El 20 de septiembre de 2022, martes, el Consejo de Ministros aprobaba una partida de 172 millones de euros para financiar el el Plan de Acción de Atención Primaria y Comunitaria 2022-2023. Los fondos, que serían repartidos entre 15 comunidades autónomas —todas menos Navarra y País Vasco— y Ceuta y Melilla tenían como objetivo, según explicó el propio Gobierno, "aumentar la capacidad de resolución de la Atención Primaria, fomentar la calidad asistencial y la práctica basada en la evidencia científica y reforzar la orientación comunitaria, la promoción de la salud y la prevención" en este nivel asistencial. En palabras de la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, reforzar "la columna vertebral del estado de bienestar". Han pasado seis meses de aquello, y menos de la mitad de comunidades aclara si ya lo ha recibido, cuánto ha sido y, sobre todo, en qué se ha invertido.
La importancia de estos fondos finalistas viene dada por el final de la crisis sanitaria. La pandemia primero y el desconfinamiento y la pospandemia después pusieron de relieve la importancia de un área sanitaria que, se vio al comienzo de todo, llevaba años olvidada. Nunca había tenido la inversión suficiente y los profesionales ya eran pocos para cuidar la puerta de entrada al Sistema Nacional de Salud. Por eso tras el covid-19 la promesa fue invertir.
Así, el 15 de diciembre de 2021 el Consejo de Ministros aprobó el Plan de Acción 2022-2023, un mecanismo que forma parte del Componente 18 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea que tiene, como uno de sus objetivos principales, el Fortalecimiento de la Atención Primaria y Comunitaria. Para esa tarea, España recibirá, según el documento oficial del Gobierno fechado en junio de 2021, 1.069 millones de euros.
Volvemos a 2022, un año después de la aprobación de ese Plan. En diciembre, el departamento de Carolina Darias publicó una nota en la que indicaba que ya se habían movilizado más de 446 millones, entre ellos los 172 millones aprobados apenas tres meses antes. El resto correspondía a, por ejemplo, la aprobación de la Estrategia de Salud Pública, la aprobación del Plan de Salud Bucodental, dotado con 44 millones de euros, la puesta en marcha de la Línea 024 de atención a las conductas suicidas o la implementación efectiva del Plan frente a la Resistencia a Antibióticos (PRAN).
En 2023, según informa el Ministerio de Sanidad a infoLibre, está previsto que se destinen más de 807 millones, incluyendo otros 406 en transferencias, otros 68 en salud bucodental y otros 160 destinados a la "transformación digital y modernización".
Pero, ¿qué ha pasado con los 172 millones? ¿Han llegado a las autonomías? ¿Cuánto ha llegado? ¿En qué se ha invertido? Los expertos reconocen que es difícil averiguarlo. "Estos planes se anuncian, pero se desconoce cómo se desarrollan, cómo y cuánto se gasta, si realmente ha llegado a las comunidades y, en caso de hacerlo, a qué se han destinado", explica el ex secretario general del sindicato Amyts, Julián Ezquerra. "Los manejos presupuestarios en España son de difícil entendimiento", añade Francisco José Sáez, coordinador del grupo de gestión de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) y vocal del Foro de Médicos de Atención Primaria.
infoLibre ha preguntado a las 15 comunidades entre las que se repartieron estos 172 millones y la mayoría no ha explicado si ya ha recibido la parte que le correspondía y en qué la ha empleado. Solo cinco lo han aclarado. Castilla-La Mancha, por ejemplo, detalla que ha dedicado 4,2 millones a "equipamiento para seguir reforzando la capacidad resolutiva de los profesionales —adquiriendo por ejemplo desfibriladores manuales con marcapasos— y otros 4 millones a la desburocratización de la Primaria, a la instauración de guías automáticas en la historia clínica y a lo que llaman "capacitación en soporte vital", que incluye aspectos como la formación en habilidades y herramientas de comunicación.
Extremadura y Asturias, por su parte, han obtenido una cantidad parecida: 4,3 y 4,2 millones, respectivamente. Del total recibido por Asturias, 2,6 millones han ido a parar a la compra de equipamiento diagnóstico, obras, reformas y desarrollos informáticos para los centros de salud. El resto, explican fuentes de su Consejería de Sanidad, se ha dedicado a estrategias contra el cáncer y a la atención a la cronicidad, además de a la formación de sanitarios.
