RTVE: el futuro del servicio público en juego

El próximo martes 23 de enero se reanudan las reuniones del grupo de trabajo del Congreso que debate sobre la futura elección del Consejo de Administración y la Presidencia de RTVE. Dos grupos políticos, Ciudadanos y Unidos Podemos, han solicitado que se prosiga con el proceso de elaboración de la normativa que permita la elección de un presidente de la Radio Televisión Pública española por concurso público. Esto es lo que exige la ley aprobada en septiembre del año pasado y que se ha retrasado por la falta de empuje del Partido Socialista, que pretende volver a la fórmula de elección por consenso de la etapa Zapatero. Mientras tanto, el Partido Popular calla, pero no otorga. La demora en el cumplimiento de los plazos previstos y el embrollo jurídico al que ha conducido una redacción precipitada de la ley le permiten continuar con un mandato fuertemente cuestionado en su modelo de gestión y en el tratamiento de los contenidos informativos. Sin un acuerdo por parte de la oposición, el PP puede campar a sus anchas en RTVE durante un período de tiempo que, en este momento, se antoja imprevisible por las diferentes interpretaciones que puede tener la ley.

En una situación que parece insostenible queremos explicar por qué la propuesta de concurso público aprobada por la ley es conveniente y necesaria. En primer lugar, porque no llevar la ley a término implicaría un incumplimiento de lo que los propios diputados y senadores han aprobado en sede parlamentaria. Además, los letrados del Congreso han sido claros en este punto y han advertido de que de no llevarse a cabo se debería aplicar la ley anterior. Es decir, se podría dar la paradoja de que, ante un atasco parlamentario, la ley a aplicar fuese la misma que hoy mantiene al PP en la presidencia, con nombramiento por mayoría absoluta. Por eso, desde un punto de vista jurídico, la elaboración de la normativa de desarrollo de la ley 5/2017 y la consiguiente puesta en marcha del concurso público es la única opción coherente y legal.

El concurso garantiza la independencia

Más allá de la consideración jurídica, la propuesta de concurso público es un principio básico en democracia, como hace la BBC para elegir a su director general, que permite la libre concurrencia de candidatos, y su aplicación garantizaría la independencia del poder político. Para ello es necesario que el procedimiento sea transparente, democrático y garantista. Todo lo anterior puede ser alcanzado con el desarrollo normativo de la ley (reglamento) que se debería poder solucionar fácilmente con una voluntad inequívoca de devolver la independencia y la credibilidad a la radio televisión pública española.

El factor tiempo es otro de los elementos determinantes en todo este proceso. Hay que recordar que si el PSOE hubiese participado activamente en la discusión de la normativa prevista en la ley, el desarrollo se podría haber iniciado en octubre y en estos momentos estaríamos a las puertas de poder elegir el Consejo de Administración y la Presidencia de RTVE por la fórmula del concurso público, una situación de parálisis que ahora se traslada al Congreso.

Volver a las cuotas militantes de partidos

La pretensión del PSOE es que la Mesa del Congreso convoque un pleno para elegir un presidente por consenso, y que los grupos políticos que están defendiendo el concurso público se sumen a ese proceso. Dicho en otras palabras: volver inmediatamente y sin tener en cuenta ningún plazo, como el del mandato legal del presidente actual, al sistema que se implantó en 2006, pero contando con el apoyo de otros dos grupos parlamentarios. De un proceso de libre concurrencia pasaríamos a la fórmula de reparto de cuotas parlamentarias decididas por los respectivos partidos para el Consejo de Administración y al difícil consenso sobre el candidato menos rechazado para la presidencia.

El PSOE ampara su propuesta en que el consenso entre los dos grandes partidos fue la mejor etapa de RTVE. Pero hay que recordar que ha pasado tiempo suficiente para llevar a cabo una reforma más ambiciosa y participativa. Y aunque es cierto que aquel periodo aportó luces, también tuvo sus sombras. Unos informativos más equilibrados no impidieron que la empresa sufriera lamentables contrarreformas financieras, la dimisión de dos presidentes, la injerencia del Consejo de Administración en el sistema de gestión de noticias I-News o el bloqueo de las propuestas para implantar una carrera profesional que tuviese en cuenta criterios de mérito y capacidad. Hoy, el Partido Popular ha llevado casi al paroxismo la situación de RTVE, ha minado la credibilidad de sus contenidos, a pesar de las audiencias de los informativos, y con su parsimonia ante lo que está sucediendo persigue la estrategia de que todo continúe como hasta ahora.

Veamos ahora las consecuencias que tendría la elección de un presidente por consenso. Aparte de la renuncia al concurso público, que se pospondría al menos durante seis años, el consenso no está, ni de lejos, asegurado. El Partido Popular utilizará todos los medios a su alcance para aprovechar las contradicciones de la ley y dilatar los plazos todo lo que sea posible. El primer plazo cumplirá en el mes de junio con la finalización del mandato legal del actual presidente de la Corporación, pero nada garantiza que, una vez terminado ese mandato, no se aplique la ley anterior. Por muy extraño que pudiera parecer, esto es lo que se deduce de la literalidad jurídica. Por otro lado, se invita a los dos partidos nuevos, Ciudadanos y Unidos Podemos, a que renuncien al principio moral del servicio público, y a que incumplan la ley que ellos han impulsado desde diferentes ópticas políticas para sumarse a un supuesto consenso en el que disfrutarían de algunos puestos en el Consejo de Administración, pero cuya gobernanza descansaría en un pacto entre los dos grandes partidos. Más de lo mismo. Pero esta vez más repartido.

El mayor peligro: que todo siga igual

Hay que destacar que, según el informe de los letrados del Congreso, queda claro que la regulación aplicable en tanto no se desarrolle la normativa (reglamento) que completaría la nueva ley es la ley anterior. Esto hace que la previsión lógica de la elección –teniendo en cuenta los plazos parlamentarios y el hecho de que los partidos tendrían que negociar la presidencia, puesto que ninguno dispone de mayoría parlamentaria– nos lleve a pensar que no será posible elegir la presidencia de RTVE antes del otoño de este año. Por lo anterior, está claro que si se aprueba ahora el reglamento necesario, la elección por este sistema es más rápida que la aplicación de la ley anterior. Todo es posible, pero en estas circunstancias se corre el riesgo de una posible judicialización del proceso si se continúa intentando forzar la elección mediante procedimientos de dudosa aplicación y con escaso o nulo soporte legal.

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Mientras tanto, la situación de RTVE es de tal gravedad que precisa de una voluntad política decidida. Han pasado más de 10 años desde la última reforma. Y las experiencias vividas durante esta década deberían hacernos reflexionar sobre la importancia que tiene dar un giro radical al modelo de gestión en RTVE. La independencia no se garantiza con cuotas parlamentarias. Sin ser una panacea, el concurso público defiende el principio fundamental de la libre concurrencia, una gestión o gobernanza liderada por profesionales de acreditado prestigio y la participación de la sociedad civil. Porque la independencia de un medio no depende del número de partidos que participen en la elección de un presidente y un consejo de administración, sino de garantizar un procedimiento transparente y democrático que culmine con la elección de los mejores gestores y profesionales.

En suma, el concurso público es la opción más democrática, más coherente y sin duda la más rápida y garantista para regenerar la independencia y la credibilidad de RTVE.  

________________________Enrique Bustamante, Pedro Soler, Manuel Aguilar y Roberto Mendès son miembros del grupo de estudios Teledetodos.