La Ley europea de Servicios Digitales (Digital Services Act-DSA), aprobada en julio de 2022 y plenamente vigente desde febrero de 2024, surge de la preocupación de las autoridades europeas por la transparencia y la rendición de cuentas de los servicios en línea y de sus proveedores, y por el comercio e intercambio de bienes y servicios que, como en el mundo analógico, pueden contener trazas de ilegalidad. La DSA también pone coto a los algoritmos racistas, sexistas y obtusos, a las cajas negras, los patrones oscuros y a los amplificadores de desinformación y odio. Procura proteger nuestros derechos fundamentales en línea y controlar el poder desproporcionado que ejercen importantes ecosistemas que son de facto “guardianes” (gatekeepers) de los mercados digitales, y por ello corren el riesgo o pueden caer en la tentación de establecer condiciones injustas para consumidores y empresas usuarias, cada día más dependientes de sus servicios.
Si una plataforma en línea o un motor de búsqueda tiene más de 45 millones de usuarios (alrededor del 10% de la población europea), la Comisión Europea la considera “plataforma en línea de muy gran tamaño” (Very Large Online Platform-VLOP) o un “motor de búsqueda en línea de muy gran tamaño” (Very Large Online Search Engine-VLOSE).
Son 17 las VLOP que la Comisión Europea considera desde 2023 como tales: Alibaba AliExpress, Amazon Store, Apple AppStore, Booking.com, Facebook (ahora Meta), Google Play, Google Maps, Google Shopping, Instagram, LinkedIn, Pinterest, Snapchat, TikTok, Twitter (ahora X), Wikipedia, YouTube y Zalando. Y dos son las consideradas VLOSE: Bing y Google Search.
Entre otras limitaciones establecidas en la DSA, estas plataformas ya no pueden presentarnos anuncios recurriendo, por ejemplo, al perfilado de nuestros datos personales categorizados como especialmente sensibles, como el origen étnico, las opiniones políticas o nuestra orientación o identidad sexual.
El mediático Comisario de Comercio Interior Thierry Breton, recientemente confirmado en su cargo tras los resultados de las elecciones europeas de mayo, pronto comenzó a vigilar el cumplimiento de las reglas de juego adoptadas en territorio europeo por medio de la DSA, pidiendo públicamente explicaciones a varias de ellas. Por ejemplo, solicitó en octubre de 2023 a Shou Zi Chew, CEO de ByteDance (Tiktok) que expusiera las evaluaciones de riesgos y las medidas de mitigación de la desinformación y para proteger a los menores en línea, especialmente en lo que concierne a los riesgos para su salud mental y física y sobre el uso de sus servicios. A Sundar Pichai, CEO de Alphabet (Google), le recordó la obligación a la que está sujeta la compañía de proteger de contenidos violentos a los niños y adolescentes europeos usuarios de sus plataformas. Y desde hace también unos meses, aunque de forma más recurrente y expuesta, al excéntrico nuevo dueño de X, en su caso sobre las sospechas de difusión y promoción de la desinformación desde que esa red social es de su propiedad y que trata como su cortijo, que para eso es suya. Personalmente, como usuaria, me gustaba infinitamente más cuando era Twitter, y solo considero como mejora –todo lo demás ha ido a peor– la incorporación de las notas de la comunidad, que tampoco son muy transparentes.
Para cumplir con la legislación europea, X debe proteger de forma efectiva la libertad de expresión y de información, y poner en marcha medidas para mitigar la difusión de contenido dañino, tendencioso, falso...
He buscado, sin éxito, evidencia de la aludida por algunos medios desautorización oficial de la que las actuaciones del comisario Breton ha sido objeto. Ni rastro. He leído su última carta dirigida a X y en ella no hay nada que no esté ya recogido en la DSA. Otra cosa es que no nos guste la DSA, que nos parezca excesiva, o insuficiente, o tardía, o innecesaria. Pero que es ley, es ley. Y las leyes, una vez promulgadas, han de implementarse, vigilar su cumplimiento y sancionar su incumplimiento.
Breton recuerda a Musk que, para cumplir con la legislación europea, X debe proteger de forma efectiva la libertad de expresión y de información, y poner en marcha medidas para mitigar la difusión de contenido dañino, tendencioso, falso, que pueda detonar o condicionar el desarrollo y el desenlace de eventos analógicos de rabiosa actualidad y sensibilidad, especialmente los relacionados con la preservación de la democracia, la seguridad pública y los derechos humanos.
Como muchas otras soluciones diseñadas para cosas importantes en la vida, la DSA puede adolecer de algunas zonas grises –¿es la moderación de contenidos una forma de censura? ¿siempre o a veces? ¿o según quién ejerza la moderación?–, pero también debe contener líneas rojas infranqueables. Las primeras, si son muy opacas, hay que seguir trabajándolas para esclarecerlas y aclararlas; para explicarlas adecuadamente, en su caso. Las segundas, las rojas, toca defenderlas por todos los medios, incluso por X.
_______________________
Verónica López Sabater es economista y consejera de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid.
La Ley europea de Servicios Digitales (Digital Services Act-DSA), aprobada en julio de 2022 y plenamente vigente desde febrero de 2024, surge de la preocupación de las autoridades europeas por la transparencia y la rendición de cuentas de los servicios en línea y de sus proveedores, y por el comercio e intercambio de bienes y servicios que, como en el mundo analógico, pueden contener trazas de ilegalidad. La DSA también pone coto a los algoritmos racistas, sexistas y obtusos, a las cajas negras, los patrones oscuros y a los amplificadores de desinformación y odio. Procura proteger nuestros derechos fundamentales en línea y controlar el poder desproporcionado que ejercen importantes ecosistemas que son de facto “guardianes” (gatekeepers) de los mercados digitales, y por ello corren el riesgo o pueden caer en la tentación de establecer condiciones injustas para consumidores y empresas usuarias, cada día más dependientes de sus servicios.