"Ayuso, escucha, seguimos en la lucha". Con este cántico de fondo, las asociaciones Marea de Residencias y 7.291 Verdad y Justicia registraron este jueves en la Fiscalía de Madrid la primera macrodenuncia por las muertes en residencias de la región durante lo peor de la pandemia. En concreto, se trata de 109 familias que representan a 115 mayores —de los cuales 111 murieron entre marzo y abril de 2020— que no recibieron asistencia sanitaria en plena crisis sanitaria. Ni en un hospital ni en el propio geriátrico en el que vivían. Los denunciantes entienden que esos hechos son constitutivos del delito enmarcado en el artículo 511 del Código Penal, que castiga la "denegación de la prestación sanitaria por motivos discriminatorios".
"No vamos a parar. Seguiremos estudiando más vías", avisó María Jesús Valero, de Verdad y Justicia, a las puertas de la Fiscalía. A su izquierda, Carmen López, de Marea de Residencias, suscribió sus palabras. "Queremos que se investigue de una vez", señaló. Llevan cuatro años pidiéndolo, pero hasta ahora sin éxito. La mayoría de las querellas presentadas hasta ahora han sido archivadas, y muchas sin ni siquiera escuchar a las víctimas.
Por eso ahora iniciaron esta nueva vía. En ella hay en concreto 29 denunciados, entre los que se encuentran los que fueran directores de Coordinación Sociosanitaria, Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo, firmante y autor de los dos Protocolos de la Vergüenza que impidieron la derivación a los hospitales y tras los cuales 7.291 mayores murieron en los geriátricos, como desveló infoLibre. También está denunciado Pablo Busca, director del Summa 112 en aquel momento, Antonio Burgueño, director del plan de choque que supuestamente incluía una medicalización de las residencias que jamás se produjo, y los geriatras de enlace responsables de aplicar los protocolos en los 25 hospitales públicos de Madrid.
"En la presente denuncia sólo se menciona a aquellas personas sobre las que existen pruebas claras o indicios sólidos de participación en los hechos denunciados. Pero es más que probable que, durante la investigación fiscal y judicial, aparezcan otras personas que hayan tomado decisiones que prueben su autoría en el delito castigado en el artículo 511", argumentan las familias, que por eso exigen a la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, que admita a trámite la denuncia. A partir de ahora tiene un plazo de seis meses para hacerlo.
Pruebas "inéditas" y documentos clave
La denuncia, argumentada en 160 folios, está organizada en torno a cinco grandes bloques que desarrollan, además del veto a la derivación hospitalaria, la denegación de asistencia en hospitales privados —salvo tener un seguro médico—, en hoteles medicalizados y en el hospital de Ifema. Según las cifras publicadas por infoLibre, sólo se derivaron a ese espacio a 23 mayores en el tiempo que estuvo abierto: desde el 21 de marzo hasta el 30 de abril. Ifema disponía entonces, dijo el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, de 5.000 camas, aunque finalmente solo fueron 3.811 las personas atendidas durante esas seis semanas que estuvo operativo. En ese mismo periodo dieron positivo 10.298 personas que vivían en geriátricos, así que se envió al hospital de campaña al 0,22% de quienes sufrieron el virus, según los datos oficiales obtenidos por este periódico.
La denuncia presentada este jueves aporta algunos de ellos, como también algunas de las actas de inspección realizadas por la Policía Municipal, pero también otros documentos hasta ahora "inéditos" que resultan "absolutamente relevantes para probar la comisión de los delitos que se denuncian". Destacan en este sentido los informes internos del Gobierno madrileño en los que se reflejaba día a día la situación en la que estaban los 475 geriátricos de la región y que contienen, por ejemplo, el número de residentes positivos o aislados con síntomas de covid, el número de profesionales contagiados o en aislamiento domiciliario o las necesidades de personal que tenía cada centro.
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Los denunciantes aportan por ejemplo siete informes de los que cada día elaboraba la Consejería de Políticas Sociales y que acababan en manos del departamento de Sanidad. A través de ellos, consideran, se puede dibujar "una idea detallada del abandono absoluto que vivieron las residencias madrileñas". Las 72 donde vivían los 115 residentes representados en la denuncia reclamaron 37 médicos, 146 enfermeros y 756 gerocultoras.
También se incluye un informe de la propia Consejería de Sanidad en el que se certifica que lo que Ayuso llamó "medicalizar las residencias" consistió en enviar 24 médicos y 25 enfermeras en marzo y abril de 2020 a los geriátricos.
"Entendemos que las pruebas que se aportan son tan contundentes que el Ministerio Fiscal judicializará nuestra denuncia cuanto antes. En todo caso, como también se indica en el escrito, queremos recordar a la Fiscalía que los hechos delictivos que se denuncian podrían prescribir a partir de marzo del año que viene, 2025. Es su única y exclusiva responsabilidad impedir que esto ocurra. Suficiente anomalía es ya que hayamos tenido que ser los familiares de las víctimas quienes buscamos y encontramos unas pruebas que a la Fiscalía y a los tribunales les habría costado muchísimo menos conseguir", sentencian desde Marea de Residencias y Verdad y Justicia.
"Ayuso, escucha, seguimos en la lucha". Con este cántico de fondo, las asociaciones Marea de Residencias y 7.291 Verdad y Justicia registraron este jueves en la Fiscalía de Madrid la primera macrodenuncia por las muertes en residencias de la región durante lo peor de la pandemia. En concreto, se trata de 109 familias que representan a 115 mayores —de los cuales 111 murieron entre marzo y abril de 2020— que no recibieron asistencia sanitaria en plena crisis sanitaria. Ni en un hospital ni en el propio geriátrico en el que vivían. Los denunciantes entienden que esos hechos son constitutivos del delito enmarcado en el artículo 511 del Código Penal, que castiga la "denegación de la prestación sanitaria por motivos discriminatorios".