Ayuso acaba de presentar en pleno mes de julio una nueva Ley Ómnibus para la cual ha dejado el ridículo plazo de siete días para información pública y que ciudadanía, entidades o ayuntamientos puedan alegar sobre las diez leyes que pretende reformar del tirón. Entre ellas se incluye la reforma completa de la Ley de Protección de Animales de Compañía de 2016 para adaptarla a la nueva ley estatal de 2023, la de protección del Arbolado Urbano, la de Evaluación Ambiental, la de Política Territorial, y por supuesto, como no podía ser de otra manera, otra vez, y ya van 19, la ley autonómica del Suelo 9/2001.
No es la primera vez que Ayuso usa esta chapucera argucia legislativa. De hecho, esta es la tercera Ley Ómnibus que Ayuso trae a la Asamblea de Madrid en tres años. La primera fue publicada en la Navidad de 2021, también en periodo vacacional y por el trámite de urgencia, y con ella se reformaban 33 leyes y 7 decretos, entre otras, como ahora, la Ley del Suelo, la de Política Territorial y 8 leyes medioambientales. A pesar de las protestas de más de 40 entidades ciudadanas, incluida la Federación de Municipios de Madrid, la norma se aprobó finalmente en diciembre de 2022 sin apenas cambios. Un año más tarde, también de urgencia, se aprobó una segunda Ley Ómnibus que reformaba del tirón otras 15 leyes que no tenían nada que ver entre sí, incluida de nuevo la del Suelo y varias ambientales, pero destinada sobre todo a laminar los mecanismos de control y rendición de cuentas de la Comunidad de Madrid.
Ahora aprovecha otro periodo casi vacacional para, otra vez de urgencia, presentar esta “Ley de Medidas para un Desarrollo Equilibrado en Materia de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio”. Es difícil titular a este engendro jurídico de una forma más pomposa y vacía de contenido. La realidad es que, otra vez, Ayuso emplea la misma herramienta para, sin justificarlo de ninguna manera, reformar por el trámite de urgencia y en un mismo trámite muchas leyes que nada tienen que ver entre sí. Aunque en realidad las tres Ómnibus comparten los mismos fines. Liberar a Ayuso de trabas legales y administrativas para hacer lo que quiera en la Comunidad de Madrid aprovechando su mayoría absoluta… no sea que esta no dure tanto como parece.
Con ello, consigue varias cosas. Al eliminar el trámite ordinario de consultas públicas previas y reducir el plazo de información pública a siete días en verano, pilla completamente desprevenidas a todas las asociaciones y entidades concernidas por estas leyes, en particular todas aquellas más activas que tienen que ver con el medio ambiente, el urbanismo y la protección de los animales. Muchas de ellas han decidido en esta ocasión no alegar y presentar escritos de protesta por este atropello a la participación pública. A los Ayuntamientos, directamente afectados por todas estas reformas, se les impide opinar en la práctica por falta de tiempo material.
Sin duda este modo de proceder impide o al menos dificulta sobremanera la participación social en los asuntos públicos. Pero, además, la elección de los periodos vacacionales permite que estas iniciativas pasen más desapercibidas por la opinión pública. Así, al mezclar temas muy variopintos, consigue diluir el interés de los medios de comunicación: en lugar de fijarnos en lo que significan 58 reformas legislativas independientes con sus variopintas consecuencias, Ayuso, como buena trilera, lo hace de tres tacadas, de forma que mientras estamos hablando de los perros de caza, no pensamos en la tala de árboles o en la construcción de infraestructuras en suelo no urbanizable. Hay que elegir el titular.
