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Las consideraciones que acompañan al Presupuesto de la Seguridad Social del año 2021 aseguran un incremento del 0,9% para las pensiones contributivas y del 1,8% para las no contributivas, mencionando el esfuerzo presupuestario destinado a asegurar todas las prestaciones que se reciben a través de la Seguridad Social; destacan en particular la incorporación plena del Ingreso Mínimo Vital y la extensión del permiso por nacimiento y cuidado del menor a 16 semanas.
Contiene, además, la aplicación parcial del plan del ministro Escrivá para erradicar el déficit de la Seguridad Social al final de la legislatura, consistente en que los denominados gastos impropios sean atendidos mediante aportaciones del Estado a la Seguridad Social, siguiendo la recomendación primera del Pacto de Toledo.
Es creíble, salvo evolución muy negativa de la pandemia. Responde a los indicadores económicos previstos para el año 2021 en los presupuestos generales y requiere para su cumplimiento de un desembolso financiero por parte del Estado de 45.007 millones de euros.
El citado desembolso está compuesto por transferencias de 31.177 millones de euros y un préstamo de 13.830 millones de euros, que se viene destinando desde 2018 a cubrir el Déficit de la Seguridad Social.
Hasta aquí, teóricamente, todo en orden, teniendo en cuenta, además, que la recomendación cero del Pacto de Toledo asegura la defensa a ultranza del sistema público de pensiones de reparto y solidaridad intergeneracional y rechaza sustituirlo por otro de capitalización.
Salvedades
No obstante lo expuesto, existen en este escenario tres salvedades, que se convierten en tres problemas en la futura gestión del ministro Escrivá.
La primera, que la cifra de 45.007 millones de euros equivale al 3,7% del PIB, y es récord para un año que se estima normalizado y de recuperación de los indicadores económicos.
La segunda, el endeudamiento creciente de la Seguridad Social. Las recomendaciones del Pacto de Toledo aspiran a que estos préstamos resulten reemplazados por aportaciones definitivas del Estado.
La tercera, y quizás la más importante, que el presupuesto del año 2021 nos muestra que los Ingresos por cotizaciones sociales son inferiores en 10.837 millones de euros al gasto en pensiones contributivas. (Ingresos de 125.144 millones de euros y gastos en pensiones contributivas por 135.981 millones de euros, sin incluir los complementos al mínimo).
Este es un problema de fondo que, de subsistir o agudizarse, no permitirá suprimir el Déficit de la Seguridad Social como se comprometió el ministro, aunque se complete el proceso de solventar todos los gastos impropios en el año 2023 con cargo a los Presupuestos Generales.
Ante esta situación, se infiere que el ministro Escrivá, después de un año de gestión, no ha avanzado en la solución del déficit, vuelve a la casilla de salida y, desde esa casilla, se plantea:
- Incrementar de 25 a 35 años el período a considerar para el cálculo de las pensiones, lo que afectaría negativamente la remuneración de los futuros pensionistas.
- Modificar el índice elegido para el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones, que el propio ministro presentó para su aprobación en el parlamento en enero del 2020, introduciendo otros parámetros que disminuyan el impacto económico del IPC real.
- Extender la jubilación más allá de los 67 años.
- Considerar que no es el momento adecuado para incrementar el Salario Mínimo Interprofesional, lo que impide el aumento de las bases mínimas de cotización y perjudica la recaudación por cotizaciones.
- Los nuevos impuestos finalistas a favor de la Seguridad Social no están sobre la mesa, ni para el ministro Escrivá ni para la ministra Calviño.
- Tampoco será el momento propicio para contemplar las aspiraciones de los pensionistas en materia de pensiones dignas, porque la disposición decimoquinta del Pacto de Toledo, en materia de pensiones mínimas suficientes, contiene la limitación de que deben ser financiadas con ingresos provenientes de la imposición general, como expresión de solidaridad social.
Estas propuestas llevarían al ministro Escrivá y a la totalidad del Gobierno a implementar medidas que la derecha siempre estaría dispuesta a aplicar en materia de pensiones.
