La vivienda, quinto pilar del Estado del Bienestar

Cualquier propuesta del Gobierno recibe una respuesta airada de la oposición. La respuesta de las derechas está indefectiblemente cargada de furia contra el avance en derechos de la ciudadanía y exento de propuestas creíbles que puedan funcionar como alternativa. Acaba de ocurrir, otra vez, con la primera ley de vivienda de la democracia que ha aprobado el Congreso de los Diputados. La ley procura mejoras en el acceso a la vivienda, limita los precios del alquiler, pone en circulación nuevas viviendas públicas y además impide hacer negocio con la vivienda pública. Constituye, en pocas palabras, una apuesta para que este derecho constitucional se convierta en el quinto pilar del Estado del Bienestar.

El Gobierno pondrá además en el mercado 93.000 viviendas públicas a precios asequibles y no serán las últimas. La disposición de suelo del Ministerio de Defensa para la construcción de otras 20.000 viviendas públicas empujará, junto con las del Plan de Vivienda para el Alquiler Asequible, hacia el horizonte de los 183.000 inmuebles de alquiler asequible anunciados recientemente por el presidente Pedro Sánchez como la mayor promoción de las últimas décadas. En términos relativos, la intención es que la vivienda pública represente en un futuro el 20% del total.

En términos relativos, la intención es que la vivienda pública represente en un futuro el 20% del total

Y es que disponer de una vivienda digna marca la diferencia entre la dignidad vital o la exclusión social. La juventud de ahora tiene tanto derecho como la de antaño a disponer de su propio hogar, por eso un bono de alquiler joven y la limitación del 2% en los incrementos. Por eso la movilización de 50.000 viviendas de la SAREB. Las familias tienen que poder costear un alquiler o un crédito hipotecario sin dejarse en ello más de medio sueldo, por eso las medidas encaminadas a facilitar el cambio de hipoteca variable a fija o a congelar cuotas. Las ayudas estatales para el acceso a la vivienda, dotadas con 1.717 millones de euros, benefician a jóvenes, personas en situación de vulnerabilidad y también a víctimas de violencia de género. Cuando las mujeres sufren maltrato y no disponen de medios propios para poner distancia con sus maltratadores, el hecho de facilitar una salida habitacional más allá de los recursos de emergencia y acogida resulta en muchos casos imprescindible para que puedan rehacer sus vidas.

La vivienda es para mucha gente un dolor de cabeza y, hay que decirlo, para unos pocos supone un medio de enriquecimiento. No lo es para el pequeño propietario que dispone de un patrimonio que le permite complementar pensiones o sueldos con el alquiler de un piso familiar. Pero sí para los llamados grandes tenedores, aquellos que acaparan inmuebles y tras los que en algunas ocasiones se esconden los conocidos como fondos buitres, auténticas pesadillas para inquilinos que, en más de una ocasión, ven multiplicar el precio del alquiler o incluso padecen las presiones de los arrendadores para que los arrendatarios acaben yéndose.

Decía que no debemos extrañarnos por la ofensiva del Partido Popular contra esta ley y, añado, tampoco deberíamos hacerlo por la extensión de bulos que está propagando con motivo de esta nueva aprobación normativa. Les faltó tiempo a los voceros y voceras de Feijóo para asegurar que la nueva ley será una panacea para los "okupas". Nada más lejos de la realidad, pero claro, para el PP funciona aquella máxima de difama que algo queda, más aún en campaña electoral. Pero, si tiramos de dichos y refranes, aquí deberíamos aplicar aquel otro que reza que las mentiras tienen las patas cortas, esto es, que se las alcanza enseguida. La ley de vivienda lo que sí hace es proteger un poco más a aquellas personas o familias vulnerables que dejen de abonar el alquiler por circunstancias sobrevenidas y no por no querer pagar por el inmueble en el que viven de manera legal. En estos casos, las Comunidades Autónomas podrán poner en marcha un procedimiento de mediación y arbitraje previo a la demanda para el desalojo. Los fondos que el Estado ha transferido a las autonomías servirán para poner al alcance de los arrendatarios las soluciones habitacionales que se consideren oportunas. Pero este extremo sólo será válido en caso de que el inmueble pertenezca a un gran tenedor. Y, desde luego, en ningún caso será factible cuando la vivienda esté “okupada” de manera ilegal.

El PP, que ahora incluso amaga con recurrir la ley de vivienda del Gobierno de coalición, no hizo absolutamente nada por solucionar en lo más mínimo el problema del acceso a la vivienda cuando tuvo la oportunidad. Muy al contrario, los populares entienden la vivienda como un recurso especulativo y sus únicas propuestas pasan por incentivar la construcción privada y volver a inflar la burbuja inmobiliaria. En las dos últimas legislaturas del Partido Popular apenas se proyectaron 1.600 viviendas. Ahora se multiplica por 115 la apuesta por la vivienda pública de alquiler a precios asequibles. En vivienda, como en tantas cuestiones, entre la derecha agorera e inactiva y el actual gobierno, no hay color. 

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Lidia Guinart es diputada en el Congreso de los Diputados del Partido de los Socialistas de Cataluña en la actual legislatura (XIV) y también lo fue en la anterior (XIII).