Publicamos este artículo en abierto gracias a los socios y socias de infoLibre. Sin su apoyo, nuestro proyecto no existiría. Hazte con tu suscripción o regala una haciendo click
aquí. La información y el análisis que recibes dependen de ti.
Escuchaba este jueves pasado al ministro socialista Félix Bolaños presentando al Congreso la tramitación de la Ley de Memoria Democrática y me venía a la mente una frase del auto en que me declaré competente para investigar los crímenes del franquismo: “La Comisión concluye que, habiendo examinado multiplicidad de crímenes cometidos por esos poderes que poco tiempo antes y en La Haya habían profesado su reverencia por el derecho y su respeto por los principios de la Humanidad, la conciencia del pueblo exige una sanción que ponga luz y establezca que no se permite despreciar cínicamente las leyes más sagradas”. La autoría de este párrafo se debe a la Comisión Multinacional de Responsabilidades, reunida en París el 29 de marzo de 1919, que identificó la categoría de crímenes contra las Leyes y Costumbres de la Guerra y Leyes de Humanidad. La comisión analizó los actos que provocaron la Guerra Mundial y su inicio y los actos que suponían violaciones de las Leyes y Costumbres de la Guerra y las Leyes de la Humanidad. Tal expresión se acuña en el Tratado de Versalles de 28 de junio de 1919 que, en su artículo 227, ordenaba el enjuiciamiento del Kaiser Guillermo II de Hohenzollern por tales crímenes, como después ocurrió con el Tratado de Sevrès, de 1920, referido al enjuiciamiento de los militares otomanos por el genocidio armenio (1915).
Mi auto añadía: “Por tanto, y con el apoyo del Derecho Internacional, la acción desplegada por las personas sublevadas y que contribuyeron a la insurrección armada del 18 de Julio de 1936, estuvo fuera de toda legalidad y atentaron contra la forma de Gobierno (delitos contra la Constitución, del Título Segundo del Código Penal de 1932, vigente cuando se produjo la sublevación), en forma coordinada y consciente, determinados a acabar por las vías de hecho con la República mediante el derrocamiento del Gobierno legítimo de España, y dar paso con ello a un plan preconcebido que incluía el uso de la violencia, como instrumento básico para su ejecución”.
Escribí tales argumentos el 16 de octubre de 2008, hace ahora trece años. Y lo hice después de exhaustivas indagaciones tras admitir las denuncias, en diciembre de 2006, de un grupo de abogados representantes de asociaciones para la Recuperación de la Memoria Histórica y un diputado socialista, al que se unieron un año más tarde asociaciones de familiares. Solicitaban una investigación sobre las desapariciones, asesinatos, torturas y exilios forzosos cometidos desde 1936, año en que comenzó la Guerra Civil.
Desde aquella fecha han pasado muchas cosas ya sabidas. Lo más importante es que se dio visibilidad a las víctimas. Tomaron la palabra en el juicio que el Tribunal Supremo me dedicó por haber tomado esta decisión de investigar los crímenes del franquismo. Y para mí fue una satisfacción ver el consuelo de aquellos ancianos, en su mayoría, que durante toda su vida habían almacenado la pena y el dolor por la injusta muerte de los suyos, exponiendo ante los jueces la incredulidad aún ante lo ocurrido, relatando los hechos tras décadas de silencio y miedo a hablar. Fue como si todos aquellos ejecutados, torturados, asesinados salieran de la nada, personas de carne y hueso durante el tiempo que duraba cada testimonio. Revividos por el relato que salía a borbotones por fin, describiendo la injusticia, reivindicando su existencia, que los verdugos, el franquismo y una sociedad todavía temerosa, tantos años después, habían querido borrar.
Al calor del franquismo
En todo este tiempo he visto muchas cosas. He visto a huérfanos de 80 años llorando porque no les permitían desenterrar a su padre. He visto cómo determinados jueces negaban el sagrado derecho a dar sepultura. He visto iniciarse una ley de memoria histórica que luego fue condenada al olvido por el gobierno de la derecha, incluso con rabia. “Ni un euro”, dejó clavado como un puñal en el alma de las buenas personas el presidente Mariano Rajoy. He visto levantarse de las tumbas del fascismo como zombis a los que mantienen todavía la ideología del régimen. He visto cómo la ultraderecha ha ido creciendo al calor de aquellos posos que nunca se resolvieron. Amigos míos, el franquismo no se fue nunca, porque nadie le obligó a irse. Una ley de amnistía dictada por las circunstancias y, de nuevo, por el miedo a lo que pudiera ocurrir, dejó sin zanjar las heridas. Nadie las desinfectó, nadie aplicó el resarcimiento a los ofendidos, a los represaliados. Los victimarios salieron indemnes con sus condecoraciones; con sus medallas pensionadas; regocijados en su victoria impuesta, con el odio intacto.
