El contexto global no es favorable para avances significativos en la senda del aumento en cantidad y calidad de los derechos, de la extensión y profundización de la democracia. En todo el mundo las fuerzas de izquierdas, progresistas o como quiera que sean denominadas, retroceden y sus objetivos a corto y medio plazo se reducen prácticamente a conservar el mayor número de instituciones de la democracia liberal ya expresamente amenazadas por la presión de gobernanza tecnocrática y financiera, de un lado, y por la emergencia de formaciones protofascistas alimentadas por la descomposición de las sociedades contemporáneas por efecto de cuatro décadas de políticas neoliberales.
Las esperanzas despertadas por los movimientos democráticos en el Mediterráneo oriental, en Grecia, en España, en USA, han dado paso a una etapa de neutralización en unos casos y de represión directa en otros, con un resultado global de repliegue de la mayor parte de los regímenes políticos sobre sus instituciones más explícitamente coercitivas.
Las formaciones políticas surgidas del seno de estos movimientos o han sido absorbidas y neutralizadas por las instituciones de estos regímenes políticos o han entrado en acelerados procesos de marginalización. Ninguno de ellos parece en condiciones de reequilibrar las condiciones de vida en favor de las capas subalternas y tras la devastación sufrida por la aplicación de políticas austeritarias aparecen más fragmentadas y faltas de cohesión que antes de la crisis de 2008.
En estas condiciones, una parte muy significativa de estas capas pueden buscar refugio en propuestas políticas de signo reaccionario postulantes de una vuelta al soberanismo nacional pretendidamente opuesto al globalismo neoliberal. La ausencia de alternativas reales en las cuatro décadas de hegemonía neoliberal y tras 10 años de políticas austeritarias favorece ese tipo de repliegue de los sectores populares sobre propuestas que a su condición reaccionaria unen su inviabilidad política y económica.
En España ese repliegue se hace con el pretexto de la “unidad nacional” y, en su versión “constitucionalista”, el de la igualdad de derechos en todas las partes del territorio nacional, presuntamente amenazados por el secesionismo en Cataluña. El acceso del PSOE al Gobierno tas la moción de censura que desalojó al PP tras la sentencia que mostraba la sistemática corrupción que ha acompañado a este partido desde su fundación no ha hecho sino radicalizar ese proceso de repliegue con la entrada en escena de otro partido de la derecha extrema con las bendiciones de quien fuera presidente del Gobierno entre 1996 y 2004.
Este último extremo revela un hecho que data de la fundación misma del régimen y que tiene que ver con la condición antidemocrática y —me atrevería a decir— iliberal de la derecha española. En 1977 la derecha política se configuró en dos partidos. Uno de ellos capitaneado por algunos ministros de Franco, AP, que rechazaba expresamente elementos basales de lo que luego sería el ordenamiento constitucional como el Título VIII, así como la legalización de todas las formaciones políticas a la izquierda del PSOE. Su postulado consistía, en esencia, en una reforma del ordenamiento jurídico franquista que garantizara el predominio de los sectores sociales beneficiarios del golpe de Estado de 1936 y las cuatro décadas de beligerancia contra los sectores populares y los derechos civiles y políticos; con una representación simbólica de la izquierda atlantista y la hegemonía indiscutida de la derecha política a través de un sistema electoral claramente favorecedor de la España más conservadora y que al final fue el que terminó consagrándose en la propia Constitución con la circunscripción provincial.
El otro partido de la derecha, UCD, fue el cajón de sastre de cuantos sectores querían un cambio modernizador del país pero no planteaban abiertamente la ruptura con la legalidad y las instituciones del régimen franquista. Que se popularizara la consigna de Fernández Miranda “de la ley a la ley” expresa bien el contenido y alcance de su propuesta política. Dirigido en primera instancia por los reformistas del Movimiento y el Estado franquista, sus ambigüedades y la ausencia de un proyecto consistente acabaron pronto con su vida, haciendo posible la hegemonía en el campo de la derecha política del partido que, como se ha dicho, rechazaba expresamente los dos pilares de la Constitución, el social y el territorial.
