La transparencia fiscal es parte de la regeneración democrática

En España se mantiene una opacidad fiscal férrea por voluntad del PP. O lo que es lo mismo, una censura informativa sobre el grado de cumplimiento de las obligaciones tributarias y otros aspectos de gran interés por parte de las grandes empresas. No tenemos derecho a saber nada; todo son resistencias a abrir espacios democráticos a una transparencia fiscal responsable de Hacienda y de las empresas.

A nivel mundial se están dando algunos avances en materia de transparencia tributaria de la mano del G-20 y la OCDE. Vienen tras la crisis económico-financiera, la crisis fiscal y la inyección de dinero público a los bancos, y son consecuencia de la presión y la movilización de la opinión pública tras lo anterior sumado a los recortes salariales y de programas sociales. Se quiere poner coto a las actividades delictivas y los comportamientos inmorales en materia fiscal. ¿Pero hay voluntad real en esta Europa desfigurada?

En todo caso, son necesarios más avances en la UE para la eliminación efectiva del secreto bancario; mayor transmisión e intercambio automático de datos para combatir la evasión fiscal, el refugio de capitales en paraísos fiscales o el lavado de ingresos de actividades delictivas; así como la aplicación del plan de acción contra BEPS de la OCDE para evitar una planificación fiscal agresiva de las grandes empresas multinacionales.

En cambio, si bajamos al nivel nacional nos encontramos con la opacidad absoluta del Gobierno del PP que se niega a reformar el artículo 95 de la Ley General Tributaria que consagra la consideración de materia reservada para todos los datos e informes en manos de la administración tributaria. Como ejemplo, la Mesa del Congreso me rechazó hace un mes una serie de preguntas al Gobierno sobre la cuantía de las obligaciones fiscales devengadas por Amazon en el Impuesto de Sociedades y el IVA en los pasados seis años, el régimen tributario que se aplica al gigante del comercio online, las exenciones fiscales que pudiera recibir o la existencia de deudas y conflictos con la Seguridad Social. Una actitud de secretismo total, incompatible con la exigencia de una regeneración democrática en España que conllevaría la práctica de la transparencia fiscal.

Por otra parte, la Comisión de la Unión Europea ha presentado recientemente una propuesta para crear un impuesto dirigido a las grandes empresas tecnológicas que necesitará el apoyo unánime de los Estados miembros para ser aprobada. Antes tiene que transitar por diferentes instancias y, finalmente, debatirse en el Parlamento Europeo.

La intención es aplicar un gravamen temporal para plataformas como Google, Facebook, Amazon, Twitter y Apple, entre otras, y responde a la demanda de algunos países de evitar el agujero negro en la tributación fiscal de los beneficios de las empresas digitales  que, en la actualidad, no lo hacen por utilizar la elusión y la evasión fiscal gracias a su ingeniería financiera. Su factura fiscal es ridícula al elegir tributar en Estados con un tipo muy bajo para el Impuesto de Sociedades (Luxemburgo e Irlanda) u obtener beneficios fiscales de los Estados que rompen la competencia.

Según se ha publicado, la UE baraja un impuesto entorno al 3% de la facturación de las multinacionales digitales que tengan unos ingresos globales superiores a los 750 millones en el mundo y los 50 millones en los Estados de la UE. De ese modo, los países del bloque comunitario podrían recaudar unos 5.000 millones de euros al año y se mantendría  temporalmente hasta que se aprobara una reforma más amplia y definitiva del Impuesto de Sociedades.

Dicho impuesto incluiría cambios en su base imponible, de manera que dejen de eludir el pago las empresas que operan en internet y no tienen sus sedes físicamente en territorio de la UE. Este nuevo sistema, según la Comisión Europea, buscaría garantizar un "vínculo real" entre el territorio dónde se generan los beneficios digitales y dónde son gravados. En definitiva, la Comisión trata de evitar que los países de la UE aprueben medidas unilaterales que puedan crear una disparidad de respuestas nacionales precipitadas. Se trata de que esa tasa temporal grave los ingresos generados por actividades de venta online, espacios publicitarios y otras actividades comerciales que son difíciles de capturar por las normas fiscales actuales. Alternativamente, y sí se atasca el proceso de aprobación por parte de las instancias de la UE en favor de un acuerdo fiscal armonizador, Montoro tendría que estudiar ya la creación de un Impuesto Digital en España.

