Estado de Derecho e independencia judicial: una propuesta socialista
Ahora que asistimos al dantesco espectáculo de una degradación sostenida durante décadas, la de la relación del poder judicial con los otros dos poderes del Estado, convendría reflexionar sobre la materia desde las coordenadas ideológicas del socialismo, las mismas que no oculta quien suscribe. Cierta tendencia ideológica extendida entre las izquierdas oficiales vendría a cuestionar las injerencias del poder judicial en la política, como si esta debiera ser un ámbito ajeno a su “judicialización”. Con frecuencia se apela desde sectores progresistas al “lawfare” para denunciar una judicialización de la política que socavaría su carácter democrático y la entregaría a una suerte de oligarquía judicial donde tendrían preponderancia especialmente sectores conservadores e inmovilistas.
A cuenta de los bloqueos en la renovación tanto del CGPJ como del máximo intérprete de la Constitución, el TC –que, si bien no pertenece al poder judicial, desempeña unas funciones esenciales como garante de la constitucionalidad de nuestro ordenamiento jurídico, así como encargado supremo de la tutela de nuestros derechos fundamentales como ciudadanos–, cabría precisar que la posición defendida tanto por El Jacobino como por quien esto escribe no escamotea las críticas a un sistema de reparto de cuotas entre partidos políticos que se ha revelado inoperativo, disfuncional y poco respetuoso de la separación de poderes. Sea como fuere, la endogamia exhibida por las asociaciones profesionales de jueces y magistrados, y el riesgo de que se produzcan hechos tan poco edificantes como la votación de los propios magistrados del TC sobre su propia recusación, hace imprescindible pensar en métodos mixtos y equilibrados de elección que garanticen un sistema de carácter objetivo y neutral como el sorteo que permita evitar la cooptación partidista y la endogamia corporativista en la elección de órganos de control y gobierno del poder judicial, y también en la del Tribunal Constitucional.
Considerar al Estado de Derecho como una suerte de plasmación reaccionaria es un error; devaluar la importancia del mismo en el actual estadio del capitalismo global financiero es un dislate de graves implicaciones
Sin embargo, más allá del debate suscitado y la hipocresía mostrada por todos los lares, en cuanto al bloqueo de la renovación o al impostado compromiso con la independencia del poder judicial de quienes cuando gobiernan tratan de someter al control de su partido esos mismos órganos de cuya independencia ahora dicen ser sus máximos valedores, cabría preguntarse por qué algunos sectores de la izquierda muestran tal desprecio por el Estado de Derecho. Considerar al Estado de Derecho como una suerte de plasmación reaccionaria es un error; devaluar la importancia del mismo en el actual estadio del capitalismo global financiero es un dislate de graves implicaciones.
Atendiendo al profesor Elías Díaz, Estado de Derecho y socialismo son perfectamente compatibles: se trata de articular una crítica al neocapitalismo (ese estadio del capitalismo posterior al socialdemócrata de posguerra) por su radical incompatibilidad con la democracia. “Las decisiones en esa situación (el neocapitalismo) se hacen antidemocráticas en los dos sentidos: vienen adoptadas por la oligarquía capitalista y responden a intereses predominantes de esa oligarquía. Democracia real y neocapitalismo no son términos conciliables, sobre todo a nivel internacional”.
La crítica del profesor Elías Díaz no se proyecta por tanto sobre el Estado de Derecho como espacio de imposición del liberalismo –grave confusión de ese populismo incapaz de diferenciar el liberalismo político del económico– sino en una concepción formalista de los derechos y libertades que determinadas fuerzas reaccionarias proyectan sobre el Estado de Derecho disolviendo sus potencialidades transformadoras y tuitivas de los derechos de los más débiles. La propuesta que realiza se basa en la conjugación posible entre democracia y socialismo, de acuerdo con los principios del imperio de la ley y la separación de poderes, pero yendo mucho más allá que la clásica concepción liberal: una idea de ciudadanía completa y robusta que incorpore todo un haz de derechos sociales, laborales y económicos que son inentendibles sin la vocación emancipadora del socialismo. El pensamiento del profesor Elías Díaz en efecto apunta hacia la garantía de derechos humanos fundamentales como fin último del Estado de Derecho, como nos recuerda Ricardo García Manrique en su trabajo Positivismo, Estado de Derecho y Socialismo.
