Con el Gobierno de coalición —que habrá durado tres años y medio, muy cerca de todo el plazo de una legislatura— la democracia española superó la crisis de gobernabilidad que se abrió tras las elecciones generales de diciembre de 2015 y que dio lugar a dos investiduras fallidas y consiguiente repetición de elecciones.
Es un mérito que puede apuntarse en su haber el presidente Sánchez (después de su error —al alimón con Iglesias— de no formar gobierno tras las elecciones de abril de 2019).
Ese mérito es más destacable por cuanto tuvo que enfrentarse a la estrategia de las derechas de derribar al Gobierno, a las pocas semanas de formarse, aprovechando el estallido de la pandemia y sus estragos.
Aquella estrategia extremoderechista fracasó, pero la victoria del Gobierno corre el riesgo de convertirse en pírrica. Ha gastado tantas fuerzas, a veces inoportunamente, que puede ser desvirtuado, descartado, en las próximas elecciones del 23-J.
Entre las causas más recientes que alimentan ese riesgo están las contradicciones mal resueltas entre los socios de coalición, en el mismo seno de UP, en los acuerdos (muchos forzados) con algunos de los apoyos parlamentarios del Gobierno.
Podemos suponer que el presidente ha estimado que prolongar —hasta su final en diciembre— la legislatura conllevaba gastar más fuerzas que recuperarlas, para afrontar las Elecciones Generales y aumentar el riesgo de perderlas (desconocemos los extremos en los que se desenvolvió la deliberación en el Gobierno el 29 de mayo, trámite necesario para el RD de disolución del Congreso y del Senado, de ese mismo día) .
Así que vamos a una batalla democrática decisiva que resolverá la ciudadanía española.
Ha sido adelantada a julio. El presidente que la propuso invocó como causa su parte de responsabilidad en los malos resultados de las elecciones municipales y autonómicas, apelando a su propia conciencia.
Recordemos. El CIS, en su último sondeo, atribuía un 2’3 % arriba al PSOE sobre el PP, pero ha sido este el que ha superado en otro tanto al PSOE. Admitiendo a efectos dialécticos que el sondeo fue certero, la explicación del resultado pondría el acento en que el PP acertó en su campaña y el PSOE no. Pero aunque esta apreciación sea certera no creo que pueda admitirse sin más como el factor principal del resultado. Empeñarse en ello creo que contribuye a la derrota. La lluvia de votos del 28-M en el campo de las derechas no hubiera calado tanto si el terreno no hubiera estado previamente bien mojado por los ataques a la legitimidad de su gobierno de coalición y por errores (algunos no forzados) y las deficiencias de algunos de sus departamentos.
Por tanto las causas del mismo hay que encontrarlas más atrás de la campaña. Para ganar las elecciones de julio, las izquierdas tienen que llevar el foco iluminador hasta el inicio: el acuerdo fulminante (tomado la misma noche electoral) para formar el Gobierno de coalición (tras las elecciones de noviembre de 2019). Y este repensar cómo, recién constituido, se planteó su relación con las derechas, tras el estallido de la pandemia.
Aquel Gobierno tenía legitimidad de origen. Se le negó de inmediato, desde un golpismo mediático continuado, muy influyente en las derechas. De hecho ese golpismo se había desplegado desde el mismo momento de la moción de censura que llevó a la presidencia a Sánchez.
El colmo de la actitud antidemocrática de las derechas se produjo cuando se enredaron en la estrategia de derribar al Gobierno de coalición aprovechando la pandemia. El abanderado de esa estrategia fue Abascal; y Casado (¿le recuerdan?) dudó y osciló tanto (¿recuerdan su ataque frontal a Vox en la ocasión de su moción de censura?) que la cúpula de su partido y Ayuso se lo quitaron de en medio en un pis pas.
Aceptar el terreno de la confrontación que proponen el PP y Vox puede que sea incidir en errores que les han servido para subir. Por eso el lema más acertado no es “vamos a pararlos” y tampoco conviene engrandecer la ola reaccionaria
El Gobierno de coalición tuvo oportunidades de abrir grietas en la alianza de las derechas, como abajo repetiré fue tomando muchas medidas que reforzaban su legitimidad de origen con una legitimidad de ejercicio. No fue capaz de conseguirlo. El peso de la cuestionable idea y realidad del llamado “bloque de la investidura“ fue muy perjudicial. No se atuvo al trascendental cambio que en la dirección de la acción del Gobierno imponían la pandemia y sus estragos. A la actitud radicalmente irresponsable de las derechas (aprovecharla para derribar al Gobierno) no se le opuso un sistemático esfuerzo por implicar en la gobernabilidad (que no en el Gobierno) a la oposición, al menos a un sector. Incluso aunque no se hubiera conseguido un cambio consecuente en la actitud del PP y de Ciudadanos, la legitimidad —no solo de origen sino también de ejercicio— del Gobierno de coalición se hubiera hecho más clara a los ojos y al entender de un sector mayor de la ciudadanía española. Las estrategias de confrontación generalmente disminuyen el número de ciudadanos que se interesan por la política. La democracia pierde.