Este corto pero intenso período político tuvo como consecuencia cerrar el paso a la posibilidad de una derecha no comandada por cuadros del franquismo (tanto Fraga como Suárez lo eran). Ni demócratas cristianos ni liberales consiguieron que sus ideas desempeñaran una función más allá del adorno y “lavado de cara” de la vieja faz franquista de los dirigentes de la derecha. Los primeros (su sector más progresista) terminaron incorporándose al PSOE como el gran partido de la reforma social y los derechos ciudadanos. Los segundos han deambulado a la espera de un proyecto propio en el interior del PP, cada vez más olvidados de la tradición liberal española y más volcados a la instrumentación del discurso neoliberal que necesitaba el capitalismo español.
En la terminología política de la cultura de la Transición esta anomalía política podría ser caracterizada como la ausencia del centro. El centro fue postulado desde los comienzos del régimen como el lugar de todas las virtudes y en su apoyo se alegaba, contra toda evidencia, que era ahí donde se encontraba la mayoría de la sociedad española.
Sea como fuere, esta ausencia del “partido de los derechos civiles” ha hecho que su función haya debido ser desempeñada por el PSOE a lo largo de sus mandatos y que ello haya podido difuminar la condición de partido de la izquierda española que desempeña desde hace casi 140 años. No es excepcional en la historia que una formación política desempeñe funciones que corresponden a partidos de distinto signo ideológico; los casos más frecuentes han sido partidos de izquierda desempeñando funciones de impulso y fomento del desarrollo capitalista: a partir de 1982 esa función la ha desempeñado el PSOE en nuestro país.
Sea como fuere y a los efectos que aquí nos importan, la derecha política no ha sentido la obligación de homologarse con los partidos conservadores del continente, al menos en cuanto a la condena de los regímenes fascistas se refiere.
El compromiso de 1945, en el que las derechas europeas aceptaron —y en algunos países impulsaron decisivamente— el Estado del Bienestar y condenaron el fascismo (a cambio de que se olvidaran los múltiples beneficios que habían obtenido de él en el periodo de entreguerras) no parece que vinculara a la derecha española que se ha sentido partícipe de la legitimidad de la Transición (“de la ley a la ley”) sin tener que renunciar por ello a su "activo histórico” del siglo XX, la victoria militar de 1939 y su indiscutido dominio durante las siguientes cuatro décadas.
Este hecho, de capital importancia, está en el origen de algunas anomalías del régimen en relación con otros sistemas políticos europeos. Y, desde luego, explica por qué, hasta ahora, no ha prosperado partido de extrema derecha alguno. Las ideas y valores de extrema derecha, gobernantes entre 1939 y 1975, constituyen el mensaje genético de la derecha española que nunca se ha visto obligada a renunciar a ellas. De forma que, más allá de algunos fenómenos pintorescos como la Falange o los grupos neonazis, la derecha sociológica española se ha visto orgánicamente representada, sin solución de continuidad, desde el aparato de Estado franquista, pasando por AP, hasta el actual Partido Popular y Vox. Decía Santi Alba en un artículo reciente que España era el único país en el que se podía uno proclamare demócrata sin ser antifascista y, más aún, que la militancia antifascista era presentada como un radicalismo incompatible con la democracia.
Para la derecha (y para la totalidad del electorado) es un hecho que el Estado democrático sea, con algunos retoques más de forma que de fondo, el heredero del Estado franquista. Esta continuidad en la que el ejército y la monarquía han jugado un papel tan importante, es lo que le da a la democracia española, al régimen del 78, ese aire tan “singular”. El Estado en España no ha sido fundado o refundado por la Constitución del 78; ha sido más bien la Constitución la que ha sido producida/otorgada con el acuerdo/autorización del Estado. Conviene retener este hecho pues determina las condiciones de posibilidad de esa corriente de fondo que ha teorizado el fundador de Vox de como una “derecha sin complejos” podría ganar la hegemonía política en España.