Ayuso, como buena trilera, lo hace de tres tacadas, de forma que mientras estamos hablando de los perros de caza, no pensamos en la tala de árboles o en la construcción de infraestructuras en suelo no urbanizable
El anteproyecto publicado en el portal de transparencia de la Comunidad es un texto de 75 páginas con más de 110 artículos y disposiciones, al cual la ciudadanía sólo ha podido alegar del 11 al 19 de julio. ¿Pero qué urgencia puede haber en julio para modificar todas estas leyes cuando la Asamblea de Madrid está cerrada y no puede tramitar textos legislativos hasta octubre? Tiene gracia además que en la exposición de motivos hablen de “los principios de buena regulación”, de ”proporcionalidad”, de “coherencia” o de “transparencia”, en este caso por el simple hecho de que ha sido publicado —como es obligatorio— en el portal de transparencia.
Por otra parte, más allá de las nefastas formas a las ya que nos tiene acostumbrado el PP de Ayuso, el fondo de las propuestas es también muy preocupante. Se modifican 68 disposiciones de la Ley del Suelo vigente, algo sorprendente dado que se ha anunciado en reiteradas ocasiones una nueva ley integral del suelo para esta legislatura que llegaría este mismo otoño. Muchas de las modificaciones van encaminadas, como en la primera Ómnibus, a facilitar la liberalización de suelo para construir viviendas en zonas originalmente reservadas a otros usos sociales y equipamientos educativos, sanitarios, culturales; incluso permite construir infraestructuras de alto impacto, como las energéticas o de tratamiento de residuos en suelo no urbanizable. Para redondear el panorama, se suprime la obligación de evaluación de impacto ambiental para las gasolineras, crematorios y campos de golf que no estén afectados por sus dimensiones en la legislación estatal. Y, además, se habilita al Consejero a determinar mediante una simple orden del departamento qué proyectos no van a provocar efectos adversos sobre los espacios protegidos o la Red Natura 2000 y no van a necesitar informe ambiental, porque él así lo decida (porque él lo vale), sin prueba técnica al respecto, eludiendo así cualquier control y transparencia en materia medioambiental.
Muy significativo es el establecimiento de excepciones a la prohibición general de tala de arbolado urbano, añadiendo un artículo de “compensaciones por tala” gracias al cual, en lugar de plantar árboles en compensación por los que se talan se puede pagar su precio “cuando no exista espacio disponible en el municipio para la plantación”. Una clara puerta trasera para eludir la obligación de plantación y que viene sin duda motivada por la sucesión de talas indiscriminadas protagonizadas en los últimos tiempos por Almeida en toda la ciudad y por la propia Ayuso en la ampliación de la Línea 11 de Metro.
Y por supuesto, en el colmo de la aberración legislativa, aprovechan una ley ómnibus para la adaptación completa de la ley autonómica de Protección de Animales de Compañía 4/2016, a la nueva ley estatal 7/2023 de Bienestar Animal. Dadas sus características e importancia y la ausencia de urgencia alguna, debería sin duda tramitarse como una ley separada, con su propio trámite de información pública y su tramitación parlamentaria independiente.
Sacar a información pública textos legislativos tan complejos solo durante siete días, sin ninguna publicidad y en periodos cuasi vacacionales demuestra hasta qué punto a Ayuso le importa poco o nada la opinión de los madrileños. Prometió llenar el cielo de Madrid de grúas y para ello está dispuesta a atropellar con su ómnibus cualquier síntoma de oposición o contestación social. Libertad, pero para talar árboles y facilitar pelotazos urbanísticos.
Alejandro Sánchez es diputado portavoz de Medio Ambiente de Más Madrid-Verdes Equo.
Ayuso acaba de presentar en pleno mes de julio una nueva Ley Ómnibus para la cual ha dejado el ridículo plazo de siete días para información pública y que ciudadanía, entidades o ayuntamientos puedan alegar sobre las diez leyes que pretende reformar del tirón. Entre ellas se incluye la reforma completa de la Ley de Protección de Animales de Compañía de 2016 para adaptarla a la nueva ley estatal de 2023, la de protección del Arbolado Urbano, la de Evaluación Ambiental, la de Política Territorial, y por supuesto, como no podía ser de otra manera, otra vez, y ya van 19, la ley autonómica del Suelo 9/2001.