Hemos asistido estos días en los medios a un cierto desmoronamiento de una trama de corrupción que conecta instituciones públicas y privadas, estatales y autonómicas. Puso la guinda al pastel el escándalo del fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, con su apoyo activo a la corrupción. Dificultó investigaciones clave, archivó casos dudosos, relevó a fiscales diligentes… en fin, un perfil “cojonudo” en palabras del hoy encarcelado Ignacio González, presunto jefe de una organización criminal, expresidente de la Comunidad y ex secretario general del PP de Madrid. En la pantalla se suceden día a día nuevos detalles, filtraciones y detenciones, nuevas puntas del iceberg que van emergiendo ante nuestros ojos, cada vez menos atónitos y más hastiados.
Trataba yo de escribir en estos días sobre la parte de esa trama que extiende la podredumbre al propio sistema de medios de comunicación: la subtrama mediática. Pero la incesante aparición de nuevos hilos impedía una y otra vez cerrar la pieza. Hemos abierto y cerrado cada jornada con nuevas filtraciones del entorno de Ignacio González, a quien la plataforma Salvemos Telemadrid lleva una década denunciando por diferentes cuestiones como el ático de Estepona, el Canal de Isabel II y otras, pero principalmente por arruinar la televisión pública madrileña en la época de Esperanza Aguirre.
Mamandurrias y panfletos: el secuestro de los medios públicos
El presidente de Telemadrid durante aquella operación fue José Antonio Sánchez, hoy presidente de RTVE. En ambos casos fue nombrado en solitario por el Partido Popular. En paralelo a la ejecución de un ERE ilegal, según denuncian los despedidos, fue creando una redacción paralela con periodistas elegidos a dedo. Hoy los periodistas de RTVE denuncian eso mismo en su redacción, y el propio José Antonio lo reconoce.
Uno de los escándalos aflorado estos días fue precisamente la colocación en RTVE de una periodista de confianza de González, la exdiputada de IU-Madrid Libertad Martínez, “para que defendiera su imagen”, según especifica el auto judicial. La periodista era amiga y defensora de Moral Santín, el diputado de IU de las tarjetas black, colocado por Aguirre en Caja Madrid. El propio José Antonio Sánchez confirmaba en sede parlamentaria cómo él mismo la había colocado. Su cercanía con Ignacio González queda acreditada además en una conversación de este con Zaplana (con quien tendríamos otro larguísimo historial para comentar en la enterrada televisión valenciana). En esa grabación oímos cómo planeaban pedir el favor de José Antonio para materializar un suculento negocio inmobiliario que involucraba al Ministerio de Defensa y a Cospedal, de cuyo marido el Presidente de RTVE es íntimo amigo.
Quizá por eso, TVE y otras televisiones públicas controladas por el PP como las de Madrid, Valencia y Castilla-La Mancha, externalizaron partidas multimillonarias como la digitalización del fondo documental, la hípica o las loterías, hacia empresas filiales del Grupo Vértice 360 (Acicala, Videoreport, Videac, etc.), en el que participan tanto el marido como el sobrino político de Cospedal, ambos apellidados López del Hierro. Ah, claro. El círculo se cierra. Quizá por eso “López del Hierro” figura como financiador ilegal en los papeles de Bárcenas, como también figura José Luis Moreno, cuya productora recibió también cuantiosas externalizaciones de la misma RTVE, por ejemplo las galas de Fin de Año y algunas otras. Más piezas para el puzle. ¿Libremercado mediático autorregulado? ¿La audiencia manda? Bueno, no tanto. Antes se subcontrató también con las empresas de Pedrojota, Dragó, Buruaga, Garci, Tárrega, Miralles, Cerezo y tantos buenos amigos, que luego podían competir dopados de fondos públicos en el sector de la comunicación y la opinión pública. Hegemonía cultural, creo que lo llaman. Más y más piezas van encajando en este gran puzle desde hace años, llenando huecos, concretando rostros, confirmando nuestras peores suposiciones.
La Razón neoliberal al mando de lo común
El propio José Antonio Sánchez, antes de presidir la televisión pública, aparecía ya en los papeles de Bárcenas vinculado a pagos realizados en 1994 y 1995, en la época en que ejercía como cronista parlamentario de ABC. Después escribió para La Razón, pero no debe confundirse con el Jefe de Informativos de RTVE que él mismo nombró, José Antonio Álvarez Gundín, que venía de trabajar, oh sorpresa, como Jefe de Opinión en La Razón. Tampoco con otro José Antonio, apellidado Vera, fundador y director de La Razón, que hoy preside nuestro más potente medio público internacional, la Agencia EFE. Vaya, parece que el diario ultraliberal es una auténtica escuela de administradores de lo público. ¿Recuerdan cuando repetían que “Podemos quiere controlar los medios” simplemente porque propusimos adoptar recomendaciones de Bruselas? Pero sigamos, sigamos con las piezas y el puzle.
