España es el cuarto Estado de la Unión Europea con mayor número de ciudadanos ucranianos. Solo por detrás de Polonia, Italia o República Checa. En total, una comunidad censada de algo más de 112.034 personas, según los datos del INE. Sin embargo, no todos ellos viven en situación regular. Antes del verano, 96.500 constaban en las estadísticas con algún tipo de residencia legal, ya fuese como estudiantes, solicitantes de asilo o portadores de tarjetas de residencias. Es decir, que alrededor de 15.000 ucranianos vivían entonces dentro de nuestras fronteras pero sin permiso legal. Una cifra que la Fundación Por Causa sitúa a cierre de 2021 en una horquilla que se mueve entre las 11.000 y las 12.000 personas, el doble que en 2014.
La irregularidad está asociada a una vulnerabilidad extrema. "Las personas que se encuentran en esta situación tienen problemas objetivos a la hora de acceder a la sanidad, de explotación laboral o de acceso a la justicia", apunta en conversación con infoLibre Gonzalo Fanjul, experto en migraciones y director de investigación de Por Causa. Pero no solo eso. También supone un golpe terrible en materia educativa, con trabas en el acceso a ayudas o becas, recursos pensados justamente para dar apoyo a las familias vulnerables. Esto último impacta con dureza sobre el colectivo ucraniano. Al fin y al cabo, casi un tercio de la bolsa de ciudadanos del país del Este que se calcula que están en situación irregular se corresponde con menores de veinte años –casi otro tercio está en la treintena–.
Se dice que el proyecto europeo se forja a golpe de crisis. Y la guerra de Ucrania es una de las más complicadas de los últimos años. De ahí que la respuesta de los Estados miembro haya sido excepcional. La invasión rusa ha llevado a la Unión Europea a activar por primera vez el mecanismo de acogida masiva: la directiva de protección temporal, una norma reservada para hacer frente a "una afluencia masiva de personas desplazadas". El éxodo de refugiados ucranianos lo es. En menos de veinte días, unos 2,7 millones de personas han salido del país prácticamente con lo puesto. Es el mayor flujo migratorio que se vive en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, superando incluso al experimentado en la década de los noventa con las guerras de la vieja Yugoslavia.
Medio millar de solicitudes resueltas
Durante un año, prorrogable hasta tres, el estatus de protección temporal obliga a los Estados a adoptar las medidas necesarias para que los beneficiarios dispongan de permisos de residencia, puedan trabajar, tengan acceso a un alojamiento adecuado o accedan al sistema de educación. El Gobierno de Pedro Sánchez activó el procedimiento formalmente la pasada semana. No lo circunscribió únicamente a los ucranianos que hayan abandonado su país desde la invasión rusa a finales de febrero, sino que lo extendió también para aquellos que "se encontraban en situación irregular" en suelo español antes de que estallara el conflicto. Y le imprimió una prioridad absoluta.
En la última década, según datos de Eurostat, se han registrado en los países europeos 89.265 peticiones de asilo de ciudadanos ucranianos. El 55% de ellas, solo en los tres años posteriores a la anexión de Crimea –2014, 2015 y 2016–. Si antes de la adhesión de la península la Unión Europea recibía alrededor de un millar de solicitudes anuales, tras la misma esa cifra se disparó, llegando a alcanzar un pico de 22.405. Una situación en la que España juega un papel importante. Solo en nuestro territorio se registraron el 16,3%. Sin embargo, la inmensa mayoría fueron rechazadas. En concreto, según datos del Ministerio del Interior, sólo se les concedió el asilo al 1% de los solicitantes ucranianos entre 2014 y 2020.
Ahora, sin embargo, la postura del Ejecutivo central es otra. La orden a la que se dio luz verde el miércoles pasado en Consejo de Ministros supone una regularización exprés y generalizada. Al procedimiento se pueden acoger tanto las personas que hayan abandonado el país tras la invasión rusa –nacionales o de terceros Estados que estuvieran allí en situación legal– como los ucranianos que se encontraban "en situación irregular" en España antes del estallido de la guerra. En veinticuatro horas, la petición tiene que estar resuelta, frente al más de medio año que suele demorarse en condiciones normales una solicitud de asilo. Desde la activación de la orden, la Oficina de Asilo y Refugio y la Policía Nacional han atendido 559 solicitudes. Por el momento, el Ministerio de Inclusión no tiene el desglose de esos datos por tipo de solicitante.
Un "problema" demasiado grande
El caso ucraniano pone sobre la mesa, a ojos de Fanjul, el doble rasero de las administraciones en materia migratoria. A diferencia de lo que ha sucedido en tantas crisis provocadas por los conflictos bélicos, en esta ocasión los Estados europeos perciben el conflicto ucraniano como "suyo". De ahí, que hayan actuado en bloque. Una unidad que contrasta enormemente con lo que se vivió en 2015 en el Viejo Continente. Con Siria, Irak o Afganistán desangrándose, varios países, principalmente los del denominado grupo de Visegrado –Polonia, Hungría, República Checa y Eslovaquia–, se negaron a aceptar el reparto de refugiados fijado entonces desde Bruselas. Y eso que entonces llegaron en un año la mitad de personas que durante las dos primeras semanas de invasión rusa.
