Más impuestos para los rentistas y ninguna casa para especular

No hace falta consultar el CIS para saber que lo que más preocupa a la ciudadanía, de forma real y en primera persona, es el acceso a la vivienda, a disponer de un hogar. Y, aunque la maquinaria capitalista se esfuerce (pagando) en que nos preocupemos por otras cosas como la inmigración o intenten confundir, señalando como problemática de la vivienda algo sumamente residual como la okupación, la realidad es que no existe conversación con amigos, familiares, compañeras de trabajo o incluso de ascensor en la que no salga la subida de precios del alquiler o la imposibilidad de comprar un piso.

Llevamos 41 trimestres al alza de precios en la vivienda, lo que se traduce en que mucha gente paga lo mismo hoy por una habitación que hace una década por un piso. Las izquierdas, y sería cutre medírsela, hemos intentado durante los últimos seis años, con mejor o peor aritmética, intervenir el mercado, pero la realidad es que los avances legislativos han sido muy insuficientes y han disparado mucho la frustración política. La última fue esta semana última, cuando la alianza entre PP, VOX y JUNTS tumbaron nuestra proposición de ley que, de la mano de los sindicatos de inquilinos y otros partidos, pretendía regular el alquiler de habitaciones y de temporada para cerrar así brechas que quedaron pendientes en la ley de vivienda. Una derrota muy amarga tanto por el contenido, urge bajar los alquileres (¡hay gente suicidándose!) como por las formas parlamentarias. En política, como en la vida, se debe cumplir la palabra. Junts, no diré que me sorprenda, cambió su posición dos minutos antes de la votación. Se ha escrito mucho sobre sus razones. La realidad es que, como han hecho siempre, su patria es la cartera.

Las casas son para vivir y para ello debemos intervenir en el mercado

Lo lógico, lo sensato, lo humano, es preguntarse ¿y ahora qué? Hay dos opciones. Dejar que el malestar social se pudra, abonar la idea de que la política no sirve para nada y poner la autopista a la extrema derecha. O asumir la correlación de fuerzas que existe y cooperar con los movimientos sociales, pie en la calle y pie en la institución, para que todo el malestar se transforme en presión social para cambiar las cosas.

Para ello, debemos deconstruir marcos muy asentados sobre todo en los círculos menos politizados. No, en España no te okupan la casa cuando vas a comprar el pan. Ni tampoco la mayoría de los caseros son viudas jubiladas como Concha, de Aquí No hay quien Viva. De hecho, solo el 6% de las personas adultas son caseras. Desde 2008, más de la mitad de las casas que se compran lo hacen empresas con más de ocho inmuebles y la mayoría –en el País Valencià más de 7 de cada 10– las pagan a tocateja. Especular en ladrillo es mucho más rentable que en bolsa. En España pagas más impuestos por trabajar que por vivir de las rentas de los pisos heredados de tu abuelo, y la banca privada todavía no ha devuelto el dinero público de su rescate.

Efectivamente, existen dos posiciones; quienes defienden su derecho a especular, hacer negocio y tratar la vivienda como un activo financiero. Y la de quienes defendemos la vivienda como un derecho.

Las casas son para vivir y para ello debemos intervenir en el mercado en base a los artículos 1, 47 y 128 de la Constitución. La propuesta que lanzamos para los próximos Presupuestos Generales es sencilla, aunque a Patxi López le parezca extrema, solo se pueden comprar casas para vivir, abolir las Golden Visa, las rentas del capital deben pagar más impuestos que las rentas del trabajo, ampliar el parque público de vivienda, condicionar los fondos estatales a que las CCAA apliquen la ley de vivienda y hacer indefinido el alquiler para favorecer tanto bajada de precios como el arraigo en los barrios.

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Alberto Ibáñez i Mezquita es portavoz de Vivienda del Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar y diputado de Compromís.