La pandemia concitaba más colaboración que confrontación . Y la Unión Europea —a diferencia de la anterior gran crisis— dio vigor presupuestario para unas políticas favorables a amplias mayorías y para las transformaciones estructurales (transición ecológica, revolución digital..). El Gobierno de coalición había venido haciendo lo que España y los españoles necesitaban: desde tener una influencia positiva en la UE (por ejemplo, lograr “la excepción ibérica”) hasta revalorizar las pensiones de millones, pasando por una eficaz reforma laboral, subida del salario mínimo, IMV… añada el lector cuantas estime pertinentes. Por mi parte menciono el indulto a los condenados por el procès, que certificó su derrota a manos de la democracia constitucional española (desde la aplicación del 155 al ejercicio del “derecho de gracia“) y que distendió la vida pública en Cataluña.
Ante todas esas medidas el PP se descubrió sin programa que ofrecer. Su líder Feijóo alzó un lema, “derogar el sanchismo”, una versión suave de la negación de legitimidad con la que se intentó antes, sin éxito, derribar al Gobierno. Versión que, aunque llamo suave, responde a una estrategia de confrontación, que no es la que la democracia española necesita para reforzarse sino la que necesita el PP para ganar las elecciones. Lema cuya fuerza reside en que sirve para concentrar en el presidente todos los errores forzados y no forzados de su Gobierno de coalición. Y le ha dado frutos electorales. Porque han llovido votos sobre terreno mojado. Esa personalización de la política favorece a las derechas.
Por su parte, el presidente ha considerado que debía admitir pública y rápidamente su responsabilidad personal en esos resultados. Ha apelado a su conciencia para fundar su decisión. Resulta imprescindible apelar también a la opinión de su gobierno, de sus aliados, de la dirección de su partido, de la militancia socialista que le llevó a la Secretaría General.
Aceptar el terreno de la confrontación que proponen el PP y Vox puede que sea incidir en errores que les han servido para subir. Por eso el lema más acertado no es “vamos a pararlos” (versión suave de la “alerta antifascista“ que ya no defienden ni sus ideólogos, pues ha reducido a casi nada aquella fuerza que fue Podemos) y tampoco conviene engrandecer la ola reaccionaria a la que se enfrenta un gobierno progresista. Normalmente un gobierno que se presente como víctima no inspira confianza.
Pido disculpas por mi torpeza expresiva si se entiende que con lo anterior estoy sugiriendo poner la otra mejilla. Solo digo que la mejor defensa es un buen ataque. Y que este ataque pasa primero por destacar las muestras de que el Gobierno ha hecho lo que España necesita; y que el ataque más efectivo es narrar con credibilidad que ambos miembros de la coalición han aprendido que se puede hacer mejor. Si hay que repartir bofetadas (y estas nunca pueden faltar en una campaña electoral) que sean a cuenta de todo lo bueno a lo que se ha opuesto el PP solo porque llevaba la “etiqueta Sánchez”. Porque ¿quién puede engañarse?: quitar a Sánchez es quitar por ejemplo el impuesto a las eléctricas, a los bancos, a las grandes fortunas, tal como ha dicho Feijóo; y quitar tantas otras medidas que han favorecido a la gran mayoría de los españoles. Frente a esa realidad el PP y VOX invocan que el dilema del 23-J es “España o Sánchez“. Las falsas disyuntivas son propias del tiempo de la impostura política. Y no se desenmascaran con disyuntivas que exageren la bondad de uno de sus términos y la maldad del otro. Quizá la forma más sencilla de plantear el dilema del 23-J que puede —ya veremos— resolver el 23-J es: ¿“Sánchez o Feijóo” en la presidencia del Gobierno de España?
Para que se resuelva a favor del primero parece necesario que el presidente y ambos miembros de la coalición de Gobierno expliquen —con credibilidad, sin golpes de pecho— que también han aprendido con rapidez que podían haberlo hecho mejor; y que, tras las elecciones, sea cual sea el resultado, van a hacerlo mejor.
Aún hay tiempo. La campaña no es mucho, pero no es poco.
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José Sanroma Aldea es abogado.
Con el Gobierno de coalición —que habrá durado tres años y medio, muy cerca de todo el plazo de una legislatura— la democracia española superó la crisis de gobernabilidad que se abrió tras las elecciones generales de diciembre de 2015 y que dio lugar a dos investiduras fallidas y consiguiente repetición de elecciones.