Una medida injustificable: el aumento de las retribuciones de los empleados públicos

Nadie, que yo sepa, ha ofrecido desde el Gobierno una explicación clara de por qué se ha incluido en el proyecto de Ley de Presupuestos, a última hora, una subida lineal y generalizada de las retribuciones de los empleados públicos en un 0,9 por ciento para el año próximo. Tampoco he oído por el momento a ningún portavoz de los partidos, ni los que suelen apoyar a este Gobierno ni los de la oposición, expresar una crítica clara y tajante de esa medida, al menos por el momento. Y eso a pesar de que una subida semejante, en un año de vacas tan flacas, con una deuda y un déficit público disparados, el enorme incremento de la tasa de paro que se espera y unas previsiones de inflación nada seguras, resulta francamente sorprendente; inclusive a muchos ciudadanos, los más damnificados por la actual situación, les parecerá hiriente en términos comparativos.

Sí conocemos, en cambio, la presión mediática que han venido ejerciendo los sindicatos del empleo público para conseguir ese aumento, que aún les parece escaso. Para ello han apelado una vez más a la supuesta pérdida de poder adquisitivo de los salarios de los funcionarios que se arrastra desde la última crisis económica, cuando se redujeron en un 5 por 100 y después se congelaron durante algunos años. Algo que se ha convertido ya en una especie de mantra indemostrable. Pues se omite que, a partir de 2015, esas retribuciones volvieron a subir, no mucho, aunque en un contexto de baja inflación; y no se menciona que, en virtud de las retribuciones complementarias por antigüedad, que benefician a la mayoría de una función pública muy envejecida, de las promociones internas y de la creación de nuevos complementos de carrera, la mayor parte de los empleados públicos se ha resarcido ya de aquella pérdida de poder adquisitivo, en algunos casos con creces. En fin, a partir de los acuerdos firmados entre el Gobierno y los sindicatos para el trienio 2018-2020, parte de los recortes anteriores han quedado compensados también con carácter general. Es un hecho, por ejemplo, que en este año de ERES, ERTES y frecuentes rebajas de sueldos en las empresas privadas, los empleados públicos hemos visto aumentar nuestras retribuciones más de un 2 por 100. Pero aun si se admitiera que todo eso no es suficiente para recuperar el nivel salarial de otros tiempos, no sería este el año más propicio para compensarlo.

Es obvio que el Gobierno conoce todos estos extremos, por lo que tenía sólidas razones para oponerse a unas demandas sindicales tan insensibles con lo que está pasando alrededor. Tampoco ha habido entre los empleados públicos durante este período de crisis una movilización generalizada y sostenida en favor de aumentos de sueldo. A muchos de ellos, en el sector sanitario y otros, nuestra sociedad les debe mucho, por supuesto. Pero sus quejas más frecuentes en estos meses de pandemia se refieren más a la falta de personal o de medios y seguridad en el trabajo que a insuficiencias salariales. Por lo demás, la subida proyectada no les supondrá gran cosa, entre 10 y 30 euros mensuales aproximadamente. Sin embargo, en su conjunto parece que se llevará entre 1.200 y 1.500 millones de euros presupuestados, cantidad con la que, si mis cálculos no fallan, podrían crearse entre 30.000 y 40.000 nuevos empleos públicos.

En realidad, no parece que el motivo real de esa medida sea otro que la influencia que algunos de los sindicatos mayoritarios tienen sobre los partidos en el Gobierno o el deseo de evitar cualquier enfrentamiento con ellos, así como un prejuicio ideológico de preferencia por “lo público” y la conveniencia de reforzarlo.

Ahora bien, una cosa es fortalecer el sector público y otra distinta satisfacer los intereses económicos de quienes ya son empleados públicos. Para lo primero importan hoy mucho más otras iniciativas tendentes a mejorar la eficacia de los servicios. Incluso en materia de empleo público en sentido estricto, quedan cosas importantes por hacer, tales como reducir finalmente la alta tasa de precariedad que existe en ciertos ámbitos, organizando las pruebas de selección necesarias, mejorar los procedimientos de acceso, en buena parte obsoletos, invertir en formación para facilitar la promoción profesional y la digitalización de la Administración o, en fin, regular de una vez el régimen de los directivos públicos profesionales para cubrir la mayoría de los cargos superiores con personal experto y en función de los méritos, en vez de por criterios de mera confianza política o personal.

En todo caso, destinar una partida tan importante de los Presupuestos a un aumento de sueldo de quienes ya tienen un trabajo, en su mayor parte absolutamente estable y dignamente retribuido, parece incoherente con la necesidad de abordar con todos los recursos disponibles el problema más grave que el país va a tener previsiblemente en el próximo año y sucesivos, que es el desempleo.

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Todavía queda tiempo para rectificar, aunque no haya precedentes de supresión o reducción en el trámite parlamentario de los aumentos salariales acordados por un Gobierno. Los partidos que apoyan a la actual mayoría deberían sopesar, no obstante, las consecuencias de una medida que gran parte de la sociedad puede percibir como injustificada y antisocial, así como reflexionar sobre la suerte que han corrido otros Gobiernos que dejaron de poner en el centro de sus políticas la creación de empleo, privado o público.

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Miguel Sánchez Morón es catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad de Alcalá.