Alemania hace 25 años: cuando violar a la esposa no era delito
—¿Cuál es su relación con el agresor?
—Estamos casados
—Pues váyase a casa
A este tipo de reacciones se enfrentaba una mujer al denunciar una violación por parte de su marido en Alemania hasta hoy hace 25 años. Porque por increíble que parezca, hasta el 4 de julio de 1997, casi medio siglo después de la fundación de la República Federal, el código penal alemán no contemplaba el delito de violación dentro del matrimonio, que en su artículo 177 se refería solo al sexo no consentido extramatrimonial. Por tanto, violar a la propia esposa no constituía un delito, o, según las circunstancias, como mucho uno menor de agresión. A efectos jurídicos no se trataba de una violación.
La larga historia del debate sobre el artículo 177 refleja muy bien la evolución de la sociedad alemana. En los años sesenta se entendía que dentro de sus obligaciones matrimoniales una esposa tenía que entregarse a su marido, aunque no le apeteciera, como queda patente en algunos extractos de sentencias judiciales. En 1972, los socialdemócratas propusieron por primera vez eliminar el condicionante extramatrimonial del artículo de la discordia, pero no consiguieron una mayoría para la propuesta. Aun el gobierno de coalición democristiano-liberal bajo Helmut Kohl, en el poder de 1982 a 1998, lo consideraba un asunto perteneciente a la esfera privada del matrimonio, donde no debía entrar el legislador.
Pero enfrente tuvo a una oposición cada vez más decidida, con un papel destacado también de los Verdes, que acababan de irrumpir en la política nacional, y a la que se unían cada vez más voces de otros colectivos, inclusive mujeres de los propios partidos gobernantes, sobre todo cuando en 1996 un estudio del propio Ministerio de la Familia estimó que tres de cada cuatro violaciones ocurrían dentro del hogar. El gobierno decidió entonces estipular también la violación dentro del matrimonio como delito, pero pretendiendo que la persecución penal cesara en caso de retirada de la denuncia, para darle al matrimonio la posibilidad de reconciliarse. Hubiera supuesto un trato privilegiado, ya que, a título general, la violación es un delito penal público frente al cual la justicia actúa de oficio una vez que tiene constancia.
Por increíble que parezca, hasta el 4 de julio de 1997, casi medio siglo después de la fundación de la República Federal, el código penal alemán no contemplaba el delito de violación dentro del matrimonio
Ante el evidente riesgo de coacción por parte del marido a su esposa para que retirara la denuncia, la reforma no salió adelante, al ser rechazada por la mayoría socialdemócrata en el Bundesrat, la cámara alta en la que están representados los Estados federales alemanes. En lugar de ello, un grupo de diputadas de diferentes partidos presentó una propuesta conjunta más ambiciosa, eliminando cualquier distinción según la relación entre agresor y víctima. El gobierno dio libertad de voto a sus diputados cuando el 15 de mayo de 1997 el Bundestag la aprobó, con 138 votos en contra –todos ellos procedentes de la coalición de gobierno, entre ellos el del actual presidente del partido democristiano, Friedrich Merz–, 35 abstenciones y 470 votos a favor.
Hoy en día puede parecer un relato muy lejano, pero es importante recordar nuestro pasado porque todo progreso es reversible. La protección constitucional de la interrupción del embarazo en Estados Unidos llevaba en vigor el doble de tiempo (casi 50 años), sin que eso impidiera su reciente eliminación por parte del Tribunal Supremo, que se traducirá en una prohibición total en varios Estados, incluso en caso de violación. Una distopía hecha realidad, y ya advierten que lo siguiente serán el matrimonio gay y los anticonceptivos. Es fruto de muchos años de empeño de los republicanos en colocar a jueces ultraconservadores en el Tribunal Supremo para imponerle a la sociedad una ideología retrógrada, ajena al sentir mayoritario.
A menudo se autoproclaman defensores de la libertad, cuando su mayor obsesión es precisamente someter la libertad sexual, sobre todo la de la mujer, coincidiendo en ello con los integristas de otras culturas como los talibanes. Alegan que les mueve la protección de la vida, que no obstante deja de tener importancia una vez nacida la criatura. Puede morir por no tener acceso a un tratamiento médico, que la sanidad universal es cosa de comunistas. La pueden tirotear en su colegio, que el derecho a tener un arsenal de armas de guerra es sagrado. Tanto es así que el Tribunal Supremo ha tumbado una ley del Estado de Nueva York vigente desde 1911, que prohibía llevar armas ocultas en la calle, en otro paso de vuelta al salvaje oeste.
En Europa tampoco nos libramos de este renacimiento reaccionario. En Polonia ya han muerto mujeres por la prohibición de practicarles un aborto estando su vida en peligro. En España, Vox comparte abiertamente las posturas más radicales al respecto, y el Partido Popular mantiene un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley del Aborto. Ambos partidos votaron en contra de la ley que prohíbe el acoso antiaborto a mujeres y sanitarios, y en un debate en el Congreso, el diputado de Vox José Mª Sánchez llamó "bruja" a una diputada socialista que defendió el proyecto. Da miedo pensar cómo ejercerá su profesión: es juez.
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Ansgar Seyfferth es director para España y Portugal de la empresa STAT-UP Statistical Consulting & Data Science Services, profesor de bioestadística y de visualización de datos y colaborador de la Fundación Alternativas
