COP 29: inversiones insuficientes, impactos crecientes
En noviembre de 2024, Celeste Saulo, secretaria general de la Organización Mundial Meteorológica (OMM), afirmó que, debido al aumento de las temperaturas, “el ciclo hidrológico se ha acelerado, se ha vuelto más errático e impredecible, y nos enfrentamos a problemas crecientes de exceso o escasez de agua”. Estos cambios reflejan un fenómeno global cada vez más evidente: la intensificación y la frecuencia de los fenómenos climáticos extremos. Incendios forestales devastadores en Australia en 2020, las inundaciones históricas en Pakistán en 2022, las lluvias torrenciales y desbordamientos en Valencia en octubre de 2024, que cobraron 219 vidas, y las olas de calor extremo que azotaron Europa en 2023, dejando 47.690 muertos, son solo algunos ejemplos de los impactos dramáticos y cada vez más frecuentes del cambio climático.
Estos eventos, aunque devastadores, también nos recuerdan la urgente necesidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y limitar el calentamiento global. Nos enfrentamos a un imperativo global: aumentar significativamente las inversiones en mitigación y adaptación al cambio climático. La transición hacia una energía limpia y baja en carbono, la construcción de resiliencia frente a los impactos del cambio climático y la protección de la naturaleza requieren, hoy más que nunca, un esfuerzo financiero global sin precedentes.
Este fue, precisamente, uno de los puntos clave de la COP29. El éxito o fracaso de la conferencia dependía de alcanzar un acuerdo ambicioso sobre el nuevo objetivo de financiación climática (NCQG por sus siglas en inglés). Sin embargo, los resultados fueron decepcionantes si atendemos a las recomendaciones realizadas en el Tercer Informe del Grupo de Expertos Independientes de Alto Nivel sobre Financiación (Raising Ambition and Accelerating Delivery of Climate Finance). Este documento concluye que es necesario invertir anualmente 2,4 billones de dólares en los países en desarrollo (excluyendo a China) para 2030, y entre 3,1 y 3,5 billones de dólares por año para 2035, para mantener el impulso necesario. El nuevo objetivo aprobado en la COP29 quedó muy por debajo de lo requerido.
No es de extrañar que la Alianza de Pequeños Estados Insulares (AOSIS) y el Grupo de Negociadores Africanos hayan expresado su indignación por el acuerdo al que se ha llegado
Hasta ahora, los países se habían comprometido a entregar 100.000 millones de dólares anuales al Fondo Verde para el Clima para los países con menos recursos, que son también los más vulnerables al cambio climático. Se esperaba que el nuevo objetivo, que estará vigente hasta 2035, fuera mucho más ambicioso. Los países más afectados por el cambio climático, como los de África o las islas del Pacífico, reclamaban al menos un billón de dólares anuales para hacer frente a los impactos del cambio climático. Cantidad que resulta mínima si atendemos al estudio antes mencionado. No es de extrañar que la Alianza de Pequeños Estados Insulares (AOSIS) y el Grupo de Negociadores Africanos hayan expresado su indignación por el acuerdo al que se ha llegado, considerando que no solo es insuficiente para cumplir con los objetivos del Acuerdo de París, sino que también refleja un profundo desinterés hacia las naciones más vulnerables.
Movilizar 300.000 millones de dólares anuales para 2035 está muy por debajo de lo necesario y no representa un avance significativo respecto al antiguo compromiso de 100.000 millones, y parece francamente insuficiente en un momento en que las políticas actuales solo permitirían una reducción de las emisiones del 2,6% para 2030 respecto a los niveles de 2019 (cuando sería necesario que descendieran un 43% para evitar los peores impactos del calentamiento global), situándonos en un aumento de la temperatura de entre 2,6 °C y 3,1 °C (Informe sobre la Brecha de Emisiones 2024, PNUMA).
Aumentar las inversiones climáticas en los países en desarrollo es crucial para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París, limitar el aumento de la temperatura global por debajo de los 2°C, adaptarse al cambio climático y detener la creciente amenaza a la naturaleza y la biodiversidad. Además, es fundamental promover una transición justa y la igualdad de género en el financiamiento climático para abordar de manera efectiva las distintas limitaciones y oportunidades que enfrentan hombres y mujeres.