La Unión Europea es uno de los principales destinos de aquellos que abandonan su hogar ante el temor a ser perseguidos. A cierre de 2020, últimos datos disponibles, alrededor del 10% de todos los refugiados del mundo vivían en suelo comunitario. España es uno de los Estados miembro con mayor número de solicitudes de asilo registradas. De hecho, la solidaridad en materia migratoria se convirtió en bandera de Pedro Sánchez nada más llegar a Moncloa. En junio de 2018, se recibió con los brazos abiertos al Aquarius, con 629 personas rescatadas en el Mediterráneo Central. Se les concedió un permiso de 90 días por motivos humanitarios. Se les dio prioridad en los trámites administrativos. Pero con el paso de los años, muchos terminaron engrosando la larga lista de personas que viven en nuestro país de forma irregular.
La Fundación Por Causa calcula que hay en España alrededor de medio millón de migrantes en esta situación, más del 13% del total de ciudadanos extracomunitarios. De ellos, los ucranianos apenas representan el 2%. Y lejos de lo que se ha instalado en el imaginario colectivo, solo un 11% son originarios de países africanos. La gran mayoría de los que se encuentran en situación irregular actualmente proceden de América Latina, con Colombia, Honduras, Perú o Paraguay a la cabeza. "Es un problema demasiado grande como para ignorarlo", señala Fanjul. Y aumenta progresivamente año tras año. En 2013, el mínimo registrado en las últimas dos décadas, la fundación estima que había unas 44.000 personas en esta situación. En menos de una década, por tanto, se ha multiplicado por diez.
"Si se quiere, se puede"
Ofertas "humillantes", auge 'freelance' y diazepam: historias fuera de cámara de la prensa en Ucrania
Con estos datos sobre la mesa, el investigador considera que se hace necesaria una nueva regularización masiva. "El caso de Ucrania, más que por su envergadura, tiene valor político y simbólico de enorme importancia. Al final, evidencia que no hay nada en la Unión Europea que lo impida. Si se quiere, se puede", reflexiona el investigador. La crisis del coronavirus, que puso contra las cuerdas al campo español por la imposibilidad de traer mano de obra para las diferentes campañas de recogida, abrió públicamente el debate sobre la necesidad de una concesión exprés de permisos de residencia y trabajo a gran escala. Lo hicieron Italia y Portugal. Pero España se negó a dar el paso. "Aquí no se dan esas circunstancias excepcionales", aseguraron desde el Ejecutivo regional.
En el Viejo Continente se han llevado a cabo solo entre 1996 y 2008 más de cuatro decenas de programas de regularización en diecisiete Estados diferentes. En España lo han hecho a izquierda y derecha. Del PP al PSOE. La más importante fue la de 2005. En total, casi 700.000 personas se presentaron al proceso. En aquella ocasión, podían acogerse a la "normalización", como lo llamaba el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, todos aquellos que llevasen empadronados medio año antes de la emisión de la orden y que existiese un contrato de trabajo. En aquel caso, era el propio empresario o empleador el que debía registrar la solicitud. Ahora, en el caso de los ciudadanos ucranianos, son ellos mismos los encargados de pedirlo. Sin requisitos mínimos a nivel laboral o de residencia.
Aquella regularización masiva tuvo efectos a nivel económico. En concreto, aportó a la Seguridad Social unos ingresos anuales extra de 2.300 millones de euros, según se desprende de un estudio publicado hace justo un año por investigadores de tres universidades catalanas. Los investigadores de la Fundación Por Causa también han echado cuentas. Estiman que impulsar un proceso masivo de estas características "incrementaría la aportación fiscal neta media de cada inmigrante regularizado" hasta cerca de 3.500 euros al años. Por tanto, calculan que la regularización supondría un beneficio de entre 790 y 950 millones de euros anuales para las arcas públicas. "Tener ese volumen de personas en una situación irregular es dispararse en el pie a nivel económico. Todas estas personas solo contribuyen, actualmente, a través de los impuestos indirectos. Nada de IRPF, nada de Seguridad Social", sentencia Fanjul.
España es el cuarto Estado de la Unión Europea con mayor número de ciudadanos ucranianos. Solo por detrás de Polonia, Italia o República Checa. En total, una comunidad censada de algo más de 112.034 personas, según los datos del INE. Sin embargo, no todos ellos viven en situación regular. Antes del verano, 96.500 constaban en las estadísticas con algún tipo de residencia legal, ya fuese como estudiantes, solicitantes de asilo o portadores de tarjetas de residencias. Es decir, que alrededor de 15.000 ucranianos vivían entonces dentro de nuestras fronteras pero sin permiso legal. Una cifra que la Fundación Por Causa sitúa a cierre de 2021 en una horquilla que se mueve entre las 11.000 y las 12.000 personas, el doble que en 2014.