El deber de memoria como política territorial

Con fecha de 21 de noviembre de 2023, las competencias en memoria democrática han sido trasladadas al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática. Se produce una modificación funcional que integra la administración local en las políticas de ejecución de memoria histórica y democrática, cuya orientación efectiva debe ser destinada a la resignificación de la simbología de exaltación de los municipios, pero para ser efectiva, es esencial introducir en el orden del día de las reuniones ministeriales con las Delegaciones de Gobierno la formalización del necesario cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática en materia de retirada de simbología de exaltación, dando a su vez traslado a las Subdelegaciones. 

Además, es fundamental implicar a la FEMP en materia de suspensión de subvenciones por incumplir la ley, separando la finalidad política de las mismas, y todo ello sin olvidar a quienes tradicionalmente han realizado el trabajo en memoria, las Asociaciones, que son el motor en la disciplina, por ello resulta también efectiva la creación de un buzón ciudadano, gestionado por las Delegaciones de Gobierno, para que las asociaciones y vecinos puedan denunciar la simbología en el municipio. La congelación de subvenciones, así como la creación institucional de un buzón, son medidas visibles, que impactan directamente sobre los ciudadanos del municipio.

El artículo 36.5 de la Ley de Memoria Democrática establece la obligación de la Administración General del Estado de publicar anualmente las actuaciones realizadas, y la actualización del catálogo. Sin embargo, y habiendo transcurrido la primera anualidad, no consta ni actuación ni publicación alguna, en materia de lucha contra la simbología franquista. Y la competencia para sancionar es de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, desde la que no consta expediente resuelto, que ejecute sanciones por exaltación del franquismo, siendo fundamental la condena, penal o administrativa, de esa violencia.

No es frecuente que una administración sancione a otra por incumplir la ley, es excepcional, y no debería ocurrir, sin embargo, tras un año en vigor de la Ley de memoria democrática, es visible la cantidad de simbología franquista que reside en nuestras calles. El ministro de política territorial y la FEMP deben ser valientes aplicando la ley, y suspendiendo las subvenciones en aquellos municipios que incumplen con el derecho humanitario. 

En derecho comparado, la Asamblea Nacional francesa y el Senado francés aprobaron una ley que restituirá los bienes expoliados durante la ocupación nazi, que siguen formando parte de las colecciones públicas del Estado. En España nos falta una ley que permita la devolución de esos bienes culturales expoliados. La incautación de bienes es terminología franquista, la realidad, un robo a los republicanos, por lo que es muy necesaria una ley de reparación del patrimonio, y por supuesto la ilegalización de la Fundación Nacional Francisco Franco; la ley de memoria la declara extinguida, y sin embargo a día de hoy no consta el decreto que la saca del ordenamiento.

España no es el único país que ha sufrido regímenes totalitarios en el siglo XX, sin embargo, es el único Estado postdictatorial que no resignificó la simbología de exaltación en unidad de acto, y de manera paralela a su transición

Como también es esencial una Ley Centralizada de archivos, como nos requirieron tanto Pablo de Greiff como Naciones Unidas en el año 2014, y cuya modificación de la Ley 9/1968 de 5 de abril sobre Secretos Oficiales está pendiente, aun habiendo transcurrido el plazo de un año regulado por la Ley de Memoria. ¿Qué sentido tiene, en el siglo XXI,  el criterio militar de secretos y materias clasificadas para impedir a las víctimas conocer su verdad? 

La ley de memoria fue muy flexible en su tramitación, pero es muy rígida en su ausencia de aplicación.

Como se puede observar en la exposición El muro de Berlín. Un Mundo Dividido, en su paso por Madrid, en noviembre de 2023, se expone una fotografía en la que un operario retira la placa de la calle “Adolf Hitler – Str.”, y el cartel explica:

Fin simbólico de la era nazi. Durante los años de régimen nazi (1933-1945), a muchas calles y espacios públicos en Alemania se les puso el nombre de Adolf Hitler y otros altos cargos del partido. Cuando terminó la guerra, los aliados empezaron a retirar los símbolos e insignias nazis, como puede verse en esta imagen del 12 de mayo de 1945 de la ciudad de Trier, en Alemania Occidental.

Por tanto, se puede concluir que el año de 1945 es el momento en que se hace visible retirar la simbología de exaltación de regímenes totalitarios, y el ejercicio se produjo desde un criterio local de país, prueba de ello es que todavía no habían tenido lugar los conocidos como procesos o Juicios de Núremberg.

¿Qué es simbología de exaltación? Se calculan en más de 5000 los símbolos dedicados al franquismo, más de 4000 son placas de Falange Española, algunos incluso fuera de nuestras fronteras, como es el caso del Águila franquista en la calle Corso del Rinascimiento puerta 43, de Roma. En una vertiente más local, es por ejemplo las dos calles dedicadas al General Lafuente, en León y en Villanueva de la Serna (Badajoz). ¿Quién fue el General Lafuente? Poca gente lo sabe, pero seguro que los nietos, cuyo abuelo fue fusilado por decisión de ese señor, sí le conocen. Uno de sus fusilados, el capitán Juan Rodríguez Lozano, ejecutado en 1936, a sus 42 años de edad, es el abuelo de quien sería el primer presidente del gobierno que convirtió los sueños en derechos.

España no es el único país que ha sufrido regímenes totalitarios en el siglo XX; sin embargo, es el único Estado postdictatorial que no resignificó la simbología de exaltación en unidad de acto, y de manera paralela a su transición, como hicieron el resto de potencias. Es más, España es un país que ha sido reprochado por organismos internacionales. Es frecuente observar en cada municipio español simbología franquista. Otros países hicieron sus deberes democráticos; aquí aún están por conocerse nuestras obligaciones cívicas.

Tenemos el mecanismo legal, activémoslo.

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Eduardo Ranz es abogado y doctor.