17,3 millones de euros a la semana; es lo que, de manera muy aproximada, le cuesta a los hospitales españoles tratar a los no vacunados contra el covid-19 en caso de contagiarse. 7,5 millones en cuanto a las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) y 9,8 millones en cuanto a las hospitalizaciones. La cifra proviene de la multiplicación de las personas no inmunizadas de todos los tramos de edad registradas por el Ministerio de Sanidad (175 en críticos y 1430 en planta), aunque existe infranotificación porque no todos los pacientes explican si han recibido el pinchazo, por el coste medio que el Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) calcula por día para mantener una cama de UCI y una de planta. Se ha tenido en cuenta para el cálculo, también, la estancia media de los hospitalizados por esta enfermedad.
Desde mediados de noviembre, y con el objetivo de fomentar aún más la vacunación, Sanidad publica cada jueves el impacto de la pandemia comparando vacunados con la pauta completa y no vacunados. En números absolutos, hay más hospitalizados que han recibido los pinchazos de rigor: lógico, porque en edades más avanzadas y susceptibles son muchísimos más los que han recibido el producto. Pero en números relativos, el impacto de los que rechazan los sueros es desproporcionado: son aproximadamente el 40% de los ingresados a partir de los 70 años, cuando el porcentaje de no vacunados en este tramo apenas alcanza el 1% con las dos dosis.
Por eso hay quien se plantea si es justo que los que han seguido las recomendaciones de las autoridades y los especialistas en Salud Pública sufran las consecuencias de una situación agravada por los no vacunados... y paguen por ello. En todo caso, la cifra, por ahora, no es relevante en el contexto español; el Gobierno no se plantea, por el momento, apretar aún más las tuercas a los que rechazan los productos de Pfizer o Moderna, a diferencia de lo que están haciendo la mayoría de países europeos. Tampoco cobrándoles los servicios de un sistema de salud público que no atiende a las decisiones vitales de cada paciente. Sin embargo, en Quebec (Canadá), el Ejecutivo quiere implantar un impuesto a estas personas, argumentando que generan un coste que es injusto de mantener por los que sí han sido responsables.
"Estas personas suponen una carga muy importante para la red sanitaria", aseguró el primer ministro de la región canadiense, François Legault. "Tendrán que pagar una contribución. Creo que es razonable que la mayoría de la población exija consecuencias". El nuevo tributo tiene que pasar por el Parlamento, pero el Gobierno tiene mayoría cualificada para sacar adelante la norma, de pocos o ningún precedente en el mundo.
España mantiene la calma con respecto a los no vacunados, exigiendo solo el pasaporte covid en el interior de la hostelería y el ocio nocturno de la mayoría de comunidades, pero no en todas. El Ejecutivo ha vuelto a repetir esta semana que la tasa española, del 85% de vacunados, es lo suficientemente buena como para hacer del tema un problema nacional. Mientras tanto, varios países del Norte Global endurecen las medidas, cansados de no ver una mejora en sus tasas de vacunación que les permitiría surfear la ola de ómicron con menos consecuencias a nivel asistencial. Francia ha aprobado este domingo una reforma para exigir la pauta completa para la entrada a los lugares públicos cerrados; ya no vale un test negativo reciente. El presidente francés, Enmanuel Macron, quiere "joderle la vida" a los que no hayan recibido el producto: traducción de enmerder, un término poco elegante en el habla del país vecino.
Italia obligará a partir del 15 de febrero a vacunarse a todos los mayores de 50 años. Austria, el primer país que tomó esta iniciativa, lo hará a partir del 1 de febrero para todos los mayores de edad, tal y como anunció. Las sanciones por no recibir las dosis podrían escalar hasta los 3.600 euros al año. La policía hará controles aleatorios. Alemania también está elaborando un plan para forzar al pinchazo. Los no vacunados germanos solo pueden entrar a supermercados, droguerías o librerías y no pueden reunirse con más de dos personas de otra burbuja familiar.
El epidemiólogo Pedro Gullón está sorprendido por el poco efecto de la obligación del pasaporte covid para un ocio normal en la mayoría de comunidades con respecto a la mejora de la tasa de vacunación; ya era escéptico, y el tiempo le ha dado la razón, con respecto a su papel para contener los contagios. Ha habido un repunte de la inmunización, pero no destacado; sigue habiendo un 15% de la población llamada a vacunarse que aún no lo ha hecho. "Ha tenido un efecto más bien residual", considera.
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El especialista se opone a iniciativas como las del Gobierno de Quebec. La Salud Pública siempre ha considerado que las decisiones de cada individuo con respecto a su bienestar y el de los que lo rodean no son totalmente libres: hay determinantes sociales que aumentan la probabilidad o no de incurrir en determinado hábito o adoptar determinada creencia. El tabaquismo y la obesidad, por ejemplo, afectan más a las clases bajas: no somos individuos aislados de su entorno que deciden echarse a fumar o acudir asiduamente al McDonalds.
"El poner trabas a los no vacunados sería exactamente igual que ponérselas a una persona por fumar o no realizar una actividad física" desde el punto de vista de la Salud Pública, considera Gullón. "Se dice que como en el caso de la vacunación todo el mundo tiene información, ya está justificado. Pero la no vacunación no se genera de forma individual: también tiene componentes políticos y sociales", defiende.
El epidemiólogo advierte: poner las cosas aún más complicadas podría generar un sentimiento identitario, de defensa y de resistencia ante el opresor, que refuerce aún más la decisión de los no vacunados; transformando individuos que aún dudaban, por los posibles efectos secundarios o por el rápido desarrollo de los productos, en activistas contra la inmunización. "Me preocupa más la tercera dosis que el 10% sin ninguna vacuna", reconoce: personas que se pusieron la pauta completa porque era lo que hizo la mayoría, pero que tras las últimas decisiones políticas a favor de la vacuna la rechazan, seducidos por discursos que suelen ser de extrema derecha. Por ahora no está pasando a unos niveles apreciables, aunque sí que ha caído el dato: casi el 100% de los mayores de 70 años ha recibido la pauta completa, mientras que se ha inoculado la tercera dosis al 90%.
Metodología
La cifra aproximada de 17.364.000 millones de euros de coste por tratar a los no vacunados de covid-19 parte de varias series de datos. Por un lado, lo que calculó en 2020 el Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) que le cuesta mantener a diario una cama de planta (986 euros) y de UCI (1.713 euros) al día; es la autonomía que más recientemente ha actualizado el dato, que usa para cobrar el servicio a mutuas, clínicas privadas que necesiten derivación o a seguros de pacientes extranjeros, por ejemplo.
Hemos multiplicado el dato por los no vacunados que ingresaron con covid-19 entre el 5 y el 13 de enero, tanto en planta como en UCI, ofrecido por el Ministerio de Sanidad. Las cifras son, con toda probabilidad, menores a las reales, ya que el Gobierno informa de los casos "con información de vacunación", que no tienen por qué ser todos.
Por último, se ha tenido en cuenta la estancia media de un caso de covid-19 en planta, según diversos intensistas de varios hospitales del país: siete días en caso de hospitalizados y 25 en caso de críticos.
No se cuenta el gasto derivado del tratamiento farmacológico, muy difícil de estimar por la variedad de medicamentos disponibles y las distintas dosis suministradas.