Actualmente se desarrolla un debate en el Congreso de los Diputados en la Comisión para el estudio del modelo policial del siglo XXI con el objetivo de estudiar el marco de actuación de las diferentes Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. En la citada Comisión, ya sea por los comparecientes o por algunos miembros de la misma, se habla de un modelo policial en el que se hacen constantes e insistentes menciones a los cuerpos dependientes del Estado y las Comunidades Autónomas, como si fueran las únicas claves del desarrollo del modelo. No digo que no sean importantes, sino que afirmo que es necesario contemplar e introducir de una manera decidida la visión “municipalista” de la seguridad (poco potenciada por la Comisión a excepción del Grupo de Unidos Podemos-En Común Podem-En Marea), en la que una gran cantidad de Administraciones Locales poseen competencias que ejercen, en muchas ocasiones, sin la adecuada homogeneización.
En España, en el año 2005, constaban alrededor de 1.700 municipios con Policía Local propia frente al total de los 8.100 que existen en España. En el año 2016 se estimó la existencia de cerca de 69.000 agentes de Policía Local, frente a los 249.000 que existían en otras administraciones, lo que supone que cerca del 28% de los agentes en todo el territorio nacional pertenecen a corporaciones locales. Esto demuestra una formidable potencia de trabajo y cohesión social que debe ser tratada de la forma adecuada y merecida.
En realidad existen tantos modelos de seguridad en las Administraciones Locales como municipios con Policías Locales o Municipales, todos dependientes de las políticas de seguridad que se estimen oportunas a nivel municipal y en los que la colaboración entre los diferentes actores en la emergencia depende más de los intereses personales de los responsables (ya sean políticos, policiales o ambos) que de una necesaria homogeneización de protocolos, procedimientos, colaboración o coordinación entre ellos. En un modelo policial con diferentes cuerpos policiales que comparten territorio y algunas competencias, la cooperación real, la interoperabilidad entre las diferentes organizaciones, la solidaridad, la lealtad y la confianza entre todas las fuerzas policiales es vital y debe ser el Estado, a través del nuevo modelo policial, el garante de todo ello.
En mi opinión, las Policías Locales son el cimiento de la seguridad local y representan una serie de virtudes altamente valoradas por los ciudadanos como son la cercanía, un mejor conocimiento del territorio y de las cuestiones sociales del mismo, una apuesta decidida por la prevención y una alta especialización en temáticas locales entre otras muchas cosas, que han dirigido el enfoque del servicio a solventar una gran cantidad de necesidades vecinales que se han convertido en problemas de seguridad y que no son competencia de los cuerpos estatales.
No todo es Seguridad Ciudadana, objetivo prioritario de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, competencia exclusiva del mismo (que no excluyente) y que las Policías Locales también realizan con mucha profesionalidad desde hace años. Las necesidades de Seguridad Ciudadana se han diversificado, lo que ha propiciado que muchos de los problemas de convivencia se hayan “securitizado” con el paso de los años y representen un elevado número de los requerimientos ordinarios que los ciudadanos plantean de forma abrumadora a las diferentes Policías Locales en todo el territorio nacional. Esta necesidad de prestar el servicio y solventar los problemas de la ciudadanía, objetivo final de cualquier política de seguridad ya sea nacional o local, necesita de una inversión y apuesta decidida en la potenciación de este tipo de servicios de seguridad locales, que no debería ser soportada exclusivamente por las diferentes corporaciones locales. Necesita de la apuesta decidida de la Administración nacional y el nuevo modelo policial del siglo XXI es la ocasión perfecta para ello.
Este es un punto vital, ya que la falta de homogeneización y apuesta a nivel nacional por las Policías Locales como herramientas operativas de trabajo, determina en muchas ocasiones que diferentes municipios presten diferentes servicios de seguridad, lo que hace que algunos de ellos (por la evidente falta de medios humanos y materiales fruto de los recortes en la época de crisis) no puedan prestar la totalidad de todos aquellos servicios que les vienen impuestos de forma legal o que desearía asumir. Esta situación hace que existan ciudadanos y ciudadanas con mayor grado de protección, rapidez de respuesta, grado de prevención o preparación, etc, en función del municipio que estemos valorando. Es decir, ciudadanos y ciudadanas de primera o de segunda en función de la cantidad y calidad del servicio de seguridad recibido, lo que puede determinar desigualdades en el disfrute de los derechos fundamentales.
Esta razón es determinante para expresar la necesidad de un modelo policial realmente integrado, coordinado y específicamente dirigido a las necesidades de la ciudadanía, en el que se aborden las realidades sociales para las que son requeridas día a día las Policías Locales del Estado español. Reformar un modelo por el tejado y olvidar los cimientos, solo hará que se acrecienten las desigualdades de la ciudadanía y determinará la falta de éxito en un muy corto espacio de tiempo.
A todo ello hay que sumar que en la realidad del servicio ordinario trabajamos con una multitud de servicios como bomberos, sanitarios, Protección Civil, Policías Autonómicas, Policías Locales, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, además de un largo etcétera, todos ellos con sus competencias propias, que necesitan ser coordinados y poseer protocolos conjuntos, ya que muchos ejercen sus funciones en otras Administraciones en las que la colaboración y coordinación (desgraciadamente mediatizada por intereses políticos en muchas ocasiones) brilla por su ausencia, y en la que los protocolos de trabajo propios de cada uno de ellos son en muchas ocasiones incompatibles o no han sido integrados adecuadamente. Por estas razones, siendo importante un modelo policial creo aún más necesario un modelo coherente de Seguridad Pública que garantice la adecuada organización, competencias y coordinación entre todos los actuantes y que piense de forma prioritaria en las necesidades de la ciudadanía antes que en interés personales. _________________
Carlos Carretero es policía municipal de Alcorcón y miembro de Ganar Alcorcón.
Actualmente se desarrolla un debate en el Congreso de los Diputados en la Comisión para el estudio del modelo policial del siglo XXI con el objetivo de estudiar el marco de actuación de las diferentes Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. En la citada Comisión, ya sea por los comparecientes o por algunos miembros de la misma, se habla de un modelo policial en el que se hacen constantes e insistentes menciones a los cuerpos dependientes del Estado y las Comunidades Autónomas, como si fueran las únicas claves del desarrollo del modelo. No digo que no sean importantes, sino que afirmo que es necesario contemplar e introducir de una manera decidida la visión “municipalista” de la seguridad (poco potenciada por la Comisión a excepción del Grupo de Unidos Podemos-En Común Podem-En Marea), en la que una gran cantidad de Administraciones Locales poseen competencias que ejercen, en muchas ocasiones, sin la adecuada homogeneización.