Mensaje mafioso a todos los jueces: "Si te acercas a Podemos te vamos a joder la vida"

¿Qué está ocurriendo con la renovación del Consejo General del Poder Judicial y la posibilidad de que la magistrada Victoria Rosell pueda convertirse en vocal del mismo? En estos momentos, el espacio público está intoxicado por cientos de argumentos espurios al respecto de este asunto. Cientos de argumentos espurios que son fácilmente rebatibles y que, además de buscar el objetivo principal de excluir a Victoria Rosell del CGPJ, también sirven para ocultar la clave del asunto.

En primer lugar, se dice que el PP está proponiendo medidas para aumentar la independencia del poder judicial respecto del poder político. Creo que este argumento es el más estúpido de todos. De hecho, creo que hay que estar parcialmente lobotomizado para comprarlo. El PP que se trajo a García Castellón del extranjero para que librase a Cospedal, Fernández Díaz y Rajoy de sus casos de corrupción y cloacas, el PP que mantiene secuestrado de forma sediciosa el propio CGPJ desde hace casi cuatro años para poder seguir colocando jueces afines en las altas magistraturas, el PP que pretendía "controlar la sala segunda [del Tribunal Supremo] por detrás" en el primer amago de renovación del CGPJ tras la pérdida de su mayoría parlamentaria —ese PP— es evidente que se limpia el culo con la independencia judicial cada mañana cuando va a hacer sus necesidades al baño, y es insultar gravemente la inteligencia de los espectadores, oyentes o lectores sugerir lo contrario.

Se nos plantea a Podemos la misma dicotomía falsa e interesada que ya se nos planteó en verano de 2019 cuando el PSOE nos quería obligar a aceptar un papel testimonial en el gobierno

La consecuencia lógica directa de este hecho incontrovertible es que hace falta mucha inocencia para entrar a analizar el detalle de los criterios y condiciones que está poniendo el PP sin partir de la premisa de que existe un 99,9% de probabilidades de que haya truco. Pero bueno, asumamos por un momento ese optimismo antropológico tan desbordante que se puede extender incluso al partido más corrupto de Europa —tan parecido al pagafantismo— y del que se imbuyen en demasiadas ocasiones determinados "progresismos". Pensemos, por ejemplo, que un rayo divino ha caído sobre la sede de Génova y de repente han decidido dejar de robar dinero público y de comprar jueces para que les ayuden a no acabar en prisión. Imaginemos que el pecho del nuevo PP de Feijóo está ahora henchido de la noble causa de la independencia judicial y pasemos a estudiar su argumento principal para excluir a Victoria Rosell: que no se es independiente si uno pasa de un gobierno al CGPJ (ya sea directamente o antes de que pasen X años después de haber abandonado dicho gobierno).

Esto es una bobada por tantos motivos distintos que no sé ni por dónde empezar. Primero, el criterio asume que estar en un gobierno mancha absolutamente a todo el mundo y le arrebata su independencia. No importan los principios o las cualidades personales de la persona en cuestión. Segundo, invisibiliza el hecho de que no se puede capturar la afinidad con un criterio tan simple y hay —de hecho— miles de formas diferentes para que un partido político influya en un juez. Tercero y consecuencia de lo anterior, es absolutamente evidente que, cuando conozcamos los nombres de los candidatos propuestos por el PP, aunque cumplan este criterio, podremos comprobar con datos su fortísimo perfil político y su clara afinidad y dependencia del partido que los propone. ¿O hay alguien tan bobo como para pensar que el PP va a proponer candidatos independientes del PP? Como prueba del algodón de la independencia judicial, la condición de no provenir de un gobierno es bastante patética en términos de eficacia. Los magistrados y magistradas demuestran su independencia judicial mediante las sentencias que van dictando a lo largo de su carrera profesional. Si estas sentencias se ajustan a derecho, no bordean la prevaricación y no son retorcidas por la voluntad de algún poder político (o económico), entonces, hay independencia. En caso contrario, no la hay. Aclarado esto, cabe afirmar que Victoria Rosell es posiblemente una de las candidatas más independientes que se pueden proponer. Y si alguien me quiere rebatir esta atrevida afirmación, que me enseñe una sola sentencia dictada por la magistrada Rosell que carezca de independencia.

Una vez rebatidos los muy débiles argumentos de fondo, para el que quiera seguir defendiendo que hay que aceptar que Victoria Rosell no esté en el CGPJ solamente quedan las consideraciones táctico-estratégicas, que siempre son muy pantanosas, muy opinables y muy difíciles de establecer. ¿Cuál es, en este último campo, entonces, la consideración principal que se nos hace? Pues, básicamente, se nos plantea a Podemos la misma dicotomía falsa e interesada que ya se nos planteó en verano de 2019 cuando el PSOE nos quería obligar a aceptar un papel testimonial en el gobierno: O agacháis la cabeza y aceptáis la antidemocrática imposición o vais a perder una oportunidad increíble y muy posiblemente os vais a encaminar a un escenario de caos y destrucción en el que no solamente Podemos puede acabar muerto sino que también vais a provocar un daño irreparable al país. Dicho de otra forma: "es cierto que lo que os están intentando hacer es completamente injusto, pero lo más inteligente estratégicamente es aceptarlo".