El actual director de La Razón es Francisco Marhuenda, antes diputado del Partido Popular, donde dirigía precisamente (redoble de tambor) el gabinete de Administraciones Públicas. Otro gran retazo de la subtrama mediática que salía a la luz estos días era la imputación de Marhuenda y de Mauricio Casals, presidente del mismo diario y peso pesado del Grupo Atresmedia, por delitos de coacción, intimidación y pertenencia a organización criminal, en la Operación Lezo. Supuestamente ejercieron como brazo mediático de la dimitida Esperanza Aguirre, la cazatalentos artífice de la charca de ranas coordinada por Ignacio González. Las grabaciones filtradas revelan cómo acordaban intimidar y coaccionar para tapar la corrupción en la Comunidad de Madrid. “Hay que asustarla”, “no te preocupes que las pasará putas”, son algunas de las frases registradas.
Comunidad de Madrid, epicentro de la corrupción
El goteo de casos político-mediáticos no cesa y empezamos a marearnos ante la avalancha de piezas para el puzle. Europa guarda silencio y España está perdiendo la capacidad de sorprenderse ante cada noticia, acostumbrada a que la realidad supere las ficciones más pesimistas. Nuestra clase política nos indigna, nos asquea, pero nos sorprende más bien poco, la verdad.
La subtrama mediática cuenta muchos más hilos, tantos que no entran en esta columna. Y casi todos pasan por Madrid. El juez pide ahora información sobre Pedro Antonio Martín Marín, Secretario de Estado de Comunicación con Aznar, antes directivo en COPE, en Antena 3, Hispasat y Telefónica, para imputarlo junto a otros sesenta sospechosos, la mayoría de Madrid. ¡Benditos soplones! Habría que dar un premio al medio que más filtraciones gestione.
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En cambio, el fiscal Moix sugiere sancionar a los medios que las publiquen. ¿Por qué será? ¿Quieren controlar a los medios? Eso vulneraría el derecho al secreto profesional y a no revelar fuentes, consagrados en la Constitución (Art. 20.1.d), además de todos los códigos deontológicos y unos cuantos tratados internacionales. Sin publicar filtraciones, la prensa jamás hubiera destapado el Watergate o los Papeles de Panamá, ni tantos otros premios Pulitzer al periodismo de servicio público, ese perro guardián frente a los abusos de poder.
Pero sin duda, y con esto vamos cerrando, es en la Comunidad de Madrid donde encontramos un mayor número de hilos de los que tirar. Varios conducen a Enrique Cerezo, investigado por cohecho y blanqueo de capitales en el Caso Ático junto a González (al que ya sólo se le ocurría “pegar dos tiros al juez”). Cerezo es el mayor poseedor individual de derechos fílmicos del mundo. Los rentabiliza a través de sus sociedades Video Mercury, vendiendo paquetes enormes (redoble de tambor) a RTVE, sí y también a Telemadrid (tacháán). El recién dimitido consejero de La Razón, Edmundo Sobrino, lo era también de otra de las empresas de Cerezo, Teledifusión Madrid, dueña de Torrespaña y encargada de distribuir la señal de televisión en Madrid. También lo era de una de las filiales del Canal de Isabel II. ¿Quizá por eso el Canal vertía un millón de euros al año en el diario liberal a través de un convenio opaco? ¿Quizá por eso Cerezo fue el mayor adjudicatario de licencias locales de televisión en Madrid de manos de Esperanza Aguirre? Seguimos encajando piezas del puzle, aunque empieza a ser aburrido.
No voy a alargar este relato con las millonarias cifras de dinero público que se inyectaron a La Razón desde la Comunidad de Madrid, ni con tantas otras centrifugaciones de fondos públicos que dañaban a un sistema de medios en quiebra permanente. Basta. La sobreinformación ya no provoca rabia, sino náusea. Dejemos para otro día los hilos que alcanzan a casi todos los grandes grupos, incluida la prensa tradicional. La subtrama mediática da para una tesis doctoral, pero ahora urge más reflexionar sobre el efecto psicosocial de seguir escudriñando esta ciénaga. En mi columna de mañana hablaré sobre “efecto shock” e indefensión aprendida.
Hemos asistido estos días en los medios a un cierto desmoronamiento de una trama de corrupción que conecta instituciones públicas y privadas, estatales y autonómicas. Puso la guinda al pastel el escándalo del fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, con su apoyo activo a la corrupción. Dificultó investigaciones clave, archivó casos dudosos, relevó a fiscales diligentes… en fin, un perfil “cojonudo” en palabras del hoy encarcelado Ignacio González, presunto jefe de una organización criminal, expresidente de la Comunidad y ex secretario general del PP de Madrid. En la pantalla se suceden día a día nuevos detalles, filtraciones y detenciones, nuevas puntas del iceberg que van emergiendo ante nuestros ojos, cada vez menos atónitos y más hastiados.