Con motivo del setenta aniversario de la Resolución 181 de las Naciones Unidas, también conocida como Plan de Partición de Palestina, los cargos públicos abajo firmantes escribimos esta misiva por la dignidad, la justicia y la igualdad.
Desde aquel 29 de noviembre y hasta la fecha, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, su Asamblea General y el Consejo de Derechos Humanos han emitido cientos de resoluciones instando al respeto de los derechos humanos y a la búsqueda de una solución de paz justa y duradera para Palestina. Desde la reafirmación del derecho al retorno en la Resolución 194 de 1948, hasta la última condena a los asentamientos del Consejo de Seguridad en diciembre del 2016 mediante la Resolución 2234.
Todas ellas incumplidas. Todos los incumplimientos impunes.
Más de siete décadas han pasado ya desde que comenzó lo que se conoce como Nakba Palestina. Un proceso colonial de limpieza étnica y apartheid por el que, hasta la fecha, ni una sola persona ha rendido cuentas ante la justicia internacional. Las más de siete millones de personas palestinas refugiadas que no pueden volver a sus hogares son testigo de ello. También lo son el millón y medio de personas palestinas que residen como ciudadanos y ciudadanas de segunda o tercera categoría en Israel, bajo un régimen de violencia institucionalizada que cuenta con más de 70 leyes que les discriminan de manera directa. La población palestina de Cisjordania y Jerusalén Este sigue esperando justicia, sometida a una brutal ocupación militar desde hace 50 años en la que el único avance que se ve sobre el terreno es el de las colonias ilegales que se van comiendo cada vez más partes de su tierras y campos de cultivo.
Especialmente sangrante es la situación en la que viven las más de 2 millones de personas que residen en la Franja de Gaza, muchas de ellas refugiadas. Naciones Unidas afirma que en 2020 Gaza será un territorio inhabitable debido a las inhumanas condiciones en las que sobrevive su población. ¿La causa? Organizaciones internacionales de derechos humanos y la propia ONU lo tienen claro: el bloqueo ilegal al que Israel somete a la población palestina de la Franja desde hace ya más de 10 años. La población gazatí sobrevive cada vez con menos agua potable, con menos horas de electricidad, con menos medicinas y menos recursos, pero con una dignidad y una resiliencia que no se agotan nunca. La vida en Gaza es una lucha diaria por la supervivencia.
Condenar la ocupación no es suficiente. Condenar los ataques contra la población civil no basta. Al igual que se hizo con el régimen de discriminación racial institucionalizada de la Sudáfrica del apartheid, hace falta ponerle fin a las complicidades de los gobiernos europeos, de los Estados Unidos y de las potencias occidentales en el mantenimiento de un sistema de injusticia que ya dura demasiadas décadas. Juristas de reconocido prestigio como John Dugard, Virginia Tilley o José Antonio Martín Pallín, magistrado emérito del Tribunal Supremo, han señalado en numerosas ocasiones de que la situación en Palestina se corresponde con la un régimen de apartheid.apartheid Actuemos en consecuencia.
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Hay que dejar de armar a Israel, dejar de reconocer y normalizar relaciones con un estado que tiene una conducta profundamente anormal. Tenemos que asumir nuestras responsabilidades como instituciones públicas y negarnos a alimentar la injusticia. Negarnos a prestar asistencia material a la comisión de crímenes de guerra o contra la humanidad no es sólo una obligación moral, no es un acto de caridad o solidaridad, es una obligación legal. Richard Falk, antiguo relator especial de las Naciones Unidas afirmaba recientemente que la campaña de Boicot, Desinversión y Sanciones liderada por la sociedad civil palestina “no sólo es un instrumento esencial para cambiar las relaciones poder; es el único instrumento viable en este momento”.
Hagamos que la balanza no caiga del lado del poder, sino de la justicia. Asumamos nuestra obligación como cargos públicos de promover y garantizar el respeto a los derechos humanos, aquí, en nuestros pueblos y ciudades y en Palestina. _____________
Más de 350 cargos públicos han firmado esta carta, entre ellos, Xavier Domènech, diputado en el Congreso; Jose María González 'Kichi', alcalde de Cádiz; Rita Maestre, concejala en el Ayuntamiento de Madrid; Ainhoa Aznárez, presidenta del Parlamento de Navarra; Pedro Santisteve, alcalde de Zaragoza; Pablo Bustinduy, diputado en el Congreso; Teresa Rodríguez-Rubio, diputada en el Parlamento de Andalucía; Carlos Sánchez-Mato, concejal en el Ayuntamiento de Madrid; Balti Picornell, presidente en el Parlament de Illes Balears; Violeta Barba, presidenta de las Cortes de Aragón; Antonio Morales, presidente en el Cabildo de Gran Canaria; Marina Albiol, eurodiputada; Antonio Maillo, diputado en el Parlamento de Andalucía; Floren Marcelles, eurodiputado; Miguel Urban, eurodiputado. Puedes consultar todos los nombres aquí.
Con motivo del setenta aniversario de la Resolución 181 de las Naciones Unidas, también conocida como Plan de Partición de Palestina, los cargos públicos abajo firmantes escribimos esta misiva por la dignidad, la justicia y la igualdad.