Yo suelo decir mucho que el grado de civilización de una sociedad se mide por cómo trata a su infancia, a las personas mayores y a los enfermos. No es para menos. Un día le preguntaron a la antropóloga Margaret Mead qué se podría considerar el primer signo de civilización y no respondió que el fuego, la cerámica o el molino de piedra. Para ella, era un fémur fracturado y cicatrizado. La explicación era obvia: un animal si se rompe una pierna se muere porque no es capaz de alimentarse o huir. Si alguien aguanta lo suficiente para que el hueso cure, es porque ha recibido cuidados.
Esto, que es tan elemental, puede dejar de serlo en un mundo dominado por las ideas neoliberales. Si se vende precariedad e individualismo se llega pronto al sálvese quien pueda. Si se recorta el gasto social se retrocede en términos de civilización. Y eso no es algo natural, lo natural son los cuidados porque sin ellos no hubiéramos sobrevivido como especie. Estamos hablando de pura política. Veamos tres ejemplos de maltrato a estos colectivos en la Comunidad de Madrid.
1. Personas mayores: el caso de las residencias de Madrid durante el Covid. El dato es brutal y habla por sí solo: 7.291 personas mayores muertas en 2020 como consecuencia directa de la aplicación de los conocidos protocolos de la exclusión y la vergüenza. Las residencias, en un 95% privadas y muchas controladas por fondos buitre, son lugares para cuidar, no para curar. No se medicalizaron nunca, ni se llevó a los médicos de Atención Primaria a ellas. Tampoco se derivó a las personas enfermas a los hospitales, ni siquiera al IFEMA, con camas libres, convertido en un escaparate propagandístico.
El reciente libro Morirán de forma indigna (NOTA 1) de Alberto Reyero, explica lo sucedido y pone ejemplos del abandono. Se acordó no derivar de las residencias a los hospitales a mayores dependientes. Por ir en una silla de ruedas y tener tus facultades cognitivas perfectas ya te consideraban excluido de atención sanitaria. Consideraron amortizadas a las personas mayores. Fue un acto tan inhumano como ingrato hacia la generación que levantó este país desde los difíciles tiempos de la dictadura.
El exconsejero añade: “Había una mano negra en la Presidencia de la Comunidad de Madrid buscando culpables de lo que ocurrió en las residencias”. Toda la preocupación no era salvar a los mayores sino echarle la culpa a Pablo Iglesias y hacer política con las muertes. Me cuentan que cuando el ejército se hizo cargo de las residencias, después de que Ayuso se negara, y entró en ellas, se encontraron una situación dantesca: personas mayores abandonadas, atadas a las camas, conviviendo vivos con muertos. Nadie quiere morir así, ninguna persona que tenga edad quiere vivir y morir solo y encadenado como un perro por una orden política.
A la luz de la denuncia de Reyero, la justicia debería abrir de nuevo actuaciones. Se debe conocer la verdad de lo sucedido, debería de constituirse en el ámbito parlamentario una comisión de investigación. Nunca debería haber impunidad para los responsables de este crimen ni ante la justicia, si es que existe, ni por falta de sanción moral de la sociedad, ni ante las urnas.
2. Niños. La Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Constitución Española consagran el derecho universal a la educación. Las administraciones deben garantizarla para todos, no solo para las élites, como se pretende desde una visión clasista y segregadora. En el caso de Madrid no se asegura este derecho en condiciones universales y con calidad debido a una serie de factores.
Mientras haya políticos sin alma que desprecien a mayores, a niños y a enfermos no solo corremos peligro, sino que demostramos que tenemos un gran déficit como ciudadanía crítica
Por un lado, la mínima inversión en educación de apenas un 2% del PIB, la mitad de la media de España y la tercera parte de la media europea. Ello se traduce en que el 60% de los niños y niñas de 0 a 3 años estén sin escolarizar, altas ratios, déficit de profesorado y de recursos. Por otro lado, la gran segregación por razones socioeconómicas, que fomenta la presencia de un sector privado y concertado sostenido con fondos públicos que selecciona a su alumnado. Hay que recordar que en la comunidad de Madrid solo el 54% del alumnado está escolarizado en la educación pública (un 40% en Madrid capital), frente a un 68% en España y a más de un 90% en Europa.
