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Hace unos días veíamos en un medio de comunicación regional referirse a los fondos europeos post covid como “el maná”. Refleja muy bien cuál es la percepción que muchos tienen sobre el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia: un dinero que nos llueve desde una instancia superior, ajeno a decisiones y corresponsabilidades con las que nos sintamos implicados y sobre el que interesa sacar la mayor tajada posible para seguir haciendo lo de siempre, pero a mayor escala o para que “pague el rey”, como si la financiación europea no procediera de los ciudadanos.
Desde múltiples ámbitos se han apresurado a elaborar peticiones para tales fondos. También en el del agua, cuyo día mundial conmemoramos el 22 de marzo. Así, la Asociación Española de Empresas Gestoras de los Servicios de Agua Urbana (AGA) ha preparado más de 500 proyectos con un presupuesto total superior a 12.400 millones de euros. También la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (FENACORE) ha pedido 5.200 millones de euros para seguir modernizando regadíos. No se conocen los detalles de los proyectos que serán financiados, pero parece que en relación con el agua dos ejes clave serán las inversiones en abastecimiento y depuración de agua y la modernización de regadíos.
¿Es ésta la finalidad que en materia de aguas deberían tener estos fondos? Desde luego no se puede decir que constituyan grandes cambios respecto a las inversiones actuales. De hecho, son los principales capítulos de gasto de los planes hidrológicos actuales. Pero además, si comparamos los objetivos del fondo europeo de recuperación con lo que aquí se pretende priorizar, es inevitable cierta decepción. Veámoslo.
El pasado 18 de febrero se publicó el Reglamento europeo del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, uno de cuyos seis pilares es la transición ecológica, pilar que debe recibir al menos el 37% de los fondos. De acuerdo con el anexo VI del Reglamento, ello abarca medidas de adaptación al cambio climático, gestión del riesgo de inundaciones con enfoques ecosistémicos, gestión del agua y conservación de recursos hídricos, restauración de espacios naturales, protección de la naturaleza y biodiversidad e infraestructuras verdes, entre otras actuaciones. Sin embargo no parece que en España se esté pensando en prestar una gran atención a la restauración fluvial, a recuperar la buena salud de ríos, acuíferos, deltas y manantiales, a detener la alarmante pérdida de biodiversidad de los ecosistemas acuáticos, una de las más valiosas y también la que se está perdiendo a una mayor velocidad o a aplicar soluciones basadas en la naturaleza para reducir los riesgos de inundaciones, a la vez que recuperamos calidad de vida.
Parece que de nuevo podemos perder una oportunidad histórica para transformar las políticas del agua en España. El cambio climático y la reducción del agua disponible provocarán, queramos o no, transformaciones profundas, pero si queremos transitar hacia lo que se nos viene encima con criterios ambientales y de equidad social para mitigar sus impactos ambientales, sociales y económicos, necesitamos una transición hídrica ambiciosa como parte esencial de la transición ecológica. En el ámbito del agua los fondos covid deberían servir, justamente, para impulsar dicha transición hídrica.
¿Qué destino deberían tener los fondos covid en el marco de esa transición? Una de las prioridades debería ser una verdadera restauración ecológica de nuestros ríos, tan maltratados por políticas hidráulicas extractivistas. También hay que mejorar los caudales ecológicos, muchos de ellos raquíticos o inexistentes. Tenemos que atajar la acelerada pérdida de biodiversidad de nuestros ríos y humedales. Recuperar la buena salud de los ecosistemas es una condición previa para que nos sigan proveyendo de agua de buena calidad – algo imprescindible para asegurar el abastecimiento y para garantizar los Derechos Humanos al Agua y al Saneamiento-. Sin embargo, nada de esto será posible sin una condición previa: reducir de forma efectiva las demandas, incluyendo la agraria, que supone en torno al 80% del total. ¿Es la modernización de regadíos la forma de reducir el consumo agrario de agua? Difícilmente. Múltiples estudios internacionales y también en España han demostrado que la modernización de regadíos no ahorra agua y en muchos casos aumenta el consumo total por la mayor intensificación de los cultivos (y en, algunos casos, ampliación) asociada a dicha modernización. Necesitamos un giro sustancial en las políticas agrarias y dejar de considerar que el regadío es la vía para mantener el medio rural, idea que no responde a la realidad social ni a los problemas y necesidades de los espacios rurales actuales.
Hace falta un amplio debate público y social sobre qué queremos hacer con los fondos de recuperación y sobre la forma de gestionarlos. El Real Decreto-Ley sobre el Plan de Recuperación, de diciembre pasado, reduce o elimina una gran cantidad de cautelas administrativas y ambientales de todo tipo. El objetivo expreso de invertir mucho dinero en poco tiempo, unido a una reducción tan notable de los mecanismos de control, favorecerá posibles usos inapropiados e inversiones dudosamente eficaces. Son preocupantes los recortes de plazos en las tramitaciones ambientales (se reducen a la mitad), que supondrán evaluaciones más improvisadas, de menor calidad y con menores garantías ambientales. Especialmente peligroso es que el Decreto permita excluir del procedimiento de evaluación ambiental a algunos de los proyectos. Además, esta exclusión no se alinea con el Reglamento europeo de los fondos, cuyo artículo 19 deja claro que se debe garantizar que ninguno de los proyectos generará un “perjuicio significativo a objetivos medioambientales” ¿Cómo se podrá garantizar dicha bondad ambiental si el proyecto se excluye de la evaluación ambiental?
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No se vislumbra un debate social sobre los fondos de recuperación a la altura de su relevancia. De hecho, no parece que exista mucho interés en promoverlo. Resulta un contrasentido que por un lado el Plan español de Recuperación, Transformación y Resiliencia considere estos fondos como un hito histórico comparable a “la incorporación a las Comunidades Europeas en los años 80 o la creación del Fondo de Cohesión europeo en mitad de los 90” y que, por otro, la deliberación social y ciudadana acerca de sus objetivos y mecanismos de control sea prácticamente nula, abordándose todo lo relativo a tales fondos como una cuestión de carácter fundamentalmente técnico. Es un gran error: decidir si queremos avanzar hacia una sociedad ambientalmente más sostenible y socialmente más justa, o bien volver a engrasar los mecanismos de siempre para hacer lo de siempre o, incluso, ampliar la privatización de servicios básicos mediante la fórmula de empresas mixtas, no es una cuestión técnica. En relación con el agua, no podemos desaprovechar la oportunidad de poner sobre la mesa una transición hídrica que definitivamente libre a las políticas de agua de herencias del pasado, herencias que siguen sin reconocer la prioridad de recuperar los ecosistemas ligados al agua, de garantizar el derecho humano al agua y al saneamiento, de asegurar un agua para abastecimiento de calidad y de adaptar todos los usos y sistemas productivos a un presente y un futuro que, con toda seguridad, va a contar con menos agua.
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Julia Martínez y Francesc La-Roca son miembros deJulia Martínez y Francesc La-Roca Fundación Nueva Cultura del Agua
Hace unos días veíamos en un medio de comunicación regional referirse a los fondos europeos post covid como “el maná”. Refleja muy bien cuál es la percepción que muchos tienen sobre el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia: un dinero que nos llueve desde una instancia superior, ajeno a decisiones y corresponsabilidades con las que nos sintamos implicados y sobre el que interesa sacar la mayor tajada posible para seguir haciendo lo de siempre, pero a mayor escala o para que “pague el rey”, como si la financiación europea no procediera de los ciudadanos.