En España las pensiones no hablan francés
La Constitución española obliga, en su artículo 50, a los poderes públicos a garantizar, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica durante la tercera edad. El acuerdo que se ha materializado en el Real Decreto-ley 2/2023, de medidas urgentes para la ampliación de derechos de los pensionistas, la reducción de la brecha de género y el establecimiento de un nuevo marco de sostenibilidad del sistema público de pensiones, supone dar carta de naturaleza legal y presupuestaria a las obligaciones que nos impone nuestra norma fundamental. La apuesta para cumplir con nuestro mandato constitucional es reforzar el nivel de ingresos con el propósito de pagar más y mejores pensiones. El reto es que este necesario incremento de la recaudación se haga vía cotizaciones, con la aspiración de que todos los salarios de las personas trabajadoras contribuyan en proporciones idénticas a mantener el sistema de seguridad social. De esta forma hemos consolidado una estructura pública de previsión que va a proporcionar a los futuros pensionistas un nivel de vida digno y suficiente.
El pacto logrado entre los sindicatos y el Gobierno, con el importante aval de la Comisión Europea, va destinado a proteger y afianzar el sistema y su sostenibilidad, lo que va a permitir incrementar la cuantía y el número de prestaciones públicas
En la primera fase, acordamos sindicatos, asociaciones empresariales y Gobierno garantizar la revalorización de las pensiones de acuerdo a la subida del coste de la vida, conscientes de que tan relevante es la fórmula empleada para el cálculo de la pensión inicial como la aplicada para la actualización de ésta. El pacto logrado, en esta segunda etapa, entre los sindicatos y el Gobierno, con el importante aval de la Comisión Europea, va destinado a proteger y afianzar el sistema y su sostenibilidad, lo que va a permitir incrementar la cuantía y el número de prestaciones públicas. Las medidas negociadas combaten la brecha de género, equipararán la pensión mínima al importe del SMI y mejoran la protección de personas jóvenes, autónomas o fijas discontinuas.
En Francia, en cambio, la reforma del sistema público de pensiones ha originado una fuerte contestación social, encabezada por los sindicatos, con huelgas y protestas masivas en las calles. Nuestro país vecino ha ampliado el número de años necesarios para obtener la pensión de jubilación completa hasta los 43 años. El sistema galo también necesita un periodo de 25 años para el cálculo de la base reguladora; sin embargo, el importe de la pensión sólo supondrá el 50% de esa base para quien haya cotizado todos los años. En Francia, a las personas que no reúnen todo el periodo se les reduce un 2,5 % anual sobre ese cincuenta. Es decir, si se jubilaran a los 65 años con 38 cotizados, su pensión alcanzaría al 37,5 % de su base reguladora y no del 100 como ocurre en nuestro país. Así, para poder acceder a la máxima prestación a la nueva edad de jubilación de 64 años, un francés deberá haber trabajado sin interrupciones desde los 21 años. Carreras laborales cada vez más tardías van a provocar que, para disfrutar de una pensión digna, nuestros vecinos tengan que retrasar su tiempo de retiro mucho más allá de los 67 años. La situación será aún peor para las mujeres, lo que aumentará la brecha de género, y los jóvenes, ambos con carreras laborales muy irregulares, que tendrán que esperar hasta edades inimaginables si quieren disfrutar de una pensión de jubilación sin reducción. Este tipo de recortes se han extendido por todo el complejo sistema de protección social galo. El resultado es que, en Francia, la pensión de jubilación no alcanza el 60 % del último salario en activo, mientras que en España se sitúa por encima del 80%.
La oleada de movilizaciones que estamos viendo en nuestros vecinos ha movido al Gobierno Macron a incrementar la cuantía de la pensión mínima; sin embargo este aumento, logrado por la presión sindical francesa, de momento sólo supone un 70% de su SMI.
Una simple lectura de la reforma de uno y otro régimen público de pensiones nos hará entender la reacción sindical a cada lado de los Pirineos.
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Fernando Luján de Frías es Vicesecretario general de Política Sindical de la Unión General de Trabajadores (UGT).
