Vuelve la realidad de la situación de la agricultura y los efectos del cambio climático, que incluso ha logrado imponerse a la polarización política y al ambiente de ruido generalizado de la amnistía, tanto dentro como fuera de España.
En fechas recientes, las reivindicaciones del sector agrario europeo han pasado a primer plano comenzando por Francia, y no por casualidad, en el contexto de unas elecciones europeas, con el temor a un incremento de la representación y de la influencia de la ultraderecha, cosa que ya se ha producido en las regiones, en los países y en algunos gobiernos a lo largo y ancho de Europa.
En las reivindicaciones de un sector tan complejo y contradictorio como el agropecuario no es extraño que se mezclen el agua y el aceite, los distintos intereses, a veces contrapuestos, y las causas con las consecuencias. Porque no es lo mismo la agricultura familiar que la agricultura y ganadería intensiva de latifundios y macrogranjas. Tampoco las explotaciones familiares, las cooperativas y por otra parte las grandes empresas y las multinacionales agrarias. Como no son lo mismo los distintos sindicatos agrarios, que representan desde empresarios a agricultores de explotaciones familiares y en consecuencia sus intereses, muchas veces contrapuestos. Como no son para nada lo mismo la política agraria común y las nuevas leyes europeas para la transición ecológica.
Tampoco es nuevo que a río revuelto haya quien pretenda sendas ganancias cuestionando la representatividad sindical actual, como antes lo hicieran en el transporte, en aras de una supuesta democracia de WhatsApp. O quien se suba al carro para la manipulación política del malestar del sector agrario y del medio rural, como se pretende desde los partidos de la ultraderecha.
Lo cierto es que hay causas objetivas para el malestar, para la movilización y para la reivindicación ante situaciones que ya estaban al límite de supervivencia y que ahora se agravan. Otra cosa es cómo se representa el malestar, de forma más o menos organizada o más o menos violenta, y cuáles se consideran las causas de la situación y sus posibles soluciones. Lo malo es que se coincida en apuntar en contra de la Unión Europea y de la ecología o frente al aumento del salario mínimo y contra los inmigrantes. Los mantras conocidos de los empresarios agrícolas, de la ultraderecha y por desgracia de una parte cada vez mayor de la derecha española y europea, con Manfred Weber a la cabeza.
Sin embargo, no cabe duda de que tenemos más de un problema con la cadena alimentaria y también con las importaciones, ya que la ley recientemente aprobada y sus limitadas inspecciones y sanciones todavía no han podido evitar ni la venta a pérdidas ni mucho menos paliar los márgenes abusivos entre los productores, la distribución y la comercialización. Un debate que ya hemos tenido ante el rebrote inflacionista causado por la ocupación y guerra de Ucrania y que no se ha resuelto.
No es nuevo que haya quien se suba al carro para la manipulación política del malestar del sector agrario y del medio rural, como se pretende desde los partidos de la ultraderecha
También es cierto que las importaciones, la burocracia y la digitalización recaen sobre unas explotaciones que en muchos casos además se ven desbordadas. En todos estos temas, no cabe duda de que hay bastante margen de mejora. Como lo hay en la orientación mayoritaria a la agricultura intensiva de las actuales ayudas europeas de una PAC de rasgos neoliberales.
Algo muy diferente es introducir un debate falso sobre la agenda 2030, sobre la Unión Europea y sobre un supuesto ecologismo radical que no se sostiene, cuando los responsables de agricultura de la Comisión Europea han sido y son los representantes del partido conservador y del liberal de la Unión Europea.
Tampoco es de recibo la pretensión de acabar al tiempo con la burocracia de Bruselas y con la agenda 2030 y la transición ambiental europea e internacional. Y no es aceptable por razones objetivas: no hay más que ver los efectos del cambio climático sobre la sequía y los fenómenos climatológicos extremos y por tanto sobre la agroganadería. Tampoco es lógico, cuando un tercio del presupuesto comunitario tiene como destino la agricultura, en forma de subvenciones, y que tal volumen de subvenciones para proteger a nuestro sector agrario frente a otros tiene como principales argumentos el garantizar la calidad, la seguridad de los alimentos y también la protección del medio ambiente. Si no fuese así, no habría más razón que el mero proteccionismo, y en consecuencia la competencia desleal y la agricultura dopada sería la nuestra. Bien diferente es que la transición ambiental deba ser justa también con los agricultores.
De hecho, un debate que no aparece es que la distribución de las ayudas europeas dista de ser equitativa, ya que beneficia mayoritariamente a las grandes explotaciones intensivas, cuando por razones sociales y ambientales estamos abocados a un cambio rápido hacia una agricultura menos intensiva, con un consumo más racional y con un menor impacto ambiental.
En vano se pretende que aparezca como algo diferenciado la realidad del cambio climático con una ola de calor que no cesa, de los efectos palpables sobre la agricultura como es la sequía y, en consecuencia, la urgente necesidad del consumo racional de agua y la perspectiva de su racionamiento en próximas fechas.
Por eso es un error que el primer mensaje de las autoridades europeas ante las movilizaciones de la agroganadería consista en paralizar la agenda de sostenibilidad ambiental de la Unión Europea. Dando por buena la acusación de "dogmatismo ambiental" de la ultraderecha.
Aunque lo peor es que todo esto suponga el precedente del final de la alianza plural que ha permitido el origen y desarrollo federal de la UE, mediante la cohabitación en las instituciones europeas, para sustituirlo por una mayoría conservadora que dé cabida a la ultraderecha.
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Gaspar Llamazares es fundador de Actúa.
Vuelve la realidad de la situación de la agricultura y los efectos del cambio climático, que incluso ha logrado imponerse a la polarización política y al ambiente de ruido generalizado de la amnistía, tanto dentro como fuera de España.