Acelerar las inversiones es una acción inteligente en comparación con la inacción. Contribuye a generar un desarrollo eficiente y de futuro, evitando enormes costos (como los impactos negativos en la productividad y la salud, los daños a activos y la pérdida de biodiversidad) y generando grandes beneficios (como mayor productividad, mejores servicios ecosistémicos y mayor estabilidad social) que, en conjunto, podrían representar entre el 15% y el 18% del PIB global en 2030. Además, una menor inversión y consumo de combustibles fósiles y de la reducción de subsidios perjudiciales para el medio ambiente podría generar ahorros financieros de entre el 11% y el 18% del PIB global, según el informe de expertos independientes.
La COP29 ha puesto de manifiesto la brecha existente entre las promesas y la realidad. Los países en desarrollo necesitan un apoyo financiero y tecnológico mucho mayor para adaptarse a los impactos del cambio climático y construir un futuro más sostenible. Por su parte, los países desarrollados deben asumir su responsabilidad histórica y aumentar drásticamente sus ambiciones climáticas. El propio António Guterres, Secretario General de las Naciones Unidas, lamentó que los acuerdos alcanzados no fueran lo suficientemente ambiciosos, señalando que no se incluyó en el acuerdo final ninguna mención específica sobre el compromiso de abandonar los combustibles fósiles, tal como se había estipulado en la COP28 de Dubái.
Además, no se alcanzaron acuerdos sobre otros temas claves como el diálogo sobre la implementación de los resultados del Balance Mundial (GST) y sobre el programa de trabajo sobre transición justa. Resulta decepcionante, tal como sostienen las organizaciones españolas de la sociedad civil presentes en la COP29, que los derechos humanos y laborales, así como las cuestiones de género, de transición justa de las personas trabajadoras, los pueblos indígenas y la juventud sean completamente omitidos, y se retrasen los debates sobre estos temas a junio de 2025 en Bonn.
La COP29 ha puesto de manifiesto la brecha existente entre las promesas y la realidad. Los países en desarrollo necesitan un apoyo mucho mayor para adaptarse al cambio climático. Por su parte, los países desarrollados deben asumir su responsabilidad histórica.
El futuro de la humanidad depende de nuestra capacidad para movilizar los recursos necesarios para una transición justa y sostenible. La crisis climática no es un problema lejano, es una amenaza real que ya está afectando a millones de personas, y su solución requiere un compromiso serio y urgente.
Además, no podemos olvidar que la transición hacia una economía baja en carbono debe ser inclusiva, considerando no solo la justicia social y económica, sino también la equidad de género. Las mujeres y los pueblos indígenas son quienes más sufren los efectos del cambio climático, y sus necesidades deben ser priorizadas en la financiación y en las políticas de adaptación.
Por último, el regreso al poder de líderes climáticamente escépticos, como Donald Trump en Estados Unidos, amenaza con deshacer los avances alcanzados en políticas climáticas globales. Sin embargo, esta situación ofrece una oportunidad para que la Unión Europea refuerce su liderazgo en la lucha contra el cambio climático, estrechando la cooperación con regiones vulnerables, como América Latina, y promoviendo un compromiso más firme en la movilización de recursos y tecnología.
Una vez más, nos encontramos ante un punto crítico en la lucha contra el cambio climático. Las necesidades de inversión para adaptación, resiliencia y pérdidas y daños aumentarán drásticamente a medida que los riesgos climáticos se intensifiquen. El retraso en la acción solo aumentará la magnitud de los desafíos a los que nos enfrentamos. Si no cerramos la brecha de financiación para 2030, será mucho más difícil reducir las demandas financieras futuras y garantizar una transición justa.
El calentamiento global no es una película de ciencia ficción, es nuestra realidad. Nuestro bienestar como especie está íntimamente ligado a la salud de nuestro planeta.
La crisis climática no es solo un problema ambiental, sino una amenaza directa a nuestro bienestar y supervivencia. La transición hacia una economía verde y sostenible es posible, pero requiere tanto de la voluntad política de todos los actores globales, como de la participación activa de los ciudadanos. Cada uno de nosotros, como ciudadanos, consumidores y votantes, tenemos un papel que desempeñar. Debemos exigir a nuestros líderes políticos que tomen medidas audaces y concretas para garantizar un futuro próspero.
_____________________________________________
José Luis de la Cruz es director de Sostenibilidad de la Fundación Alternativas.
