"Vuestro sacrificio es el ejemplo a seguir". Durante más de una década, este mensaje sobre una placa de granito ha sido la única señal de que, bajo la tierra sin mácula de una zona en el cementerio de El Espinar (Segovia), había una fosa común. Los cuerpos de 17 hombres fusilados en una emboscada en julio de 1936 cuando intentaban defender la II República del golpe de Estado fascista. Hace una semana, los trabajadores de la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) encontraron una alianza que permitió la identificación certera de uno de ellos: Eugenio Insúa Alos.
Eugenio tenía 29 años en el momento de su asesinato. El 21 de julio se había unido a un grupo de milicianos marxistas, trabajadores como él de la Casa de la Moneda de Madrid, para combatir contra las fuerzas golpistas en la sierra de Madrid. Regresó a casa el día 24 para celebrar el tercer cumpleaños de su hijo mayor y el día 25, tras hacerse con el control de El Espinar durante unas horas, un grupo de guardias civiles los emboscó en la plaza mayor mientras almorzaban. Asesinaron a tiros a Eugenio y a otros 16 hombres. Todos ellos fueron arrojados a una fosa en el cementerio municipal.
"Dicen que mi tío se parecía mucho a él, así que imagino que mi abuelo sería un hombre muy jovial y alegre", comenta a infoLibre Alejandro Herrera, uno de los nietos de la víctima. "Era un hombre normal, con un trabajo estable y una familia. Volvía del cumpleaños de su hijo y dejó toda su documentación en casa, supongo que porque pensaba volver".
Un golpe del destino quiso que Eugenio se llevara consigo la alianza de bodas y que, en algún momento durante la emboscada, se la guardara en el bolsillo. La fecha de su casamiento, el 1 de junio de 1931, grabada en oro, ha sido el indicio final de que eran sus restos los que hallaron los voluntarios de la ARMH bajo el suelo de El Espinar.
Trabajos de exhumación en la fosa de El Espinar. JOSÉ CUESTA
"Encontramos muchos objetos en las exhumaciones", comenta Marco González, vicepresidente de la ARMH y coordinador de esta operación, "hay anillos de boda también, pero este caso ha llamado la atención por su alto poder identificativo". La fecha de matrimonio la confirman los documentos de boda del difunto y una fotografía del evento, en el que los novios sonríen a cámara junto a ese importantísimo "1-6-931", tal y como consta en la inscripción de la alianza, sin el 1 del año. "A veces, saqueaban los cuerpos antes de tirarlos a las fosas y, si encontramos anillos, no suelen tener la fecha inscrita", afirma González.
Eugenio dejó tras de sí a un joven viuda, Irene Serrano, y dos hijos, de tres años y seis meses de edad respectivamente. Es la menor, Rosa María, que actualmente tiene 84 años, la única que ha vivido para presenciar el momento. La mañana en que se encontró el anillo, estaba en casa con dos de sus hijas. Irene Herrera, una de ellas, explica que era la hora del desayuno y acababa de dejar a sus niños en el colegio cuando un mensaje de WhatsApp de Marco González les confirmó la noticia: "Tuve que mirar varias veces la foto del anillo porque no me lo podía creer".
Dada su avanzada edad y su delicado estado de salud debido al EPOC, los hijos de Rosa María han sido muy cuidadosos al contarle los avances en los trabajos en la fosa. "No quería crearle falsas expectativas", explica Irene, "pero cuando me dijeron que habían encontrado el anillo estaba con ella y se enteró". Fue un momento de muchísima emoción para la familia, que Alejandro describe como un poco "amargo".
"Es una emoción un poco rara porque sabes que a tu abuelo lo han matado y que está ahí, pero no es una alegría como tal", aclara Alejandro, y recuerda que su madre le confesó sentirse contenta y triste al mismo tiempo. "Para ella era muy importante no irse de este mundo sin tener esto", apostilla, "me preguntó si podía hacerse las pruebas de ADN antes de morir por si no llegaba a ver la exhumación". De hecho, Rosa María estaba convencida de la localización de su padre; lo que más deseaba era honrar de alguna forma su memoria: "Su ilusión era poner una lápida con su nombre".
