Más de 1.000 docentes de 39 universidades públicas han apoyado la carta enviada por la Asociación Estatal del Profesorado Asociado al ministro de Universidades, Manuel Castells, reivindicando medidas para dignificar la figura del profesor asociado. En el escrito la asociación denuncia cómo la excepcionalidad generada por el covid-19 ha agravado la situación de muchos docentes, ya que el estado de alarma decretado por el Gobierno ha llevado a gran parte del personal a perder su empleo principal, y a otra parte a encontrarse en situación de ERTE. Medidas que la asociación argumenta que han agravado la ya existente inseguridad laboral, que afecta sobre todo al que recuerdan que es “el colectivo más precario de las universidades públicas”.
Para combatir esta situación la asociación realiza tres reivindicaciones. En primer lugar solicitan la renovación automática de los contratos de profesor asociado para el siguiente curso para eliminar trámites y “la exigencia de justificar otra actividad laboral externa a la universidad”, ya que inciden en que su cualificación “no se desvanece en caso de destrucción del empleo externo a la universidad”.
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En segundo lugar exigen el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Supremo que obligan a convertir en indefinidos los contratos anuales que se renueven por tercera vez, de modo que se asegure la estabilidad laboral de los profesores asociados. Finalmente reivindican una remuneración “justa y digna”, ya que recuerdan que por un contrato de más de 180 horas lectivas, con cientos de alumnos y varias asignaturas, apenas se percibe 5 euros a la hora.
La presidenta de la asociación, Isabel de la Cruz, argumenta que “esta iniciativa surge tras muchas peticiones de atención al problema ignoradas por las autoridades competentes, y —de no cambiar la situación— es el preámbulo de movilizaciones del colectivo a comienzos del curso próximo, que podrían derivar en una huelga del sector".
Finalmente la Asociación Estatal del Profesorado Asociado lamenta la falta de diálogo de Manuel Castells durante la elaboración del Estatuto del Personal Docente e Investigador, todavía en curso, y apuntan que el personal asociado, formado por 33.000 docentes, supone casi el 40% de la plantilla de las universidades públicas.
Más de 1.000 docentes de 39 universidades públicas han apoyado la carta enviada por la Asociación Estatal del Profesorado Asociado al ministro de Universidades, Manuel Castells, reivindicando medidas para dignificar la figura del profesor asociado. En el escrito la asociación denuncia cómo la excepcionalidad generada por el covid-19 ha agravado la situación de muchos docentes, ya que el estado de alarma decretado por el Gobierno ha llevado a gran parte del personal a perder su empleo principal, y a otra parte a encontrarse en situación de ERTE. Medidas que la asociación argumenta que han agravado la ya existente inseguridad laboral, que afecta sobre todo al que recuerdan que es “el colectivo más precario de las universidades públicas”.