Por último, es una vergüenza que al mismo tiempo que se recorta en lo público se financie con 50 millones de euros al año a colegios religiosos del Opus Dei que segregan por sexo y se destinen recursos públicos a centros con ideario religioso que adoctrinan. Todo lo anterior niega la calidad educativa, rompe la igualdad de oportunidades y no respeta la libertad de conciencia del alumnado.
3. Enfermos. El derecho universal a la salud es otro de los puntales del Estado de Bienestar. Pero el Partido Popular lleva décadas agrediendo a la Sanidad Pública madrileña. Ya intentó Fernández Lasquetty privatizar hospitales y centros en 2012-3, algo que paró la lucha de la Marea Blanca. Han regalado la gestión indirecta de hospitales, derivan fondos públicos a la sanidad privada y deterioran la Atención Primaria.
La pandemia del covid hizo crujir las cuadernas del sistema que se reveló más vulnerable de lo que podíamos pensar. Así, se gastaron más de 170 millones en la operación de propaganda del Zendal con nulos resultados operativos, se han cerrado los 37 Servicios de Urgencia de Atención Primaria (SUAP), se abandonan los Centros de Salud, infradotados de profesionales por el maltrato al que se les somete. El resultado es que en Madrid hay 212.000 niños sin pediatra, 600.000 personas sin médico asignado y 900.000 en listas de espera para especialistas, pruebas diagnósticas o cirugía, habiéndose triplicado su número.
Es la vieja estrategia privatizadora: deteriorar primero lo público para forzar luego lo privado. Siendo la comunidad autónoma más rica tiene una ínfima inversión en Sanidad y en Atención Primaria (un 4,7% del PIB, frente a un 6,9% de media en España y muy lejos de la recomendación de la OMS del 25% del gasto sanitario). De esta forma consiguen sus objetivos: el número de personas que han suscrito un seguro privado en Madrid alcanza ya el 40%, cuando la media en España es del 23%. Negar el derecho universal a una sanidad pública de calidad a millones de personas es ponerle una alfombra roja a las corporaciones y fondos de inversión que hacen negocio con la sanidad y va en contra del bien común.
Todo lo anterior nos hace pensar algo terrible: Ayuso no hubiera salvado al del del fémur al que se refería Margaret Mead. Y es que el neoliberalismo rapaz es consustancial a barbarie. Mientras no se imponga Kropotkin y la ayuda mutua a Darwin y a la ley del más fuerte, la humanidad no podrá desarrollarse. Por eso hay que defender lo público sin tregua. Tiene razón un amigo que dice que el ser humano se levanta cada día con el propósito de ser una buena persona pero que muchos no lo consiguen. Mientras haya políticos sin alma que desprecien a mayores, a niños y a enfermos no solo corremos peligro, sino que demostramos que tenemos un gran déficit como ciudadanía crítica. El sentido de la justicia dice que tiene que haber un límite a la inhumanidad.
(NOTA 1). Alberto Reyero, Morirán de forma indigna (Libros del K.O., 2022)
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Agustín Moreno, es diputado de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid
Yo suelo decir mucho que el grado de civilización de una sociedad se mide por cómo trata a su infancia, a las personas mayores y a los enfermos. No es para menos. Un día le preguntaron a la antropóloga Margaret Mead qué se podría considerar el primer signo de civilización y no respondió que el fuego, la cerámica o el molino de piedra. Para ella, era un fémur fracturado y cicatrizado. La explicación era obvia: un animal si se rompe una pierna se muere porque no es capaz de alimentarse o huir. Si alguien aguanta lo suficiente para que el hueso cure, es porque ha recibido cuidados.