Días de excavación e incertidumbre
Gracias a lo que recordaba la viuda de Eugenio y a la exhaustiva investigación posterior de su hija y nietos, la familia Insúa sabía, casi con total seguridad, dónde estaba sepultado el cuerpo de su abuelo. Sin embargo, las trabas administrativas y la falta de recursos económicos destinados a la restauración de la memoria histórica, impidieron durante 84 años que sus restos tuvieran un entierro digno.
A Irene Herrera le "parece mentira" que su abuela muriera en democracia, en 1993, sin haber tenido la posibilidad de honrar los restos de su marido. Los nietos de Eugenio son víctimas colaterales del franquismo por ambas ramas familiares; su abuelo paterno también fue asesinado poco después de desatarse el golpe de Estado y arrojado a una fosa común.
En su caso, fueron los familiares de los muertos quienes, acabada la dictadura, desenterraron con sus propios medios los restos y les dieron sepultura conjunta en el cementerio de Palencia. Por entonces no había pruebas de ADN ni subvenciones para asociaciones como la ARMH —"Había un gran movimiento por encontrarlos en los setenta, pero 23F lo frenó todo", apunta Alejandro—, por lo que los familiares de los asesinados tuvieron que contentarse con honrar a las víctimas con un entierro oficial y la constancia de sus nombres y municipios de origen en la losa.
Con este contexto detrás, Alejandro, Irene y sus otras dos hermanas llevan más de diez años peleando por la exhumación del cementerio de El Espinar. En 2012, consiguieron la atención de una asociación que estudió la zona y administró los permisos para el acto, pero la falta de medios económicos no les hubiera permitido realizar los consecuentes estudios antropológicos de identificación de los restos, por lo que nunca se llevó a cabo.
Rosa María Insúa Serrano recibe el anillo de su padre. JOSÉ CUESTA
No fue hasta 2018, cuando Irene contactó con la ARMH, que su caso empezó a cobrar fuerza. Marco González explica que el proceso se retrasó debido a trabas administrativas —algo que "deberían mejorar" en la nueva Ley de Memoria Histórica— y, más tarde, a la crisis del coronavirus. Aún así, pudieron comenzar las excavaciones el 1 de septiembre, como tenían planeado.
Fueron diez días de mucha intensidad de trabajo y dominados por la incertidumbre: "Nos estábamos preparando para lo peor", afirma González. Durante los primeros días apenas se encontró nada, y el temor de voluntarios y familia era que la fosa se extendiera bajo otras sepulturas posteriores, en cuyo caso, no las podrían desenterrar. "Era mucho peor de lo que yo pensaba", confiesa Irene, "los arrojaron allí de mala manera; me parecía increíble que entraran 17 personas en un espacio tan pequeño".
A pesar de todo, hallaron todos los cadáveres y, en el décimo día de trabajo, apareció el anillo. Alejandro recuerda que en los mensajes de WhatsApp desde la fosa, González confesaba que el equipo "se había roto" y habían empezado a llorar.
"Si se hace con las víctimas del terrorismo, ¿por qué no con las del franquismo?"
A Irene le parece que el mero cuestionamiento de sus motivos para querer encontrar los restos de su abuelo "es un síntoma de lo que nos falta" en términos de memoria histórica en España: "A un nieto cuyo abuelo acaba de morir en el hospital por cualquier cosa no le preguntamos por qué quiere enterrarlo". "Para mí fue porque mi abuelo estaba en una fosa y considero que mi madre merecía tener sus restos", continúa, "lo justo y lo humano es enterrarlo de forma digna. No podíamos abandonar a mi abuelo, que salió de su casa para defender una república votada de un golpe de Estado".
