Recursos naturales

La ONU estima que el crimen organizado da empleo en México a 30.000 niños. Los utiliza para el menudeo –la venta al por menor de estupefacientes en la calle– para el halconeo –vigilar e informar de los movimientos del ejército, la policía o los grupos rivales– y como correveidiles para cualquier cosa que se ofrezca. Un poco más al sur, los niños pueden convertirse en sicarios de las maras de Centroamérica a partir de los once años, más o menos.

De modo análogo, la OMS informa de que cada año se realizan en el mundo 65.000 trasplantes de riñón, estimándose que al menos el 10% de esos órganos proceden de personas en situación de necesidad. No puede decirse que sean donantes: se trata de personas que venden sus órganos.

Esa situación de desvalimiento extremo, en la que viven permanentemente centenares o miles de millones de personas en las regiones más pobres, empuja a los miserables del mundo a buscar una oportunidad de vida digna en los lugares donde se concentra la mayor parte de la riqueza del planeta. Esa migración es por definición clandestina, porque los países de procedencia de los migrantes no han conseguido ponerse de acuerdo con los de destino, bien para brindar seguridad y desarrollo suficientes en las zonas deprimidas o de conflicto, bien para regular los flujos de población entre unos y otros. 

El crimen organizado, atento a las oportunidades de negocio que brindan siempre los tráficos ilícitos, se aprovecha de esos desesperados que ejercen un derecho fundamental, el de emigrar –el artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dispone que 'toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio'– pero tienen que hacerlo sin autorización, indocumentados, y por ello ayunos de toda protección legal en los países de procedencia, tránsito y acogida. 

Sobre ellos sobrevuelan como aves carroñeras los grupos criminales. Llamamos trata de seres humanos en nuestro Código Penal a la captación, transporte, traslado, acogimiento o recepción de personas, desde, hacia, o en nuestro país, empleando violencia, intimidación, engaño o abuso de superioridad, necesidad o vulnerabilidad de la víctima o mediante precio, con el propósito de someterlas a trabajos forzados o esclavitud, explotarlas sexualmente o para hacerlas delinquir, extraerles los órganos o imponerles matrimonios forzados.

Perseguimos todas esas modalidades de explotación de personas como lo hacen todos los países de nuestro entorno, y para cooperar con ellos en la persecución de la que ha sido denominada la esclavitud del siglo XXI, contamos con la Convención de la ONU contra la delincuencia organizada transnacional, firmada en Palermo en 2000, que tiene además sendos Protocolos adicionales contra el tráfico de armas y municiones, el tráfico de migrantes, y la trata de personas, especialmente mujeres y niños.

Nunca conseguiremos acabar con esa lacra, sin embargo, si no perseguimos también las conductas periféricas de la trata de personas, indisolublemente unidas a la presencia y actividad del crimen organizado: el blanqueo de dinero y la corrupción. Para ello disponemos de normas españolas y europeas, y además, de la Convención de la ONU contra la corrupción, firmada en Mérida (México) en 2003. El blanqueo de dinero procedente de las actividades del crimen organizado genera en nuestro país anualmente rentas ilícitas por importe de 8.250 millones de euros; el de la corrupción, 40.000 millones anuales; el del fraude fiscal, que acompaña a aquellas actividades ilícitas, 20.000 millones.

Tampoco resolveremos el problema si lo abordamos exclusivamente desde el punto de vista de la represión penal. La experiencia y las normas internacionales señaladas nos muestran que las medidas que deben adoptarse tienen que extenderse a las políticas públicas y la actividad de todas las autoridades concernidas por el problema y con competencias en ese ámbito.

Por esta razón, las organizaciones de derechos humanos españolas están promoviendo ante el Congreso de los Diputados y los Ministerios de Justicia e Igualdad una ley integral contra la trata de personas, que extienda las medidas que se deben adoptar más allá del marco jurídico penal y procesal de investigación y persecución de los delitos, alcanzando a los ámbitos educativo y sanitario, a los servicios sociales, a la atención singularizada de los menores, a la cooperación y a la prevención.

No podemos seguir externalizando nuestras fronteras, ni devolviendo en caliente a los solicitantes de asilo, ni deportándolos colectivamente a terceros países, ni recibiendo y manteniendo a millones de trabajadores indocumentados sin derechos

El primer contacto de las víctimas de trata que llegan a España desde las zonas donde imperan la miseria o el conflicto suele producirse con las autoridades aduaneras o policiales de nuestro país. Es necesario por ello que los funcionarios de estos servicios públicos dispongan de la formación adecuada. La detección precoz de las víctimas de trata y su resignificación son medidas indispensables. Es preciso también que se establezca para los casos dudosos una presunción legal de minoría de edad; y que se regule y se garantice en todo caso a las víctimas un periodo de restablecimiento y de reflexión después de su rescate. Incluso habiendo sido liberadas de las mafias en cuyo poder se encontraban, las víctimas suelen temer las represalias que los grupos criminales pueden adoptar contra los seres queridos que han dejado en su país de origen. Para ello hay que activar, cuando proceda, los mecanismos de protección de testigos, preservando su identidad y la de sus familiares.  

La solución exige, finalmente, el abordaje responsable del problema global de la migración. Estados Unidos, Canadá, Australia, Gran Bretaña y la Unión Europea son los territorios que más migrantes reciben en el mundo, y al mismo tiempo son, o así se les supone, democracias avanzadas en las que los derechos humanos constituyen el núcleo articulador de sus estados de derecho.

No podemos seguir externalizando nuestras fronteras, ni devolviendo en caliente a los solicitantes de asilo, ni deportándolos colectivamente a terceros países, ni recibiendo y manteniendo dentro de nuestro territorio a millones de trabajadores indocumentados sin derechos. No es aceptable que ninguno de los países mencionados hayamos ratificado la Convención de derechos de los trabajadores migrantes y sus familias, que la ONU aprobó en 1990. Mientras sigamos sin hacerlo, continuaremos proporcionando a los grupos del crimen organizado la materia prima que necesitan para el fabuloso negocio de la trata de personas, los únicos recursos naturales procedentes de los países más pobres que hasta la fecha se han demostrado inagotables: los recursos humanos.