En definitiva, frente a las tentaciones populistas de considerar la justicia como un espacio reaccionario que socava la autonomía de la política, deberíamos percatarnos de que, en el momento presente –en el que los influjos de ese neocapitalismo, en contraposición a un capitalismo de posguerra mucho más equilibrado por el resultado de un pacto capital-trabajo hoy quebrado en la globalización financiera, se hacen más descarnadamente visibles que nunca–, un Estado de Derecho robusto con leyes justas que establezcan un marco de garantías y libertades para los que carecen de voz y poder en el mercado puede suponer el más efectivo anticuerpo frente a las arbitrariedades de los poderosos. Esos poderosos no se sientan en el TC ni en el CGPJ (tampoco en los parlamentos), sino más bien en los Consejos de Administración de importantes corporaciones transnacionales con un poder político mayor que el de muchos Estados.
Cierta izquierda empecinada en desjudicializar la política se ha olvidado de la verdadera amenaza reaccionaria consolidada en los Tratados de Libre Comercio o en las ínfulas caprichosas de los oligarcas que controlan plataformas digitales con normas privadas que han llegado incluso a socavar el control público de los tribunales de cualquier Estado de Derecho, la propia tutela judicial efectiva: es la economía en su dimensión neocapitalista la que gobierna hoy a la política. No se trata de desjudicializar la política sino de politizar la economía, revirtiendo su despolitización neoliberal. No a través de algaradas populistas, sino de una verdadera democracia republicana y socialista que recate el ideal de ciudadanía en su versión más democrática y socialmente orientada de las garras de un poder económico oligárquico y emancipado de cualquier control popular.
El programa de emancipación de las izquierdas no debería equivocar el tiro: controlar los órganos de gobierno y control del poder judicial o de aquel otro encargado de las garantías constitucionales no acorta las enormes desigualdades económicas que ha generado un fundamentalismo de mercado voraz ni acerca la emancipación de los desposeídos. Es más bien una vía estéril y contraproducente. Deteriorando el imperio de la ley se aboca a diluir la fortaleza del Estado de Derecho, a su vez debilitado ante corporaciones económicas capaces de sustraerse al control democrático y popular. Hoy ese imperio de la ley y la garantía de los derechos fundamentales se encuentran amenazados: proliferan sistemas de arbitraje privado controlados por empresas privadas que hacen negocio con nuestros datos personales y crean el espejismo de un supuesto espacio de libertad de expresión y opinión en la red, espacio solo vigente mientras las opiniones vertidas coincidan con los intereses empresariales del oligarca de turno.
Es revelador cómo el capitalismo financiero, en su desarrollo “de casino” y en su dimensión global, no cuestiona únicamente el núcleo de derechos propios del Estado social, como la sanidad, la educación o las pensiones, sino que se ha adentrado de forma abrupta incluso en los propios derechos de raíz liberal y así amenaza también la matriz esencial del Estado de Derecho. Precisamente por eso, resulta absurdo cuestionar desde la izquierda el imperio de la ley, el Estado de Derecho o la independencia judicial: al contrario, cabe reivindicarlos y cohonestar su defensa con una perspectiva socialista sin la que el ideal de ciudadanía se degrada en un formalismo liberal insuficiente. La gran batalla pendiente de la izquierda socialista no debe ser a favor de un populismo disolvente del Estado de Derecho sino de un socialismo que rescate al Estado de Derecho y lo desarrolle libre de los peores excesos del capitalismo.
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Guillermo del Valle Alcalá es abogado y director de 'El Jacobino'.