Con ocasión de la crisis del modelo territorial de la Constitución, estas fuerzas de la derecha han desatado una guerra contra los contenidos sociales y democráticos de la Constitución así como contra la descentralización política y administrativa amparada en el Título VIII de la misma.
Es una ocasión histórica esta en la que las instituciones de la democracia liberal en todo el mundo son objeto del acoso de los sectores sociales más poderosos, después de que lo hubieran hecho contra las del Estado social y democrático. Primero recortaron y en algunos casos suprimieron los derechos sociales y, más tarde, acometen la ofensiva contra los derechos civiles y políticos , poniendo de relieve la incompatibilidad manifiesta entre el capitalismo realmente existente y la democracia, aún en sus formas más tibias.
En España todo ello no hubiera sido posible sin el revulsivo que ha representado el procésprocés sobre la conciencia de amplios y muy diversos sectores de la sociedad española. Es verdad que la acelerada dinámica secesionista no habría sido posible sin la afrenta de la STC 31/2010 declarando anticonstitucionales varios preceptos (similares, por lo demás, a los que están en vigor en los Estatutos de Andalucía y Baleares) del Estatuto votado por los Parlamentos de Cataluña y España y ratificado por el referéndum del electorado catalán.
Pero a estas alturas parece fuera de duda que los dirigentes del procés han subestimado la fortaleza de las instituciones del Estado y, lo que es más importante, el grado de identificación de una parte muy importante de la sociedad española con las mismas. Les ha sorprendido la capacidad de reacción de las instituciones del Estado, tanto del Ejecutivo como del Poder Judicial y no han sido capaces de rentabilizar el apoyo electoral sostenido que les presta una parte significativa de la sociedad catalana ni tampoco el acceso al Gobierno del PSOE, que determina unas condiciones notoriamente más favorables para buscar una salida negociada al conflicto.
Sin conocer a fondo la realidad de la escena política catalana, la impresión es que quienes impulsan el procés están imbuidos de un prejuicio ideológico que les impide considerar de forma adecuada los términos del conflicto y la relación real de fuerzas que lo caracteriza. Acaso piensan que la maldición mesetaria impide a las instituciones del Estado actuar con la celeridad y la eficacia requerida para atajar el reto que en sede legislativa lanzaron en el otoño de 2017. Y subestiman la oportunidad que potencialmente les podría brindar un proceso político de redemocratización del Estado como el que podría impulsar el conjunto de las fuerzas que hicieron posible la moción de censura que sacó al PP de la Moncloa.
Aún hay tiempo, aún no se ha cerrado esta ventana de oportunidad. La aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2019 sería un hito muy positivo para poner a la derecha a la defensiva, toda vez que permitiría situar la agenda en los problemas que afectan a los sectores más desfavorecidos en tanto que tales, no en tanto que agobiados por la propaganda que los medios de derecha y extrema derecha hacen anunciando la “ruptura de España”.
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Tampoco estaría de más un diálogo político entre las formaciones políticas nacionalistas de izquierda y la izquierda con implantación estatal. Los objetivos de unos y otros, sin ser idénticos, precisan de un marco político que los haga posibles. Una Constitución reformada puede ser el continente adecuado tanto para asentar una solución satisfactoria para las aspiraciones al autogobierno del pueblo catalán, como para la consagración de la recuperación de los mejores contenidos sociales y democráticos erosionados por la acción de los gobiernos de la derecha. ___________________
José Errejón es administrador civil del Estado.José Errejón
El contexto global no es favorable para avances significativos en la senda del aumento en cantidad y calidad de los derechos, de la extensión y profundización de la democracia. En todo el mundo las fuerzas de izquierdas, progresistas o como quiera que sean denominadas, retroceden y sus objetivos a corto y medio plazo se reducen prácticamente a conservar el mayor número de instituciones de la democracia liberal ya expresamente amenazadas por la presión de gobernanza tecnocrática y financiera, de un lado, y por la emergencia de formaciones protofascistas alimentadas por la descomposición de las sociedades contemporáneas por efecto de cuatro décadas de políticas neoliberales.