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La Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia supone un importante avance legislativo en la protección de los niños, niñas y adolescentes frente a todo tipo de violencia, conforme a lo dispuesto en la Convención sobre los Derechos del Niño y las recomendaciones que su respectivo Comité ha realizado a nuestro país.
La nueva Ley contiene importantes novedades que, en opinión de las personas que trabajan día a día con niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia, marcarán sin duda un antes y un después. Una norma que ha sido una de las principales reivindicaciones de la sociedad civil, a la que también debemos agradecer sus propuestas durante todo el proceso de tramitación parlamentaria. En nuestra opinión, en un marco legal tan importante debe prevalecer el objetivo común, que no es otro que la protección y el interés de los menores frente a la amenaza de la violencia. Esta razón debe guiarnos a todos los grupos políticos para conseguir acuerdos que garanticen una ley eficaz y que ofrezca respuestas a las múltiples realidades a las que debemos dar respuesta, dejando en un cajón las ideologías y los intereses partidistas. Tiene que ser una norma de amplio consenso y así es como desde Ciudadanos hemos trabajado desde el inicio del trámite parlamentario.
Llegados a este punto, podemos hacer referencia a algunas de las principales medidas que se incluyen, como el derecho de los menores a ser informados y escuchados en el ámbito de los procesos judiciales, donde se busca adaptar en todo lo posible el proceso a la realidad y necesidad de las víctimas. Asimismo, la nueva Ley refuerza los canales de control interno en los centros de menores tutelados que conforman el sistema público de protección a la infancia y la adolescencia. No podemos tolerar que se vuelvan a repetir casos aberrantes como el de la presunta trama de proxenetismo y explotación sexual del que eran víctimas menores residentes en centros de titularidad pública del Consell de Mallorca, y que todavía, a día de hoy, tanto el Govern como los partidos que lo sostienen en el Parlamento balear, entre ellos PSOE y Podemos, se niegan a investigar. Teniendo esto presente, la nueva Ley prevé el establecimiento de canales confidenciales de denuncia en todos los centros de menores tutelados, inspecciones periódicas por las administraciones competentes y seguimiento por parte de la Fiscalía. Ante cualquier denuncia o indicio razonable de cualquier signo de violencia o práctica inadecuada, la norma prevé también el traslado del menor a otro centro, a fin de garantizar su seguridad hasta que se esclarezcan los hechos.
Por otra parte, para todas estas víctimas las agresiones o los abusos sufridos suponen siempre hechos traumáticos que cuesta muchos años afrontar. Cuando hablamos, además, de delitos de naturaleza sexual, no pocas veces las víctimas tardan mucho tiempo en ser conscientes de la violencia que han sufrido, sobre todo cuando ha sido a manos de personas de su familia o su entorno más cercano. Hablamos, a fin de cuentas, de situaciones desgarradoras. Por eso mismo, para evitar que todo ese posible tiempo en que la víctima llega a ser consciente, interioriza y afronta lo sucedido antes de decidirse a denunciar, acabe derivando en impunidad porque se supere el plazo de prescripción del delito legalmente previsto, la nueva Ley establece como novedad destacada y tras negociaciones intensas que en los delitos de violencia cometidos contra menores de edad, este plazo de prescripción no empezará a computar hasta que la víctima haya cumplido treinta y cinco años de edad. Desde nuestro grupo parlamentario, vamos a continuar defendiendo que los menores cuenten con servicios de asistencia jurídica gratuita no solo en el procedimiento judicial, sino durante toda la fase previa, desde el inicio, utilizando como referencia los servicios jurídicos de protección a las víctimas de violencia de género. Al igual que la necesidad de una garantía presupuestaria para que los cambios que promueve esta norma estén dotados de su correspondiente y suficiente partida y no se queden en papel mojado. En estas y otras mejoras vamos a seguir insistiendo a lo largo de toda la fase de tramitación parlamentaria pendiente.
Víctimas de pederastia, "decepcionadas" con la ley de infancia por quedarse "corta" en el plazo de prescripción
Desde Ciudadanos nos parece fundamental el trabajo transaccional que hemos realizado, queriendo destacar que se ha incluido una importante propuesta de nuestro grupo parlamentario por la que se amplia de 6 a 12 meses el plazo de cese de responsabilidad de la administración en el caso de menores que se fugan del centro. Además, se incluyen dentro del supuesto de violencia contra la infancia la violencia sexual y la pornografía infantil, la prostitución y el matrimonio forzado. Se han reforzado las medidas de capacitación de personas de los centros educativos, se ha garantizado la implementación de las medidas para la sensibilización y rechazo de la violencia en las redes sociales, se aborda la especial vulnerabilidad a la que se enfrentan determinados menores por su condición diversa, y se fortalece el control de acceso a contenidos y contactos que puedan resultar nocivos, además de reforzar las garantías de protección para los niños y niñas solicitantes de asilo.
La protección frente a cualquier tipo de violencia de nuestros niños, niñas y adolescentes va a contribuir a construir una mejor sociedad. Sólo puedo decir que me siento muy orgullosa de estar en la política útil, la de verdad, la Política con mayúscula, y poder trabajar para mejorar nuestras leyes en materias que, como ésta, que constituyen el corazón de los derechos fundamentales.
Sara Giménez es abogada implicada en la defensa de la igualdad de trato y diputada de Ciudadanos en el Congreso.
La Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia supone un importante avance legislativo en la protección de los niños, niñas y adolescentes frente a todo tipo de violencia, conforme a lo dispuesto en la Convención sobre los Derechos del Niño y las recomendaciones que su respectivo Comité ha realizado a nuestro país.