Paciente espera de las víctimas
Rugieron ante el Valle de los Caídos, en la exhumación de Francisco Franco, ante la visión del propio Félix Bolaños, como secretario general de la Presidencia del Gobierno, la ministra de Justicia Dolores Delgado, en calidad de notaria mayor del Reino y el subsecretario de la Presidencia Antonio Hidalgo, ángeles con la espada llameante, expulsando de la historia presente el anacronismo de la dictadura. Empezaba el tiempo de ir cerrando las puertas por las que aún se escurren los diablos del pasado.
El jueves, en el Congreso, el Gobierno buscaba un imposible consenso frente a la acusación de fomentar el guerracivilismo por los herederos de los que lo llevaron a efecto. Bolaños intentó personalizar a los desaparecidos y acudir a la concordia. Ni Vox ni el PP tenían interés en escuchar, al punto que los progresistas tuvieron que situarlos frente al espejo de su realidad, depositarios de los valores que el régimen encarnó. Se quedaron solos en su cólera, en la percepción de que aquello era un punto más a resolver, probablemente uno de los más urgentes, el día en que, como esperan, logren retomar el poder y dirigir a España de vuelta hacia las tinieblas de las que salimos cuando amasamos la democracia.
En la puerta, asociaciones de memoria reclamaban que la ley a resolver era corta y la necesidad de reparación, mucha. Pensaba, al verlo, que aquella denuncia inicial de 2006 había sido una bola de nieve que ha ido agrandándose dispuesta a pasar por encima de los obstáculos, exigiendo que de una vez nos dejemos todos de tonterías y argumentos. Sí, hubo un golpe de estado, sí, los golpistas y quienes los acompañaron al calor del triunfo, buscando tajada a costa de quienes defendieron la legalidad, acabaron con la vida de millares de compatriotas de la forma más salvaje y lejos de la ley, y sí, todo eso contravenía convenios, normas y disposiciones, como yo explicaba en mi auto.
El peligro de sentir orgullo
Así sigue siendo porque, por muchos jueces que habiten el Supremo y por mucho que se empeñen en torcer el Derecho, lo que ocurrió a partir de 1936 fueron crímenes de lesa humanidad, que no prescriben por más sentencias que se dicten en contra. Ahí están, en las sombras de la espera, una multitud de españoles deseando recuperar su identidad y recibir el reconocimiento de que eran buenos ciudadanos, demócratas y republicanos que defendieron su país y que así debe constar para sus hijos, para sus nietos y para toda la sociedad. Se lo debemos.
_________________
Baltasar Garzón, jurista y presidente de FIBGAR.FIBGAR
Escuchaba este jueves pasado al ministro socialista Félix Bolaños presentando al Congreso la tramitación de la Ley de Memoria Democrática y me venía a la mente una frase del auto en que me declaré competente para investigar los crímenes del franquismo: “La Comisión concluye que, habiendo examinado multiplicidad de crímenes cometidos por esos poderes que poco tiempo antes y en La Haya habían profesado su reverencia por el derecho y su respeto por los principios de la Humanidad, la conciencia del pueblo exige una sanción que ponga luz y establezca que no se permite despreciar cínicamente las leyes más sagradas”. La autoría de este párrafo se debe a la Comisión Multinacional de Responsabilidades, reunida en París el 29 de marzo de 1919, que identificó la categoría de crímenes contra las Leyes y Costumbres de la Guerra y Leyes de Humanidad. La comisión analizó los actos que provocaron la Guerra Mundial y su inicio y los actos que suponían violaciones de las Leyes y Costumbres de la Guerra y las Leyes de la Humanidad. Tal expresión se acuña en el Tratado de Versalles de 28 de junio de 1919 que, en su artículo 227, ordenaba el enjuiciamiento del Kaiser Guillermo II de Hohenzollern por tales crímenes, como después ocurrió con el Tratado de Sevrès, de 1920, referido al enjuiciamiento de los militares otomanos por el genocidio armenio (1915).