En “casa”, lo más grave es la opacidad que domina los despachos ministeriales de Hacienda, como quedó en evidencia con el secretismo intolerable del Gobierno sobre la lista de personas y sociedades acogidas a la Amnistía Fiscal de 2012 –luego declarada anticonstitucional– en medio de una crisis económica que afectaba a millones de familias y de una legión de casos de corrupción. Esa actitud de opacidad y desidia se extiende a la  ausencia de un debate abierto sobre los criterios en los que debiera fundamentarse un nuevo sistema fiscal para el siglo XXI. Un sistema que sea equitativo, eficiente, suficiente y transparente para regular la nueva economía global y digital y hacer efectiva la tributación de las empresas multinacionales, incluidas las digitales y las del IBEX.

Buena parte de las empresas del IBEX 35 no habrían superado, según los análisis de la Fundación Compromiso y Transparencia y del Observatorio de RSC, un test reciente sobre transparencia en información de datos y prácticas tanto financieras como no financieras, y sobre el cumplimiento explícito de sus compromisos y obligaciones tributarias. Sus memorias presentan una gran ausencia de información sobre su contribución real a la Hacienda Pública. Incluso incumplen obligaciones legales como las establecidas en la Ley de Sociedades de Capital al no ofrecer información sobre la planificación estrategia fiscal y los riesgos fiscales de la empresa. De modo que seguimos sin saber los impuestos que pagan y los beneficios fiscales que reciben del Gobierno de Rajoy.

Ante semejante panorama, se impone continuar trabajando en favor de la transparencia fiscal, tanto en España como a nivel internacional. De hecho, Bruselas quiere obligar a las empresas más importantes del espacio europeo a hacer públicos, de forma detallada, los impuestos que pagan país por país para evitar situaciones de competencia fiscal. ¿Es acaso una utopía? No es aceptable el secretismo que impone el Gobierno Rajoy, negándose a reformar el artículo 95 de la Ley General Tributaria, algo necesario para modificar la cláusula de materia reservada aplicable a todo lo referido a los datos e informes que dispone la administración tributaria.

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Los graves incumplimientos de obligaciones tributarias por parte de sociedades y particulares millonarios, los morosos con deudas relevantes a Hacienda, el desconocimiento de las bases imponibles y las cuotas fiscales abonadas realmente por las grandes empresas en España, la lucha efectiva contra la elusión y evasión fiscal así como contra los numerosos paraísos fiscales, la ocultación de las exenciones y ayudas fiscales concedidas por el Gobierno, son cuestiones todas ellas que deben abordarse desde una administración tributaria más eficiente y mediante reformas legislativas que incorporen nuevas regles de transparencia impositiva. Algo se avanzará, con ocasión de la próxima modificación del Código de Comercio, la Ley de Sociedades de Capital y la Ley de Auditoría de Cuentas, en materia de información no financiera y diversidad, relacionada con la responsabilidad social corporativa.

Hablo de la transparencia como un principio sustancial de la regeneración democrática, siendo consciente de la resistencia de las grandes empresas, del poder de los intereses privados y de las fuertes presiones que se darán en un proceso que busca profundizar la democracia. La transparencia fiscal no puede ser vista como una “utopía” en este siglo XXI en el que la Socialdemocracia debe afrontar ese reto trascendental para que la política domine la economía. No olvidemos que la lucha contra la desigualdad pasa por construir un sistema fiscal más justo. _________________

Odón Elorza es responsable de Transparencia y Participación en la CEF del PSOE.