En el caso Mediador, el relato cutre y la sensación de vergüenza continúan mientras su ámbito se reduce, y sin embargo el PP aprovecha la ocasión para intentar amplificar el ruido y así eludir cualquier explicación sobre los casos que le afectan, como la Kitchen, de prevaricación, secuestro y obstrucción de la justicia, y con respecto a las recientes declaraciones del expresidente Camps en el juicio sobre los amaños de la Gürtel en Valencia, a los que responden como siempre con los latiguillos del 'no me consta', 'es cosa del pasado' o con el ’ese del que usted me habla'.
Es por eso que la derecha sigue obsesionada por extender las sospechas sobre los implicados en la trama de El Mediador al resto de los diputados comensales, al grupo parlamentario socialista y por extensión al conjunto de la izquierda y al propio presidente del Gobierno, con la exigencia de una investigación exhaustiva por parte de la presidencia de la Cámara e incluso demandando la creación de una comisión parlamentaria de investigación sobre el caso Mediador.
Poco les importa que la investigación judicial esté en marcha y haya sido declarada sub judice. Tampoco que, por lo que hasta ahora se conoce, no afecte al Gobierno central, si acaso al subdirector del departamento de agricultura del gobierno canario y a un alto mando de la guardia civil.
Y es que el caso Mediador es una perita en dulce para los tópicos del PP y de la ultraderecha y para el morbo de los medios de comunicación conservadores, con el que agitar la caracterización de los diputados de la izquierda como vividores, desahogados, y de moralidad hipócrita frente a la prostitución y sin solución de continuidad vincularla al caso de los EREs de Andalucía como paradigma de la corrupción del partido socialista. No lo podían desaprovechar, como tampoco lo han conseguido.
El grupo parlamentario del PSOE en el Congreso de los Diputados se ha apresurado a provocar la dimisión inmediata del diputado, a clausurar su despacho y a autorizar el registro para así hacer prevalecer el principio de transparencia y la responsabilidad de los cargos públicos, y al tiempo a ampliar la investigación, además del diputado afectado, a otros diputados que pudieron acudir con él a alguna cena, para rechazar al mismo tiempo las insinuaciones del PP y los insultos de la ultraderecha. Sin embargo, llama la atención que meses antes no hubieran saltado las alarmas en el partido y en el gobierno canario con el cese del sobrino del diputado y que los mecanismos de transparencia puestos en marcha hasta ahora por el Congreso no lo detectaran.
Por eso, no contento con ello, el PP apunta además a la supuesta connivencia del gobierno canario e incluso del Gobierno central, sin ningún dato que lo avale, no solo con la corrupción de los socialistas, sino también con la supuesta falta de control sobre las subvenciones europeas. Otra de las obsesiones de la derecha desde el inicio de la legislatura.
Sin embargo, hasta el momento, el único detenido de la trama es el general de la Guardia Civil que ascendió a general de división gracias al gobierno de Rajoy y que otro de los implicados por el mediador es hoy el candidato del PP en Canarias.
Como si los altos cargos judiciales no se debieran a la misma transparencia y ejemplaridad del resto de los cargos públicos en la lucha contra la corrupción, empezando por depurar en primer lugar lo que afecta a sus propias filas
Estas son las consecuencias de la estrategia del ventilador de la derecha, que no se paran en la frontera de ningún color político ni a las puertas de las instituciones, y que al agitar el clima de la antipolítica tampoco dejan títere con cabeza.
Lo que sí ha puesto en evidencia es la investigación de una serie de adjudicaciones irregulares en obras de cuarteles de la Guardia Civil en trece comandancias del Instituto Armando, y que afectarían a casi dos centenares de proyectos por un importe total de más de dos millones y medio de euros, lo que ha provocado el cese fulminante del jefe de la Guardia Civil en Santa Cruz de Tenerife, mencionado en varios informes del caso por su relación con varios imputados, entre ellos con el general de la Guardia Civil Francisco Espinosa Navas, presunto cabecilla de la trama Mediador.
Por contra, la actitud del PP es radicalmente diferente con los escándalos que le afectan como el caso Kitchen, sin que todavía se haya producido ninguna explicación por parte de la nueva dirección del PP después de las graves penas solicitadas por la fiscalía para los altos cargos del ministerio del interior como principales encausados. Tampoco se pronuncia sobre los mensajes ahora conocidos entre el presidente de la Audiencia Nacional con uno de los principales acusados en plena investigación. Tan solo con la apertura de una inspección exprés (en horas venticuatro) por parte del CGPJ para luego negar que exista materia para una investigación por parte de la justicia. Ni investigación, ni sanción ni siquiera condena por parte de las asociaciones judiciales. En definitiva, cierre en falso de la investigación sobre la relación entre el presidente de la Audiencia Nacional y el entonces Secretario de Estado del Ministerio de Interior, con la débil excusa de que ha prescrito. Como si los altos cargos judiciales no se debieran a la misma transparencia y ejemplaridad del resto de los cargos públicos en la lucha contra la corrupción, empezando por depurar en primer lugar lo que afecta a sus propias filas.
En definitiva, estos casos y alguno más que pueda aparecer muestran que la corrupción no es cosa del pasado y que ningún grupo político tiene el monopolio de la decencia, si bien es el electorado progresista el más sensible a los escándalos de corrupción, ante los que no solo demanda ejemplaridad en la respuesta por cualquier sospecha de corrupción, sino también medidas para su prevención y control, tanto en los partidos como en el resto de las instituciones.
Por si esto fuera poco, en el juicio oral sobre las contrataciones a la trama Gürtel por parte de la Generalitat valenciana, el expresidente Camps ha responsabilizado a la dirección nacional del PP de la contratación con las empresas de la red Gürtel, añadiendo que en su partido ''como en todo partido centralizado, todo lo relativo a las campañas está diseñado desde la dirección nacional". Y a todo esto, desde Génova no hay comentarios. No cabe duda de la manga ancha con la que la derecha trata los casos de corrupción que les afectan.
En todo caso, los partidos y los gobiernos de izquierdas seguimos emplazados a avanzar de forma más ágil y decidida de cara a las próximas elecciones en la máxima exigencia en la elección de nuestros candidatos y también en una escrupulosa vigilancia de los cargos públicos, con una regulación más estricta de las declaraciones de sus bienes e intereses, también de los grupos de presión o lobbies que entran en contacto con los diputados o con los miembros del Gobierno, así como en el cumplimiento de la vigente ley de transparencia y en la efectiva protección de los denunciantes en el seno de las distintas administraciones, entes y sociedades públicas.
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Gaspar Llamazares es fundador de Actúa.
En el caso Mediador, el relato cutre y la sensación de vergüenza continúan mientras su ámbito se reduce, y sin embargo el PP aprovecha la ocasión para intentar amplificar el ruido y así eludir cualquier explicación sobre los casos que le afectan, como la Kitchen, de prevaricación, secuestro y obstrucción de la justicia, y con respecto a las recientes declaraciones del expresidente Camps en el juicio sobre los amaños de la Gürtel en Valencia, a los que responden como siempre con los latiguillos del 'no me consta', 'es cosa del pasado' o con el ’ese del que usted me habla'.