Las cosas son como son: por más que se lo quiera usar como arma arrojadiza, un martillo es un martillo y sirve para clavar. Un servicio secreto es secreto, como su nombre indica, pero también es servicio, servicio público por más señas. Esto significa que, en las democracias, toma su sentido en el ámbito de la gestión de lo público propia de la Administración Pública al servicio del poder ejecutivo. En otras palabras, que no es posible, no debiera ser posible, ninguna acción del servicio secreto al margen del poder político de turno.
Viene esto a cuento de la reciente polémica respecto del uso del programa Pegasus para monitorizar la actividad de ciudadanos por parte del Centro Nacional de Inteligencia. El CNI es un servicio público, como lo es la Seguridad Social, aunque dedicado a otros menesteres que le debe indicar de manera pormenorizada el poder ejecutivo mediante una Directiva de inteligencia. Este es el marco de actuación del Centro y no otro. Si se ve en la necesidad de superarlo precisará de una autorización judicial a cargo de un magistrado del Tribunal Supremo expresamente encargado de ello. Es precisamente lo que ha justificado muy atinadamente en comparecencia parlamentaria la directora del Centro. Quedan, por tanto, fuera del foco de este problema otros sucesos como la intrusión en los teléfonos del presidente, ministros y altos cargos (gravísimo problema), o la monitorización de ciudadanos sin autorización judicial (igualmente gravísima).
Tanto la gravedad de estos dos últimos hechos como la “normalidad” del primero se ubican, sin embargo, en un marco fáctico que sorprende que pase desapercibido por la multitud de opinadores y políticos airados que están desmenuzando los hechos. Sospecho que intereses políticos de distinto pelaje se han aliado para pasar de puntillas por lo que les voy a exponer a renglón seguido.
La crisis catalana, que emerge en 2011 por la negativa a negociar del primer gobierno Rajoy (investido el 20 de diciembre de ese año), se consolida en las elecciones autonómicas de septiembre de 2015 y cristaliza en el “referéndum de autodeterminación” del 1 de octubre de 2017 y la posterior aplicación, el 27 de octubre, del artículo 155 de la Constitución por el que el gobierno de Rajoy suspendió la autonomía de Catalunya. El 1 de junio de 2018, Rajoy perdió la moción de censura y el cargo de presidente del Gobierno. Distintas fuentes apuntan que el CNI adquirió Pegasus entre 2011 y 2015, y que en este último año se creó en el Centro una “Unidad de defensa de los principios constitucionales” al amparo de la Directiva de inteligencia entonces vigente. Seamos claros: los hechos acontecidos entre 2011 y junio 2018 se producen bajo mandato del gobierno Rajoy; esto incluye que tanto la crisis catalana como la actuación del CNI en ese período incluía la monitorización de Puigdemont y de otros políticos y activistas.
La responsabilidad política de lo acontecido en el 'catalangate' no es del CNI ni de su ahora directora (Sra. Paz Esteban), sino de los políticos entonces al mando: hasta 2018 doña Soraya y desde junio de 2018 doña Margarita
No hay que mirar al dedo, sino a lo que este apunta: a la luna. Y la luna se llama gobierno Rajoy y en esa luna de 2011 el CNI estaba adscrito al ministerio de Presidencia cuya titular era la vicepresidenta Sra. Soraya Sáenz de Santamaría. En la luna del Gobierno de Pedro Sánchez el CNI vuelve a estar bajo el paraguas del Ministerio de Defensa cuya titular es Margarita Robles. Claro y catalán: la responsabilidad política de lo acontecido en el catalangate no es del CNI ni de su ahora directora (Sra. Paz Esteban), sino de los políticos entonces al mando: hasta 2018 doña Soraya y desde junio de 2018 doña Margarita. Parte de esa responsabilidad puede estar cubierta por autorizaciones judiciales al respecto. Parte puede que no y habría que ver a quién alcanza esa gravísima responsabilidad. Así, tanto en este último hecho como en el caso de los agujeros de seguridad en las comunicaciones del Gobierno, habría que dilucidar a quién, cómo y en qué medida hay que depurar.
Lo que está claro es que en el catalangate, en la parte que se acredita, el Centro actuó con supervisión judicial a las órdenes del Gobierno de entonces, a cuyos miembros en su caso deberíamos exigir responsabilidades, y también a sus sucesores en el Gobierno por no haber revisado lo actuado hasta entonces (a no ser que quieran ser solidarios de dicha actuación). Para resumir, si se quieren otras actuaciones del Centro modifíquense las reglas del juego: las Directivas de inteligencia, las instrucciones o incluso los principios constitucionales (hasta qué punto deben ser estos inalterables puede ser tema de otro artículo). Mientras tanto, los excargos del gobierno Rajoy pasan de puntillas por Pegasus. Haya Paz.
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Ramon J. Moles es profesor de Derecho Administrativo.
Las cosas son como son: por más que se lo quiera usar como arma arrojadiza, un martillo es un martillo y sirve para clavar. Un servicio secreto es secreto, como su nombre indica, pero también es servicio, servicio público por más señas. Esto significa que, en las democracias, toma su sentido en el ámbito de la gestión de lo público propia de la Administración Pública al servicio del poder ejecutivo. En otras palabras, que no es posible, no debiera ser posible, ninguna acción del servicio secreto al margen del poder político de turno.