En 2019, la terrible alternativa a claudicar era la repetición electoral, la matraca antipolítica de que a la gente le cansa votar y nos iban a culpar del fracaso a la hora de formar gobierno y la amenaza de que un hipotético partido de Errejón (que, según La Sexta, podía sacar hasta un 22% de los votos antes incluso de ser lanzado) nos iba a destrozar. Nosotros no aceptamos la dicotomía falaz, rechazamos la antidemocrática imposición, asumimos los riesgos y —por eso y solamente por eso— hoy tenemos el primer gobierno de coalición desde la recuperación de la democracia con un papel de Unidas Podemos en él bastante más relevante que el que se nos ofrecía en el verano de 2019. Sin ir más lejos, nunca estuvo el Ministerio de Trabajo encima de la mesa por aquel entonces. En 2022, el caos y la destrucción que se producirían si no aceptamos el veto a Victoria Rosell va desde perder la oportunidad de que haya personas "de izquierdas" en el CGPJ a, incluso, ser los culpables de "dar excusas al PP" para que pueda romper el acuerdo. (Nótese la curiosa estructura lógica de la frase anterior: es el PP el sujeto que rompe el acuerdo, pero, de algún modo, el culpable eres tú.) Respecto de la introducción de personas "de izquierdas", solamente decir que pudimos conseguir ese objetivo en el consejo de RTVE y el PSOE acabó pactando con el PP para que Pérez Tornero pudiera cortarle la cabeza a Jesús Cintora (entre otras muchas cosas más). El asunto es bastante más complicado que "meter a personas de izquierdas". Respecto de la posibilidad de que el PP se baje del acuerdo —por esta excusa o por cualquier otra; que parece que ahora están haciendo casus belli con la reforma del delito de sedición—, la solución es todavía más fácil: recuperar aquella reforma del método de elección del CGPJ que el PSOE llegó a firmar y utilizar la mayoría progresista del Congreso de los Diputados para arrebatar al partido sedicioso y corrupto su minoría de bloqueo. Procedimiento de urgencia, lectura única y en dos meses tenemos todo hecho.

Como comentaba al principio, todos estos argumentos tan fáciles de rebatir, además de para conseguir a cara descubierta el objetivo de evitar que Victoria Rosell entre en el CGPJ, tienen también un objetivo secundario pero no menos importante: el de mantenernos debatiendo sobre asuntos ambiguos, pantanosos, circulares o directamente estúpidos para no hablar del elemento fundamental que explica la situación. Y, con ello, acabo.

Cuando, en 2015, una magistrada de intachable trayectoria y de firme compromiso con la defensa de los derechos humanos decide dar un paso adelante valiente para presentarse como independiente en las listas de Podemos, saltan todas las alarmas en la derecha política, judicial y mediática. Ese paso iba mucho más allá de Victoria Rosell. Ese paso lanzaba un mensaje nítido: se puede ser jueza y acompañar a una fuerza política que no tiene miedo de tocar los privilegios de los poderosos para proteger a la gente trabajadora. Estoy seguro de que muchos jueces y juezas progresistas encontraron un motivo de orgullo y algo de esperanza en un sector tan conservador al ver a Vicky Rosell defendiendo la democracia mitin tras mitin. Y, por eso mismo, rápidamente se encendieron las alarmas en los lugares de poder y le pusieron precio a su cabeza. A principios de 2016, antes de la repetición electoral, el ministro corrupto del PP José Manuel Soria (contendiente directo de Rosell en la circunscripción de Gran Canaria) conspiró con un juez prevaricador para fabricar pruebas falsas e intentar destruir civil, personal y políticamente a la magistrada mediante el lawfare. Victoria Rosell dimitió de su acta de diputada para defenderse y, gracias a que aparecieron unos audios que incriminaban de forma irrefutable al juez delincuente, pudo darle la vuelta a la situación y, tras largos años de calvario, ver cómo —hace tan solo unos días — el juez Alba entraba en prisión. Al cerrarse este arco temporal, Vicky Rosell ya no solamente es una referencia para los magistrados progresistas que desean que su país sea más democrático y mejor; ahora también es un símbolo de que se puede vencer a las cloacas, a los jueces delincuentes, a los corruptos del PP y al lawfare.

Por eso el veto. Por eso el PP ha decidido continuar la cacería política contra ella. No pudo matarla civilmente mediante la utilización espuria de un juez corrupto y ahora se quiere cobrar su cabeza mediante un veto infame para que no pueda ser vocal del CGPJ. Porque todo esto siempre ha ido mucho más allá de Victoria Rosell. Porque todo esto siempre ha tenido un significado político que trasciende a las personas concretas. Porque, al iniciar la cacería en 2015 y también con su continuación en 2022, el PP también quiere lanzar un mensaje. Un mensaje mafioso a todos los jueces de España: "como te acerques a Podemos, como des un paso adelante para democratizar tu país y hacerlo mejor, que te quede claro que tenemos el poder suficiente como para joderte la vida."

Creo sinceramente que cualquier dirigente político o cualquier comunicador progresista debería pensar con cuidado si quiere colaborar con el PP para que ese mensaje de extorsión mafiosa suene alto y claro en todos y cada uno de los juzgados de España.

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Pablo Echenique es portavoz del grupo parlamentario de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común en el Congreso de los Diputados y secretario de Programa de Podemos.