Plaza Pública
España, un buen país para el gran fraude fiscal
En España se calcula que el monto de fraude, evasión y elusión asciende a unos 60.000 millones de euros. Este fraude se combate, con unos medios limitados, desde la Agencia Tributaria (AEAT). Se considera que el 70% de este fraude es causado por grandes empresas o grandes fortunas.
Nuestro fraude está en torno al doble de la media europea, por lo que, si se lucha contra él con todos los medios, solo con igualar la media europea, podría reducirse en unos 30.000 millones de euros.
Este volumen de fraude tiene un peso importante en que la presión fiscal que tenemos en España –los impuestos que se cobran con respecto a la cifra de PIB– sea tan baja comparada con la Eurozona. Esta diferencia representa aproximadamente un 6% del PIB menos de ingresos, o sea unos 70.000 millones de euros.
Vamos a analizar POR QUÉ tenemos ese enorme fraude:
- En primer lugar, porque España es el país europeo que tiene menos personal en las administraciones tributarias, 53 personas por millón de habitantes, frente a la media europea de 86 personas por millón de habitantes. O sea, un 40 % menos que en Europa. Alemania tiene una administración tributaria de 132 personas por millón, o sea un 150% más. Estas administraciones son las responsables de evitar el fraude, la evasión y la elusión. Sin duda, nuestro enorme monto de fraude, evasión y elusión se reduciría si tuviéramos el mismo nivel de personal en las administraciones tributarias que la media europea.
- Además, teniendo poco personal, aunque tenga una magnífica formación y un excelente sistema informático, el plazo de prescripción para poder “pillar “a los grandes defraudadores es solo de 4 años. Por ello, la inspección tendría que ser exageradamente eficaz, para poder encontrar a esos grandes defraudadores, que cuentan con un soberbio asesoramiento fiscal, en ocasiones de exinspectores de Hacienda en excedencia.
El límite para los grandes fraudes, o sea los de más de 600.000€, que son delito fiscal, tienen un plazo de 5 años, aunque otros delitos de similar gravedad tienen un plazo de 10 años. Por ello, aunque sea un gran delito, se tiene un plazo muy corto para detectarlo.
- A la situación anterior hay que sumarle que el volumen de jueces y fiscales que tenemos en España es la mitad que el del resto de Europa, y que su formación en temas fiscales es muy limitada, por lo que incluso en el supuesto de haberse detectado y perseguido en el corto plazo de 5 años, se tardarán otros muchos años en lograr tener una sentencia que les condene. Hay que mencionar también las diversas argucias legales que sin duda utilizan los bufetes que asesoran a los grandes defraudadores, para dilatar y llegar a atenuar o anular enormemente las penas.
- Por otra parte, un grupo importante de especialistas, los técnicos de Hacienda, que representan la tercera parte del personal, tienen un techo de investigación de 4 millones de euros de facturación de las empresas para actuaciones de carácter general. Eso implica que solo pueden inspeccionar a las muy pequeñas empresas. Si confluyéramos con Europa, se aumentaría dicho límite, ya que en Europa se considera pequeña empresa a la que factura 10 millones de euros.
CONCLUSION: si el volumen de personal de inspección es muy reducido, y más todavía para investigar a los grandes defraudadores, y los pocos que hay solo tienen un plazo de 4 años para “pillarlos”, el resultado es evidente: España es un buen país para el gran fraude fiscal.
Y así seguirá siendo si no se modifica el Proyecto de Ley contra el Fraude actualmente en el Congreso de los Diputados, ya que no incluye ninguna de estas mejoras necesarias para reducir ese fraude: no aumenta la plantilla, no aumenta el techo de inspección de los técnicos, no aumenta el plazo de prescripción de la investigación ni tampoco el del delito fiscal.
La Plataforma por la Justicia Fiscal, la mayor coalición de la sociedad civil en fiscalidad, ha solicitado estos cambios en la Ley contra el fraude. Estas propuestas están incluidas en las enmiendas presentadas pero deben aprobarse en el Congreso.
Desde el punto de vista económico, solo la primera de nuestras propuestas, aumentar la plantilla, tiene algún coste. Pero es que la AEAT ha disminuido su gente de unos 28.000 en 2008 a unas 25.000 en 2020. Este mayor coste en inspección fiscal es en realidad una inversión, no un gasto, porque producirán muchos beneficios para el resto del Estado en muy poco tiempo.
Si tuviéramos la presión fiscal europea no habría apenas paro
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El resto de propuestas que la Plataforma por la Justicia fiscal está haciendo no tiene coste económico ni político para los españoles y es evidente que de esa forma se podría reducir el gran fraude y mejorar los ingresos para toda España.
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Miguel GorospeMiguel Gorosp es coordinador de la Plataforma por la Justicia Fiscal
