Diálogo democrático

La escena política española está, sin duda, extremadamente complicada pero no estancada. La salida de la crisis de 2008 es ahora conducida por un gobierno del PSOE con el apoyo de Podemos. Dos años más tarde de la oportunidad perdida de sacar al PP del Gobierno, ahora se ha conseguido con el concurso de los partidos catalanes nacionalistas comprometidos en un proceso de independencia cuyo estancamiento no puede ser disimulado por la huida hacia adelante que protagonizan, sobre todo, Puigdemont y Torra.

Una más que incierta salida de la crisis, amenazado como está el sistema económico global por factores como las turbulencias financieras, las guerras comerciales y la permanente amenaza de los precios de los combustibles, todas expresiones de una crisis más profunda, la asociada a la caída en la rentabilidad de los capitales invertidos en los sectores productivos, que amenaza al sistema en su conjunto desde hace cuatro décadas.

Esta inestabilidad sistémica ha ido impregnando a las sociedades de nuestro tiempo y generando un clima social de temor e incertidumbre que favorece la emergencia de fenómenos políticos identitaristas que, so pretexto de crítica al globalismo y cosmopolitismo neoliberal, amenazan de forma efectiva el sistema institucional de derechos y libertades asentadas después de 1945 en Europa y de 1978 en España.

En España la crisis se ha llevado por delante buena parte del andamiaje de legitimidad del régimen del 78; el resto ha sido complementado por la acción del deterioro institucional asociado al enfrentamiento entre la Generalitat de Cataluña y las instituciones del Estado.

Es verdad que estas instituciones funcionan y que lo hacen de acuerdo con las reglas constitucionales. Pero han quebrado dos pilares fundamentales para la estabilidad del régimen político: el acuerdo social y el territorial.

El primero por la desaparición efectiva de la representación del trabajo en la concertación con el capital para la orientación de las políticas económicas y sociales y la consiguiente merma en la efectividad de los derechos sociales de las capas subalternas.

El segundo por el abismo de desconfianza sembrado por la sentencia del Tribunal Constitucional 31/2010 hacia el Estado entre una parte significativa de la sociedad catalana que había confiado en el ordenamiento jurídico del 78 para avanzar en el autogobierno.

Como antes se ha señalado, funcionan las instituciones pero se han quebrado los lazos de conexión entre algunas de ellas y, lo que es más importante, entre ellas y los distintos sectores sociales. La aparición de estos desajustes dificulta extraordinariamente la solución de los problemas más graves de la sociedad española y favorecen la polarización extrema en torno a cada una de ellos.

La democracia como forma de fomentar las diferencias y los conflictos en una sociedad compleja se ve amenazada por dos factores de notable relevancia. De un lado la pretensión, permanentemente alegada por los sectores sociales dominantes, de que la complejidad de los asuntos públicos requiere de conocimientos expertos que aconsejan mantener a la población alejada de su conocimiento y participación. Y de otro, la construcción de un enemigo para legitimar la gestión autoritaria de lo público como forma de defensa contra el enemigo (el terrorista, el musulmán, el inmigrante, el catalán independentista).

Tecnocracia y populismo autoritario se complementan y se suceden entre sí para arrinconar la democracia como trasto inservible en nuestras sociedades. Después del proyecto desdemocratizador de Rajoy, presuntamente legitimado por las restricciones objetivas derivadas del mandato de los mercados financieros (en realidad, de la imposición por la fuerza de los intereses de los acreedores en detrimento de las necesidades de las mayorías), un proyecto explícitamente contrademocrático impulsado por las derechas políticas que no aceptan el propio juego institucional para el cambio de un gobierno infectado por la corrupción sistemática del partido que lo sostenía.

Un proyecto que se pretende legitimar con la invocación de una unidad nacional pre o, más bien, aconstitucional. En torno a la consigna de unidad nacional y en contra de las aspiraciones autodeterministas en Cataluña, torpemente dirigidas por los líderes de la antigua Convergencia, se está pretendiendo impulsar una movilización nacionalista, esta sí claramente anticonstitucional y antidemocrática, con la que combatir la osadía de las izquierdas al desalojar al PP del Gobierno mediante el uso de la moción de censura prevista en el artículo 113º de la Constitución.

La crisis del régimen del 78 entra así en una nueva fase con la que, so pretexto de la defensa de la Constitución, las derechas políticas desatan una ofensiva destinada a hacer retroceder los tímidos intentos del Gobierno y sus socios para revertir, siquiera parcialmente, la devastación social producida por las políticas austeritarias aplicadas desde el 2010.

Al servicio de esta ofensiva se movilizan cuantos falsos debates es capaz de instrumentar la derecha través de sus altavoces mediáticos y de algunas instituciones del Estado. Ayudados, es verdad, por algunas desafortunadas decisiones gubernamentales así como el empeño de un sector de la izquierda atemorizada con su desaparición del candelero a través del debate sobre la Monarquía, cuyo deterioro institucional parece hacer innecesaria cualquier iniciativa al respecto.

La sentencia del Tribunal Supremo sobre la atribución de la condición de sujeto pasivo del impuesto sobre actos jurídicos documentados vuelve a mostrar otra grieta en el acuerdo social indispensable para la convivencia colectiva.

El fallo volviendo a declarar sujeto pasivo al prestatario, aunque era la doctrina vigente, ha levantado un fuerte rechazo en la sociedad en la que está muy vivo el sentimiento de injusticia por la forma en la que se ha saldado el pinchazo de la burbuja inmobiliaria dejando en la cuneta a miles de familias y rescatando con recursos públicos a las entidades financieras que habían precipitado el colapso.

Esta sentencia evidencia el carácter de clase de la justicia y puede provocar una movilización social de rechazo entre las capas subalternas. El Gobierno lo ha visto y ha anunciado un cambio legal para declarar sujeto pasivo a las entidades prestamistas en favor de quienes se constituye la hipoteca. Se trata de una medida cuya eficacia podrá completarse si se inscribe en el marco de una reforma sustancial de las políticas fiscal y de vivienda. Y estas, a su vez, haciendo parte de un nuevo marco constitucional de legitimación, con la reforma constitucional. Una reforma constitucional para un nuevo acuerdo social.

Lo que constituye o debería hacerlo el objetivo central de la causa democrática en estos momentos sería el impulso a las medidas contenidas en el Acuerdo Gobierno/Podemos para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado para 2019, así como la instrumentación de un ámbito de diálogo con el gobierno de la Generalitat para salir del actual impasse político.

La consecución de estos objetivos exige un esfuerzo sostenido por las fuerzas políticas democráticas para asentar un clima de diálogo sobre los verdaderos problemas de la sociedad española, que nada tienen que ver con los falsos debates que pretende imponer la derecha política. Un diálogo que debería inscribirse en la perspectiva de una sustancial Reforma Constitucional y en el que hay que comprometer a los más amplios sectores de la sociedad. Frente al clima de crispación que busca la derecha, las ciudadanas y ciudadanos debemos ser capaces de imponer la agenda de los problemas que nos afectan. Esta será la auténtica condición de posibilidad y éxito para situarnos en la senda de madurez y responsabilidad de una sociedad adulta, libre y democrática. ________________

José Errejón Villacieros es administrador civil del Estado.