Galicia ha recibido, informa la Consellería de Sanidade, 12 millones que todavía no ha invertido, aunque adelanta "que la mayor parte de este montante se destinará al desarrollo de programas piloto de personal".
Por último, Cataluña explica que ha recibido 28,5 millones, siendo una de las comunidades que, junto a Andalucía (con 31,9 millones) y Madrid (25,3) —que no han respondido a las preguntas— más dinero ha recibido. Según informan desde el Departament de Salut, 14,5 millones de estos fondos se dedicarán a mejorar infraestructuras y a comprar material diagnóstico. La otra mitad, añaden, se destinará a proyectos de formación, a la mejora administrativa y a la implementación de proyectos de coordinación.
Según los datos recogidos por Europa Press, el reparto del resto de autonomías habría quedado de la siguiente manera: la Comunitat Valenciana habría recibido 19 millones; Castilla y León, 10,1 millones; Canarias, 8,6 millones; Murcia, 5,7 millones; Aragón, 5,4 millones; Baleares, 4,4 millones; Cantabria, 2,2 millones y La Rioja aproximadamente 1,2 millones. Las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, por su parte, habrían recibido 305.000 y 315.000 euros, respectivamente.
Infrafinanciación
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En cualquier caso, y según denuncia el vicepresidente de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen), Rafael Micó, los fondos son absolutamente insuficientes. Tanto los 172 recibidos hasta ahora como la totalidad de 1.000 que se pretende invertir en la Primaria. "Es una lástima, el Plan de Acción, sobre el papel, es perfecto, pero es que no se puede llevar a cabo con 1.000 millones. La Atención Primaria requiere más dinero", lamenta, al tiempo que reclama al Ministerio de Sanidad, dirigido desde finales de marzo por José Manuel Miñones, centralizar en qué y cómo debe emplearse ese dinero. "Si tú repartes los fondos y cada autonomía hace lo que le parece, el problema no se soluciona", denuncia, por lo que pide también que es "escuche a los profesionales".
En este sentido, Semergen elaboró un documento en octubre de 2021 que presentó a la entonces ministra, Carolina Darias, y en el que incluían un decálogo de medidas para que la Primaria ejerza un papel clave en la "reconstrucción" del Sistema Nacional de Salud. Así, la primera reclamación del documento es poner en valor la medicina de familia y definir por consenso la estrategia global para para la Atención Primaria, para lo que reclaman incrementar, precisamente, la dotación presupuestaria, lo que también ayudaría a mejorar la dotación y organización de los recursos humanos, así como para revisar y actualizar la cartera de servicios y mejorar su dotación tecnológica, algo en lo que sí parece que han invertido algunas autonomías.
También solicitan poner en marcha medidas que faciliten la coordinación real entre la Atención Primaria y hospitalaria, revisar el modelo docente y fomentar la atracción de recién graduados en medicina a la especialidad de Atención Primaria. Según los datos del sindicato Amyts, que se circunscriben solo a la Comunidad de Madrid, de los 219 MIR que terminaron su especialidad de Medicina de Familia en 2022, solo se aceptaron 20 contratos.
El 20 de septiembre de 2022, martes, el Consejo de Ministros aprobaba una partida de 172 millones de euros para financiar el el Plan de Acción de Atención Primaria y Comunitaria 2022-2023. Los fondos, que serían repartidos entre 15 comunidades autónomas —todas menos Navarra y País Vasco— y Ceuta y Melilla tenían como objetivo, según explicó el propio Gobierno, "aumentar la capacidad de resolución de la Atención Primaria, fomentar la calidad asistencial y la práctica basada en la evidencia científica y reforzar la orientación comunitaria, la promoción de la salud y la prevención" en este nivel asistencial. En palabras de la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, reforzar "la columna vertebral del estado de bienestar". Han pasado seis meses de aquello, y menos de la mitad de comunidades aclara si ya lo ha recibido, cuánto ha sido y, sobre todo, en qué se ha invertido.