Más salvedades - Los planes de empresa
Existe una contradicción evidente en las consideraciones del Pacto de Toledo entre sustentar el sistema público de reparto, rechazar los sistemas de capitalización y sugerir, al mismo tiempo, como así se manifiesta en la recomendación decimosexta, la implementación de Planes de Empresa impulsados desde lo público pero administrados de forma privada.
Las asociaciones de pensionistas que deben ser consultados en todo proceso relacionado con las pensiones ya han denunciado que estos planes resultan una forma encubierta de privatización del sistema, con importantes ayudas fiscales que afectarán las cuentas anuales en lugar de dedicar los esfuerzos a salvaguardar el actual sistema público de reparto.
Significa tratar de compensar los aspectos perjudiciales que se desprenden de las sugerencias del ministro Escrivá y que, de implementarse, reducirían sustancialmente la retribución de los futuros pensionistas, con un complemento proveniente del sistema privado de capitalización.
Es evidente, además, que la letra pequeña de estos planes permitirá medir su grado de aplicación práctica. Los trabajadores precarios, los que han sido sometidos a la devaluación salarial en todos estos años, no están en condiciones de destinar parte de sus ingresos mensuales a depositarlos en planes de pensiones administrados desde la esfera privada, con pago de comisiones y resultados finales inciertos.
Es una propuesta que seguramente convence al Partido Popular, a los Bancos, a los empresarios y a los sindicatos mayoritarios CCOO y UGT que asumirán un protagonismo directo en su gestión.
La solución opuesta
La solución opuesta pasa por incrementar los Ingresos de la Seguridad Social. No propiciar la mejora de Ingresos durante la época de Rajoy, posibilitó el saqueo de 74.437 millones de euros de la Hucha de las Pensiones. Corresponde implementar, entre otras medidas, las siguientes:
- Proceder a la derogación de la reforma laboral del 2012 y posibilitar el desarrollo de un nuevo modelo de relaciones laborales, que prime los convenios sectoriales sobre los de empresa y favorezca un cambio fundamental de la estructura productiva que permita crear empleo suficiente, estable y de calidad, que elimine desigualdades y, consecuentemente, incremente los salarios y los Ingresos de la Seguridad Social.
- Suprimir los topes máximos de cotización, como se ha actuado en varios de los países de la Unión Europea, y evolucionar hacia un justo sistema de cotización de los trabajadores autónomos relacionado con sus ingresos reales. Son dos medidas adicionales indispensables, que junto a la implementación de la financiación por vía fiscal, que incluya nuevos impuestos finalistas en favor de la Seguridad Social, deben acompañar a la mejora de las remuneraciones.
Consideraciones finales
Las pensiones máximas, que alcanzan la suma de 2.707,49 euros en catorce pagas, sólo representan el 4% de la totalidad; se ajustarán anualmente por el IPC real y, en virtud de todo ello, resultaría motivo de análisis si corresponde acompañar el destope de las cotizaciones sociales con una mejora adicional de las citadas pensiones, siempre que las condiciones financieras lo permitan.
Hablar de las pensiones máximas nos lleva a analizar también las pensiones mínimas, y lo realmente preocupante es que 2.300.000 pensiones contributivas alcanzan los valores de una pensión mínima gracias al reconocimiento revisable de los complementos al mínimo.
Vacunas: solidaridad, no indiferencia
La cifra final de las pensiones mínimas sin cónyuge a cargo es de 689,65 euros, un 38% inferior al salario mínimo interprofesional de 950 euros y muy alejadas de los 1.080 euros reclamados por las organizaciones de pensionistas, que continuarán con sus reivindicaciones apoyadas en el trámite parlamentario por los partidos políticos que también consideren inaceptables las propuestas del ministro Escrivá y presenten soluciones alternativas.
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Norberto Marchesano Martínez es economista, especializado en Presupuestos Económico-Financieros de la Seguridad Social.Norberto Marchesano Martínez
Las consideraciones que acompañan al Presupuesto de la Seguridad Social del año 2021 aseguran un incremento del 0,9% para las pensiones contributivas y del 1,8% para las no contributivas, mencionando el esfuerzo presupuestario destinado a asegurar todas las prestaciones que se reciben a través de la Seguridad Social; destacan en particular la incorporación plena del Ingreso Mínimo Vital y la extensión del permiso por nacimiento y cuidado del menor a 16 semanas.