismo que hace unos años, el ejecutivo de la época acudió al fiscal general del Estado para combatir “el mal”, ahora, la “orden de actuación” desde la oposición es atacar con todas las baterías y piezas disponibles, incluso las judiciales, para que sus consecuencias se mantengan. 

Algunos paladines fiscales, cual jinetes de un inexistente apocalipsis, se han lanzado en singular batalla, después de haber perdido reiteradamente en todas las anteriores contiendas, inasequibles, ellos y ella, al desaliento, hasta provocar un último estertor para subsanar sus yerros previos. De frente, una Fiscalía General del Estado que pretende poner juicio y mesura en este campo minado para que una ley vigente se interprete como es debido y no con carácter militante, como dardo político envenenado contra un Gobierno que intenta recomponer el tejido de la sociedad afectada, muy maltrecho tras varios años de vapuleo constante. 

Ocurre que, en ese país imaginario que describo, el rencor y el despecho son dos buenos motivos para aliarse unos con otros y buscar un enemigo común. Algo de eso tiene que haber en estas actitudes descritas de políticos y profesionales del sector judicial y del Ministerio Fiscal en los que hay buenos juristas. De esa calidad en la tarea, no forman parte quienes olvidan conceptos básicos de imparcialidad e independencia, no actúan en defensa de la legalidad y pasan por encima de los preceptos básicos por los que deben regirse. Es lo que hacen cuando ponen sus conocimientos al servicio de un credo político o corporativo determinado, sesgando sus decisiones y llevando la desconfianza a la sociedad. 

Ese es el significado del término lawfare (guerra jurídica), mecanismo a través del cual, con la aquiescencia y participación, a veces de forma involuntaria pero poco diligente, de jueces o fiscales concretos, la política se apropia de la justicia o ésta consiente o auspicia la apropiación, para alcanzar sus metas: Conseguir el poder o difamar al rival a base de denuncias sin sentido y grandes acusaciones –vanas por lo general– de escándalos que se intentan judicializar.

Quienes actúan de este modo, no han entendido en qué consiste su oficio, y consideran que la independencia judicial es un privilegio corporativo y no un derecho de la ciudadanía, tal como se establece en todos los textos constitucionales

Para lograrlo, tiene que haber caso, o al menos pretender que existe. Ahí entran en juego las organizaciones raras, seudo sindicatos y asociaciones peculiares que se dirigen a dar un palo al Gobierno que, hasta en un par de sucedidos, resurgen tras años de prisión, como si no hubiera pasado nada y con la energía y, es de suponer, el dinero suficiente como para abordar nuevas aventuras ante los juzgados. ¿De dónde lo consiguen? Es un enigma interesante.

Pero, también, la acción puede generarse en los propios espacios judiciales, cuando se aplican teorías descabelladas o arbitrariamente interpretadas por los propios profesionales para conseguir el mismo efecto, desgastar, en este caso, al Gobierno o a todo lo que huela al mismo. O a personas a las que se hunde por el solo hecho de ser grandes profesionales que no comulgan con la ideología conservadora judicial o fiscal, preponderante.

Manual para tumbar la ley

Después de este paseo por un lugar inexistente, aterricemos en España. Aquí, las prisas por cambiar las cosas llevan a situaciones que se podrían calificar, cuanto menos, de irregulares. Se ha hecho público recientemente, gracias a la prensa, en este caso a La Vanguardia de inicio, que algunos operadores judiciales han difundido una guía antiamnistía a través del correo del CGPJ, que es el encargado de velar por la independencia del sector que tutela.

En su escrito, que ha llegado a varios miles de profesionales que utilizan este servicio, detallan cómo presentar cuestiones al Tribunal Constitucional o a la Justicia Europea para paralizar su aplicación. La presenta una autodenominada Plataforma Cívica por la Independencia Judicial, cuyo nombre da pie a ese refrán de “dime de lo que presumes y te diré de lo que adoleces”. Fue al parecer creada en 2010 para luchar, explican, por la despolitización de la justicia y, además de jueces, cuenta con catedráticos de Derecho y abogados del Estado en excedencia, entre otros colectivos, ninguno de ellos tan independiente. Perdónenme, pero, desde mi punto de vista, lo único que hacen es fortalecer esa politización y los mecanismos para ello.

Su Guía práctica para el planteamiento de cuestiones de inconstitucionalidad y/o prejudiciales europeas sobre la ley de Amnistía, como han bautizado el manual, pretende ayudar a los titulares de los juzgados que se vean en la tesitura de abordar este asunto, a poner pegas para su admisión o contar con argumentos para rechazar las demandas planteadas. Ni más ni menos. 

Esta injerencia en la labor del poder judicial resulta clamorosa, pero no es de extrañar, dado que, mucho antes de llegar a este punto e incluso cuando ni siquiera se conocía aún el texto de la ley, jueces y fiscales se manifestaron ante sedes de juzgados y tribunales, animados por la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura y la Asociación de Fiscales. Las Salas de Gobierno de estas sedes judiciales realizaron comunicados en contra, como también lo hizo el CGPJ, insisto, en el momento en que todavía la ley no se había hecho pública.

Para colmo, aquella asociación, por su parte, alega libertad de expresión y argumenta que, “aunque la amnistía tuviese cabida en la Constitución, ésta no la tiene porque es el pago para permanecer en el Gobierno con unos independentistas que quieren acabar con la Constitución española, y la Constitución no puede amparar eso”.  ¡Sí señor! Así se ponen en marcha los procesos de lawfare. El hecho de que el CGPJ dé cobertura a ese tipo de panfletos o formularios es sumamente grave. Aunque permite entender por qué el Partido Popular se niega a renovarlo desde hace más de cinco años. 

No puedo por menos que ponerme en la piel de las decenas de jueces que, especialmente en Cataluña, tendrán que enfrentarse en estas condiciones a cómo aplicar una norma aprobada en el Parlamento. Por eso me parece muy preocupante que determinados fiscales enarbolen una especie de revuelta contra su jefe, del que dependen jerárquicamente para anunciar, urbi et orbi, que se opondrán, cuando ni siquiera saben si serán competentes, y cuya potencial intervención ya estaría comprometida por este prejuicio. 

Frente a esta cuestionable posición, parece más ajustada a la ley y más sensata la del Fiscal General que se reunió con los fiscales de la Audiencia Nacional, el Tribunal de Cuentas y de Cataluña para establecer la unidad de criterio en la aplicación de la Ley. Este es el camino y no el de las asonadas auspiciadas y alentadas por la turba mediática de la derecha y la extrema derecha.

El manual de la disidencia organizada antiamnistía, desde el propio centro de comunicación del CGPJ, deja al colectivo de jueces fuera de juego. Se mire por donde se mire. Es activismo político desde el Consejo, pero ahora trasmitido a los propios jueces que administran el poder judicial. Independientes según autoproclaman, pero voluntarios dependientes de otros. Jueces y fiscales que se creen por encima de las instituciones y se arriman al calor de los intereses. Justicieros, en suma, contra la Justicia.

Baltasar Garzón Real es jurista y autor, entre otros libros, de 'Los disfraces del fascismo'.