El aborto como derecho
La sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre la ley del aborto ya llegó. Tarde, pero llegó. Y es clara y diáfana sobre el derecho de todas las mujeres de este país a decidir libremente sobre su maternidad. Por mayoría, el TC ha desestimado el recurso presentado hace la friolera de trece años por el Partido Popular contra la ley del presidente José Luis Rodríguez Zapatero aprobada en 2010. El PP no ha retirado en todo este tiempo el recurso de inconstitucionalidad que ha acabado desestimando el Alto Tribunal.
No han tardado en desencadenarse las reacciones de la derecha, también de la prensa, que tildan la sentencia de política. Dicen que el Constitucional se ha extralimitado, que se ha arrogado una potestad que pertenece al Congreso de los Diputados al calificar el aborto como un derecho fundamental. Y es que la sentencia destaca el derecho a la autodeterminación de la mujer y su libertad de elección. Dicho de otro modo, consagra el derecho de las mujeres a interrumpir su embarazo sin ningún tipo de trabas ni cortapisas hasta la semana 14 de gestación, que es lo que señala la Ley Orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. Aceptar las resoluciones cuando benefician a sus intereses, pero denostarlas cuando si no lo hacen, es una reacción típica de mal perdedor ¿No reconocen la legitimidad del Constitucional o lo que ocurre es que solo es legítimo cuando la mayoría de los magistrados y magistradas son conservadores?
Berrinches infantiloides al margen, lo cierto es que esta es la sentencia que anhelábamos, no solo desde el Partido Socialista, promotor de esta ley, sino desde un amplísimo sector de la sociedad. Porque, si hace trece años ya estaba claro que no podía restringirse un derecho como este, es obvio que casi tres lustros más tarde la sociedad en su conjunto ha evolucionado y ha naturalizado la esencia de ese derecho. Y sabido es que el aborto, como la eutanasia, no son obligaciones sino derechos que libremente puede ejercer la ciudadanía. En eso consiste la democracia, básicamente, pero hay que respetar sus reglas para asumir que no todo el mundo es igual, que la tolerancia constituye la base de la buena convivencia y que el ejercicio de mis derechos no es óbice para que otra persona decida también libremente no ejercerlos, aunque los tenga, en atención a sus creencias religiosas o ideales de cualquier otro tipo.
La sentencia destaca el derecho a la autodeterminación de la mujer y su libertad de elección. Dicho de otro modo, consagra el derecho de las mujeres a interrumpir su embarazo sin ningún tipo de trabas ni cortapisas hasta la semana 14 de gestación
El contexto es importante, en este como en otros aspectos polémicos de nuestra legislación. Y el contexto nos lleva a la esencia del patriarcado, el control del cuerpo de las mujeres para que sigamos estando relegadas al que tradicionalmente se nos ha adjudicado como nuestro sitio en el mundo, el ámbito privado, la reproducción, la crianza y los cuidados, frente al rol de los varones, el público, que incluye el dinero y el poder en todas sus vertientes. Por eso la pugna por controlar nuestros cuerpos sigue vigente.
Y es de sobra conocido que los mantras en torno al aborto son falsos. La legislación que otorga ese derecho, lejos de propiciar el incremento de interrupciones del embarazo, lo que hace es reducir su número. Una buena educación sexual y la generalización del uso de anticonceptivos, aspectos contemplados en esta ley avalada por el Constitucional y por su reciente actualización, reducen el número de embarazos no deseados. La prohibición del aborto o su limitación a casos muy tasados, como ocurría con la ley anterior, la ley de supuestos, no hace sino abocar a muchas mujeres a la práctica clandestina, altamente peligrosa para su integridad física y hasta para su vida.
Tampoco han faltado estos días las voces que han aprovechado para arrimar el ascua a su sardina. Les ha faltado tiempo a algunos para comparar el derecho a decidir sobre la maternidad al supuesto derecho a gestar para otra persona. Es decir, que comparan el derecho de las mujeres a interrumpir un embarazo que, por circunstancias diversas, no desean llevar a término con el de unos señores o unas señoras a comprar niños o niñas. Pues miren, no, ni es lo mismo ni es siquiera comparable. Los vientres de alquiler o gestación subrogada o como quieran llamarle constituyen una transacción comercial con el cuerpo de la mujer, de un ser humano. Y de la misma manera que no toleraremos que nadie venda un órgano porque necesite dinero, no podemos tolerar que alguien alquile su cuerpo para gestar, como si de algo banal se tratara, y que luego deba desprenderse del bebé para dárselo a la persona que lo ha comprado. El cuerpo de las mujeres, como el de cualquier ser humano, no está en venta, no puede estarlo ni para comerciar con bebés ni para que lo usen, comprándolo, unos señores puteros. No, si queremos seguir hablando en términos de dignidad humana y de erradicación de la esclavitud.
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Lidia Guinart es diputada en el Congreso de los Diputados del Partido de los Socialistas de Cataluña (PSC) en la actual legislatura (XIV) y también lo fue en la anterior (XIII).