La historia de su abuela, con la que comparte nombre, marcó también la lucha de los hermanos por honrar la memoria de Eugenio. Tras el asesinato de su marido, viajó a Barcelona con otros refugiados republicanos. Cuando las fuerzas fascistas cercaron la ciudad, marcharon a Francia "por el mismo camino que tomó Antonio Machado" y junto a medio millón de compatriotas. Permanecieron dos años en los campos de refugiados del sur del país, hasta que la entrada de los nazis los obligó a regresar a un país sumido en la dictadura franquista. Volvieron a casa de su madre, que había perdido el negocio familiar, y tuvieron que rehacer su vida con el miedo y la precariedad que caracterizaron los años de posguerra en España.
Tenían constancia de la muerte de Eugenio, pero a su regreso al país, Irene instó a sus hijos a mentir sobre ello. "No podían admitir que había muerto intentando proteger la república", explica Alejandro, que también comenta que con su familia paterna sucedió algo similar: "A mi abuelo paterno lo dieron por prófugo". Tanto Rosa María como su difunto marido eran hijos de asesinados en el año 36 y ambos habían compartido la ensoñación infantil de que un día aparecería un hombre que les confesaría ser su padre.
De su tiempo en Francia, a Rosa María solo le quedan recuerdos del frío, de la arena de las playas galas y de los barracones. "También recuerda que los hombres les hacían figuritas de metal a los niños para entretenerlos y que a veces se quedaban en una especie de granja mientras mi abuela trabajaba, supongo que en una fábrica de armamento", comenta Alejandro.
Para su hermana Irene, "lo justo" es que los familiares de estas víctimas puedan tener un final como el de su familia, "pero no así, mediante asociaciones de voluntarios y no por responsabilidad del Estado".
En esta línea, González reclama que la ARMH lleva desde el año 2000 exigiendo un cambio drástico en el modelo de reparación a las víctimas del franquismo: "Pedimos que sea el Estado quien asuma la responsabilidad total de estos casos, desde atender a las familias y ofrecerles apoyo psicológico, proceder con las investigaciones necesarias y, llegado el caso, abrir las fosas e identificar los restos". Quieren que se cree un banco de ADN —"pero de verdad"— y que haya oficinas específicas en las ciudades: "¿Si lo hacen con las víctimas del terrorismo, por qué no con las del franquismo?".
La fosa 114 de Paterna: política, cultura y dignidad anónima a siete metros bajo tierra
Solo en El Espinar hay 16 cadáveres que no han sido reclamados aún por ningún familiar. A pesar de todo, saben que tres de ellos eran Victoriano Olesa Castillo, de 18 años, Eugenio García Sáinz, de 29, y Enrique Ruiz García, de 23 —del que se tienen documentos oficiales que prueban su identidad—. La mayoría eran tan jóvenes que aún no tenían descendencia, pero el caso indica la importancia de un banco de ADN que pueda servir para entregar sus restos, si no a hijos, a sobrinos y sobrinos nietos. Por el momento, se recogerán sus trazas biológicas y se les dará una sepultura oficial e individualizada.
Irene denuncia que el Gobierno "no ha dado muchos pasos hacia delante con este borrador de reforma". "Han escogido unas fechas conmemorativas que a mi madre no le representan, como el 31 de octubre, cuando se aprobó el proyecto de Constitución. Esa Constitución no condenaba al franquismo ni ha ayudado a encontrar a mi abuelo", apostilla.
Pero los problemas van más allá. El borrador tampoco contempla que el Estado se haga cargo de las exhumaciones, sino que habla de subvenciones. "Si nosotros como asociación, con los recursos que tenemos, podemos hacer lo que hacemos, qué no podría hacer todo un Estado", se lamenta González. Y es que el trabajo de la ARMH es limitado: "Las víctimas se están muriendo y las asociaciones no llegamos".
"Vuestro sacrificio es el ejemplo a seguir". Durante más de una década, este mensaje sobre una placa de granito ha sido la única señal de que, bajo la tierra sin mácula de una zona en el cementerio de El Espinar (Segovia), había una fosa común. Los cuerpos de 17 hombres fusilados en una emboscada en julio de 1936 cuando intentaban defender la II República del golpe de Estado fascista. Hace una semana, los trabajadores de la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) encontraron una alianza que permitió la identificación certera de uno de ellos: Eugenio Insúa Alos.