Vacunas: solidaridad, no indiferencia

En el mundo son ya más de 90 millones de personas infectadas por el covid-19 y más de 2 millones de personas fallecidas. Cifras abrumadoras sobre todo cuando tomamos conciencia (o no) de que en todas las latitudes del planeta no pueden afrontar esta crisis sanitaria de la misma manera y sobre todo, con los mismos recursos.

Lo sabemos. Nos enfrentamos al mayor reto que ha afrontado la comunidad internacional desde la Segunda Guerra Mundial y por eso se requiere una respuesta concertada a escala global. Es una cuestión de salud pública global, pero también de solidaridad.

Por eso hace ya muchos meses que la acción de solidaridad internacional de la sociedad española se puso en marcha. Se establecieron tres prioridades desde la Cooperación Española: salvar vidas, reforzando la salud; proteger y recuperar derechos y capacidades humanas –muy especialmente a la alimentación, educación e igualdad de género–; y preservar los medios de vida, la protección social y los sistemas socioeconómicos.

Pero no cabe duda. Esa primera cuestión, la de la crisis en su vertiente sanitaria, solo se podrá dar por finalizada cuando se rompa la cadena de transmisión, cuando un porcentaje suficiente de la población mundial esté inmunizada. Es el momento de desplegar todas las capacidades y recursos para asegurar y extender la inmunización a nivel global.

El objetivo inicial marcado por la Organización Mundial de la Salud es lograr la vacunación prioritaria de todo el personal sanitario y de la población vulnerable que hay como media en todos los países del mundo, lo que se corresponde con al menos el 20% de la población mundial, equivalente a vacunar a más de 1.500 millones de personas: más de 260 millones estarían en África y 130 millones en América Latina y Caribe.

Pero por ahora las cifras son tozudas: de los 39 millones de dosis de la vacuna anti-covid que se han administrado ya en el planeta, solamente 25 unidades (es decir, un 0,00006%) han sido inoculadas a personas en países empobrecidos.

Lo decía el director de la OMS: “Es un fracaso moral catastrófico y el precio de ese fracaso se pagará con vidas y empleos en los países más pobres".

Y es cierto. Conforme ha evolucionado la situación de la pandemia y se han ido dando progresos científicos en el desarrollo de las vacunas, el equilibrio entre el aseguramiento del suministro por parte de cada país y el acceso equitativo global según los criterios epidemiológicos ha ido ajustándose progresivamente. Y como resultado, tal y como se lamenta el director de la OMS, nos encontramos con un aseguramiento del suministro de la vacuna desigual en el mundo. Algunos países –entre los que se encuentran España y los demás estados miembros de la Unión Europea– han podido asegurar la compra suficiente y con rápida disponibilidad para alcanzar la inmunidad de grupo, mientras muchos otros países enfrentan un escenario de más difícil acceso.

Es evidente. Desde un punto de vista ético y también práctico, esta situación requiere asegurar la disponibilidad de vacunas para la población propia, al tiempo que parte del volumen inicial se dedique a terceros países.

Ya lo establece la Estrategia de Respuesta Conjunta de la Cooperación Española a la Crisis del covid-19 como una de sus prioridades fundamentales: “Asegurar el acceso universal y equitativo a la vacuna de covid-19, y a todas las vacunas, y preparar a los sistemas de salud para su distribución a toda la población, incluyendo los lugares más remotos con especial atención a los colectivos que sufren discriminación o exclusión social y aquellos colectivos con discapacidad, garantizando el acceso a la misma de todas las mujeres y niñas”.

Hace unos días el presidente del Gobierno, junto con la ministra González-Laya, presentaban el Plan de Acceso Universal: Compartiendo las Vacunas contra el covid-19, elaborado conjuntamente por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación y el Ministerio de Sanidad. Y sinceramente, me pareció todo un acierto. España debe estar ahí: en la defensa de la vacunación como un bien público global y garantizando que su acceso sea equitativo, universal y asequible. El objetivo general es el de contribuir a la vacunación de este significativo porcentaje de la población mundial mediante el apoyo al acceso rápido a la vacuna de los países y las personas con mayor dificultad de hacerlo, utilizando también para ello dosis provenientes de la dotación de vacunas adquiridas por España, sin perjuicio del proceso de vacunación del conjunto de la población española.

Reforzando los sistemas de salud para que tengan un suficiente nivel de preparación para adquirir y gestionar vacunas, el Plan pone especial foco en los países prioritarios de la Cooperación Española. Además refuerza el multilateralismo en la respuesta. En la medida de lo posible, la implementación debe articularse a través de mecanismos multilaterales ya establecidos, así se podrá asegurar la máxima eficacia y coordinación internacional.

Y por supuesto. Debe ser crucial el liderazgo, el protagonismo, de los países más vulnerables en la evaluación de sus necesidades y en la implementación de las políticas de vacunación. La distribución y administración de las vacunas deberá ser como regla general responsabilidad de las autoridades sanitarias locales, teniendo en cuenta el papel de las agencias de Naciones Unidas y otras entidades multilaterales sobre el terreno en los contextos en que haya población que no esté al cargo de ninguna autoridad estatal. Y todo ello con transparencia, seguimiento y rendición de cuentas mutua. Es necesario que los mecanismos utilizados para la distribución de las vacunas cuenten con la máxima transparencia y permitan dar seguimiento de la correcta distribución de las mismas.

El 72,5% de la población está dispuesta a vacunarse de forma inmediata, según el CIS

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Ahí debe estar España. Impulsando respuestas multilaterales y comprometiéndose con la Cooperación y la Solidaridad. Haciendo de esa Política de Cooperación una verdadera Política de Estado. Porque si algo nos ha enseñado una pandemia como la que nos está tocando vivir y sufrir es que el mundo está interconectado, que somos una única comunidad global. Por ética, y también por eficacia práctica, todos los países de este planeta roto deberíamos ser solidarios unos con otros. Nos necesitamos fuertes, todos, los más privilegiados y los que sufren las consecuencias de este mundo tan desigual. Ningún país puede salir por sí solo de esta crisis, es un ejercicio de responsabilidad apoyarnos en lo comunitario desde el concepto del bien común. El sufrimiento es universal y el miedo compartido; por eso, en una pandemia global las soluciones y la solidaridad deben ser globales. Necesitamos solidaridad, no indiferencia.

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María Guijarro es Portavoz de Cooperación Internacional del Grupo Socialista en el Congreso