El patrimonio audiovisual tiene un papel fundamental como fuente de conocimientos y de memoria colectiva. Así lo señaló la Asamblea General de Naciones Unidas al designar el 27 de octubre como el día en el que reconocemos la importancia y el valor de las imágenes en movimiento. Además, se muestra públicamente el poder de esta forma de lenguaje para la libre circulación de las ideas y la construcción de imaginarios de paz en la conciencia colectiva.
Añadido a todo ese valor inmaterial, es necesario señalar que el patrimonio audiovisual es un sector económico en expansión. Los ingresos generados por la producción de contenidos audiovisuales y la contribución al PIB español están en continuo crecimiento. De igual manera, el empleo generado por el sector está siendo una de las palancas impulsoras de la recuperación económica después de la pandemia. Como avanzamos en el Informe sobre el estado de la cultura 2022 de la Fundación Alternativas, el crecimiento que produce el audiovisual viene impulsado por un cambio de hábitos en el consumo cultural. Se espera que se generen ingresos de 214 mil millones de euros para 2027. Son cifras que nunca hubiéramos imaginado, en las que la digitalización es un elemento crucial.
La nueva norma tiene como objetivo incrementar la producción audiovisual en España un 30%, destinando más de mil seiscientos millones de euros para el periodo 2021-2025
Con este contexto de vientos favorables, el Estado español presentó en Bruselas el Plan de Recuperación para nuestro país con un amplio apartado dedicado a la creación del España Hub Audiovisual de Europa. En este marco se ha desarrollado también un paquete regulatorio que incluye la Ley General de Comunicación Audiovisual que llegó con año y medio de retraso para la transposición de la Directiva Europea de Servicios de Comunicación Audiovisual. Con la nueva norma se da entrada a los nuevos agentes, formatos y servicios, buscando también la protección de la diversidad cultural ante un entorno complejo y globalizado. Una de las novedades que incluye esta regulación es la creación de un Registro estatal de prestadores de servicio de comunicación audiovisual, regularizando actividades como las generadas por influencers y otros agentes establecidos o que operen en España.
Más allá de la polémica surgida en torno a la producción independiente, esta nueva Ley lleva incorporada la protección de la diversidad a través de distintas obligaciones. Como ejemplo, la referida al catálogo de la televisión lineal, que debe contar con un mínimo del 51% de obra de producción europea, con especial presencia de los contenidos en castellano y las demás lenguas oficiales.
Algunos de los flecos sueltos en la Ley de Comunicación Audiovisual esperan ser recogidos por la Ley de Cine y Patrimonio Audiovisual que aún tiene que pasar el trámite parlamentario. En este caso, la nueva norma tiene como objetivo incrementar la producción audiovisual en España un 30%, destinando más de mil seiscientos millones de euros para el periodo 2021-2025. Es este texto normativo el que se encargará también de preservar el patrimonio audiovisual mediante ayudas a la protección de obras cinematográficas y las salas de exhibición.
Otra de las cuentas pendientes que pretende saldar la Ley del Cine es la creación del Consejo Estatal de la Cinematografía y la Cultura Audiovisual. Será un órgano que deberá favorecer la colaboración público-privada y elaborar un plan estratégico que acompañe el desarrollo del sector.
Con este panorama esperamos que exista un amplio campo de oportunidades para el empleo y las iniciativas empresariales. Será necesario también que se genere una oferta formativa adecuada para cubrir la demanda de profesionales que está empezando a acelerarse. Tendremos así la evidencia de lo que significa la recuperación creativa de la economía. Este será uno de los temas que abordará en noviembre el Foro de Industrias Culturales de la Fundación Alternativas en Sanlúcar de Barrameda. Es importante conocer la experiencia de responsables de las industrias culturales y de la formación para buscar intereses comunes. También Sanlúcar ha sido sede de rodajes de producciones internacionales y toda la provincia de Cádiz es un hervidero de proyectos culturales innovadores. Podrá ser esta una oportunidad para aportar ideas a otros territorios.
Sin duda son muchos los esfuerzos que se están realizando para dinamizar la economía y el empleo, digitalizando procesos y modernizando sectores punteros. Sin embargo, la velocidad de los cambios es tal que está siendo complicado cubrir la demanda de determinados perfiles profesionales. Dice Marina Mazzucato que la formación en competencias a largo plazo es una fuente que proporciona resistencia ante las crisis. Este es un momento de “experimentación forzada” y las industrias culturales no deben ser ajenas a esta situación.
Nos encontramos ante uno de los grandes desafíos que tenemos como país. Contamos con una lengua que compartimos con más de quinientos millones de personas en el mundo. Este es un dato determinante para impulsar las industrias de contenido en español. Pero para ello es necesario retener el talento e impulsar la innovación, además de dotar a los profesionales de las habilidades necesarias para construir el futuro.
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Inma Ballesteros es directora de Cultura y Comunicación en la Fundación Alternativas.
El patrimonio audiovisual tiene un papel fundamental como fuente de conocimientos y de memoria colectiva. Así lo señaló la Asamblea General de Naciones Unidas al designar el 27 de octubre como el día en el que reconocemos la importancia y el valor de las imágenes en movimiento. Además, se muestra públicamente el poder de esta forma de lenguaje para la libre circulación de las ideas y la construcción de imaginarios de paz en la conciencia colectiva.