Universidad pública es libertad

La universidad pública es mucho más que un espacio donde se imparte conocimiento. Es el corazón de nuestra libertad y de nuestra democracia. Es el motor que impulsa el pensamiento crítico, el lugar donde se genera la investigación que transforma el mundo y el mejor ascensor social que hemos construido como sociedad. Es allí donde el talento, sin importar su origen, encuentra oportunidades y donde las ideas florecen para impulsar el progreso colectivo. Por eso, atacarla es atacar la libertad misma, nuestra democracia y el futuro que podemos ofrecer a las próximas generaciones.

Las excusas de Isabel Díaz Ayuso para condicionar la firma del convenio que desbloquearía los 169 millones de euros del Gobierno de España, destinados a la contratación de más de 1.000 profesores universitarios, representan una clara maniobra política. Este acuerdo, aprobado en la Conferencia Sectorial con las comunidades autónomas y con el voto favorable de la Comunidad de Madrid, afecta directamente al ‘Programa María Goyri’, diseñado para crear plazas de ayudante doctor con un compromiso de estabilización a los seis años. Este programa ya ha sido firmado por 16 comunidades autónomas, lo que permitirá la incorporación de más de 4.500 profesores universitarios. Las condiciones impuestas por Ayuso parecen ser excusas para no cumplir lo acordado, privando a las universidades públicas madrileñas de una oportunidad única para mejorar su calidad y garantizar la igualdad de oportunidades.

Este ataque no es casualidad, sino parte de una estrategia global de la derecha más reaccionaria y la extrema derecha. En todo el mundo, asistimos a una ofensiva que busca desmantelar las instituciones públicas, desacreditar la ciencia y debilitar los valores democráticos. Es un modelo que pretende sustituir los principios de la Ilustración —la razón, la ciencia, la evidencia y la igualdad— por la polarización, los bulos y la manipulación. Esta estrategia tiene un objetivo claro: socavar el pensamiento crítico y el conocimiento como motores de progreso y transformación social.

El Partido Popular, liderado por Feijóo, no solo desprecia el conocimiento, sino que deslegitima activamente a quienes lo representan. Esta misma semana, un exministro del PP cuestionaba la teoría de la evolución, abrazando un discurso terraplanista y negacionista que ataca la base misma de la evidencia científica. Y no es un caso aislado: lo vimos durante la reciente dana, cuando desde las filas del PP se desacreditó el trabajo de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), minando la confianza en el asesoramiento técnico esencial para la seguridad ciudadana. Este desprecio por la ciencia y la razón no es una improvisación; forma parte de un modelo político que glorifica los bulos y la manipulación como herramientas de control social.

En contraste, el Gobierno de España sigue apostando por la ciencia como base para la toma de decisiones. Esta misma semana, Pedro Sánchez presentó a los 22 científicos que asesorarán a los ministerios, en el marco de la Oficina Nacional de Asesoramiento Científico (ONAC). Este plan garantiza que la voz de la ciencia sea clave en el diseño de políticas públicas responsables y justas, reafirmando el compromiso de la izquierda con la razón y la evidencia.

Pero la estrategia de la derecha no se detiene en el desprestigio de las instituciones o el conocimiento técnico. Utilizan también la judicialización de la política y los ataques personales como armas para sembrar el descrédito y destruir a quienes representan un modelo alternativo basado en la igualdad y el progreso. Es un proyecto que va más allá de la confrontación política; busca minar la confianza en los valores democráticos y sustituirlos por un sistema que privilegia la ignorancia, el autoritarismo y el privilegio de unos pocos.

Este desprecio por la ciencia y la razón no es una improvisación; forma parte de un modelo político que glorifica los bulos y la manipulación como herramientas de control social

Frente a esta deriva, el Gobierno de España, con la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, al frente, ha demostrado un compromiso inequívoco con la universidad pública, la ciencia y el conocimiento. La Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) refuerza la docencia, la investigación y la accesibilidad, garantizando que nuestras universidades sigan siendo espacios de igualdad y excelencia. Programas como el ‘María Goyri’ no solo apuestan por estabilizar al personal docente e investigador, sino que son parte de una estrategia ambiciosa para consolidar un sistema universitario que mira al futuro y garantiza oportunidades para todos.

La universidad pública no es solo un espacio educativo; es un pilar de la democracia, la libertad y el progreso. Es el lugar donde se cultivan las ideas que desafían la ignorancia y el dogmatismo, donde la investigación da respuesta a los grandes retos de nuestra sociedad, y donde se garantiza que el conocimiento no sea un privilegio, sino un derecho universal. Atacarla no es un acto administrativo ni presupuestario, es una estrategia ideológica para debilitar a la sociedad crítica, democrática y libre.

Defender la universidad pública es defender los valores de la Ilustración: la razón, la ciencia, la igualdad y el progreso como principios fundamentales para construir una sociedad mejor. Es también defender nuestra democracia y nuestra libertad frente a quienes promueven los bulos, el descrédito de las instituciones y la polarización. Esta es una lucha global que trasciende nuestras fronteras y que exige que actuemos con claridad y decisión.

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Javier Alfonso Cendón es el Secretario de Ciencia, Innovación y Universidades del PSOE.