Hemos escuchado muchas veces que sin libertad de prensa no hay democracia y, mal que nos pese reconocerlo, la libertad de prensa en España empieza flaquear. A lo largo de los años en que presidí la AEJ –Association of European Journalists– defendí con orgullo en foros y congresos internacionales la libertad de prensa que actualmente disfrutamos en España. Hoy no podría hacerlo.
La Constitución y las leyes que la reconocen continúan vigentes, pero la realidad que vivimos en estos momentos me despierta dudas sobre su cumplimiento. Hace mucho que los periodistas nos venimos quejando de la proclividad de algunos políticos a convocar conferencias de prensa para limitarse a leernos un comunicado sin la posibilidad de hacer preguntas y repreguntar.
Pero esta anomalía en el derecho a la libertad de recabar información y quienes la generan de proporcionarla sin cortapisas ya no es única. En los lamentables sucesos sufridos en Cataluña recientemente, fueron varios los periodistas que en la cobertura de la información de lo que estaba ocurriendo fueron víctimas de insultos, agresiones y diferentes actitudes conminatorias.
Gracias a las fuerzas de seguridad –Mossos d'Esquadra, Policía, Guardia Civil– y a la actitud cívica de algunos espontáneos que se rebelaron contra esas agresiones, no hubo que lamentar consecuencias graves. Ni siquiera algunos colegas afines al independentismo se prestaron a defenderles. Aquellas escenas no dejaban de ser paradójicas: manifestantes que reclamaban libertad en nombre de la democracia, la obstaculizaban cuanto podían con su violencia.
Mientras tanto, un partido político emergente, Vox, que ha irrumpido en la vida pública con ideas preconstitucionales, se ha tomado por su cuenta la libertad de impedir que profesionales de determinados medios a los que consideran poco afines puedan cubrir sus actos públicos. No se trata de una organización que se mueva en la clandestinidad sino de un partido legalizado.
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Un partido cuya legalización ha generado polémica y que tiene entre sus objetivos prioritarios ilegalizar a los homólogos que en su opinión exclusiva y limitativa de las libertades considera que deben ser prohibidos. Claro que estas agresiones a la democracia no son exclusivas de la extrema derecha: el líder catalán de la extrema izquierda Dante Fachín ha pedido que se ilegalice un periódico, El País, porque no está de acuerdo con uno de sus editoriales.
Fue lo mismo que ocurrió hace 48 años cuando, ante un artículo de su presidente que no gustó a los jerarcas de la Dictadura, el Gobierno decretó el cierre inmediato del periódico Madrid. ¡Qué horror y qué vergüenza pensar que mucho no ha cambiado! Y qué triste que las organizaciones democráticas pasen de estos riesgos… ______________
Diego Carcedo es presidente de la Asociación de Periodistas Europeos
Hemos escuchado muchas veces que sin libertad de prensa no hay democracia y, mal que nos pese reconocerlo, la libertad de prensa en España empieza flaquear. A lo largo de los años en que presidí la AEJ –Association of European Journalists– defendí con orgullo en foros y congresos internacionales la libertad de prensa que actualmente disfrutamos en España. Hoy no podría hacerlo.