La historia de Víctor Jiménez, como la de tantos y tantos sanitarios en la Comunidad de Madrid, está profundamente marcada por el estancamiento profesional y la precariedad laboral. Desde que salió de la facultad hace casi una década, la vida de este enfermero se ha resumido en un continuo ir y venir de nuevos destinos y contratos. Se buscó las castañas en Guadalajara. También lo hizo en Barcelona. Siempre, por supuesto, con el lastre de una temporalidad sobre sus espaldas que convertía en imposible la construcción de cualquier proyecto vital a largo plazo. Por eso, recibió con ilusión la oposición convocada en junio de 2018 por el Ejecutivo regional para cubrir más de cinco millares de plazas de su especialidad en el Servicio Madrileño de Salud (Sermas). Durante meses, hincó codos. Luego, se plantó frente a un examen que superó con notable. Sin embargo, casi dos años después y en plena pandemia por coronavirus, continúa esperando la resolución del procedimiento. Y, como él, más de 19.000 profesionales que consiguieron superar la prueba y que todavía se encuentran a la espera de conocer su puntuación final, con las consecuencias personales y económicas que esto trae aparejado.
El Gobierno madrileño, explica el enfermero, no suele sacar con frecuencia plazas para acceder a la condición de personal estatutario fijo. Por eso, en cuanto se convoca una oposición de estas características, la demanda es brutal. En total, cuenta Jiménez, cerca de 30.000 personas abonaron la tasa de 32,94 euros para presentarse. Aunque la oposición se convocó en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) en junio de 2018, el examen tardaría en celebrarse algunos meses. En concreto, la prueba se llevó a cabo a mediados de mayo del año siguiente en los campus de Moncloa y Somosaguas de la Universidad Complutense de Madrid y en la Universidad Politécnica de Madrid. Y saltó a la palestra mediática después de conocerse que cuatro enfermeros habían decidido alquilar una avioneta para poder presentarse por la mañana a las pruebas para el Servicio Madrileño de Salud (Sermas) y por la tarde para el Servizo Galego de Saúde. "Aunque la promesa era que todas las comunidades autónomas las celebrasen el mismo día, al final algunas regiones se desmarcaron con otras fechas", recuerda, un par de años después el enfermero.
Aquel domingo, a primera hora de la mañana, tanto Jiménez como Jesús García se encontraban frente a las diecisiete páginas y más de un centenar de preguntas de las que se componía la prueba. "Cuando necesitamos realizar un análisis de gases arteriales mediante punción directa de una arteria, ¿cuál de las siguientes sería la de primera elección?", rezaba la primera cuestión del examen. En noviembre, tenían ya las notas subidas al sistema. Aunque, después de casi dos años, tienen que pararse a pensar cuando se les pregunta por ellas. "Un 7,8, aunque no sé si sacaré plaza porque se presenta mucha gente", dice el primero de los enfermeros al otro lado del teléfono. "Un 7,3 sobre 10", recuerda el segundo de ellos. El siguiente paso, que se dio a comienzos de febrero de 2020, un mes antes de que la pandemia pusiera patas arriba todo el mundo, era presentar los méritos y el informe de vida laboral. Y ahí, justo en ese punto, es donde se ha quedado atascado el procedimiento. "En la actualidad seguimos esperando a que todo esto se resuelva", dice García en conversación con este diario.
De hecho, desde que los aspirantes pusieron los méritos sobre la mesa, la única novedad que les consta es que el tribunal calificador ha sufrido algún que otro cambio. Así, el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid recogía el pasado mes de diciembre la sustitución de uno de sus vocales por jubilación. "Me tiré dos años compaginando mi vida familiar y laboral con los estudios y las academias para que ahora nos tengan expectantes todo este tiempo", se queja García. Desde los sindicatos, aunque son conscientes del gran volumen de expedientes a revisar –más de 19.000–, lamentan la lentitud a la hora de resolver el procedimiento. "Lo que se tiene que hacer es invertir en un sistema informático eficaz que agilice los trámites en la medida de lo posible", señala Ricardo Furió, secretario general de Madrid del Sindicato de Enfermería (Satse), quien se queja de que la comunidad que preside actualmente Isabel Díaz Ayuso esté siendo "de las más lentas" a la hora de resolver un concurso oposición que se puso en marcha en todas las regiones de forma prácticamente simultánea.
Los imposibles "planes de futuro"
De hecho, el proceso parece que va para largo. Y así se lo trasladó la Consejería de Sanidad a los sindicatos el pasado mes de octubre. En una reunión de la Mesa Sectorial, la administración regional comunicó a los agentes sociales que no estaba previsto que la publicación de los listados provisionales de méritos se produjese antes de 2022, casi tres años más tarde de la celebración del primer examen. Otras comunidades en las que la prueba se realizó el mismo día, sin embargo, ya han ido resolviendo sus respectivos procedimientos. Castilla y León, por ejemplo, hizo pública a finales de noviembre la valoración definitiva de los méritos de los aspirantes. Y en Galicia, los enfermeros que se impusieron en la oposición tienen destino adjudicado desde el pasado mes de septiembre. Este diario se puso en contacto con la Consejería de Sanidad madrileña para conocer los motivos del retraso y para saber qué previsión temporal tiene de cara a la resolución del concurso-oposición. A cierre de esta edición, sin embargo, no se ha obtenido respuesta.
Los dos enfermeros explican que la tardanza a la hora de culminar el proceso tiene consecuencias para ellos a nivel personal, profesional y económico. "Mientras, sigo estando expuesto a que se me acabe el contrato y tenga que buscarme las vueltas encontrando otro trabajo", apunta Jiménez, quien está haciendo una sustitución en el Hospital La Paz. Lleva cuatro años en el centro hospitalario, después de encadenar contratos temporales y buscarse la vida también fuera de la comunidad autónoma. "En esta situación, y hasta que no consiga estabilizar mi situación laboral, me resulta imposible hacer planes de futuro. Es impensable tratar de comprarme una casa o irme de alquiler, porque de un día para otro me puedo quedar en la calle", cuenta el enfermero, que con la treintena superada sigue en casa de sus padres a la espera de hacerse con una plaza fija. Algo por lo que también batalla García, que lleva trece años como interino en el Hospital del Henares: "He echado cálculos en base a la nota, la experiencia profesional y los méritos y creo que puedo conseguir una de las plazas".
Más allá de la estabilidad laboral, el hecho de adquirir la condición de personal estatutario fijo lleva aparejados algunos derechos de los que ninguno de los dos disfrutan en su situación actual. Por ejemplo, el tema de los traslados, tanto internos como externos. "Con la plaza fija, tú puedes pedir el cambio de servicio, una posibilidad que no tienen los trabajadores que están con contratos temporales, que se quedan completamente atrapados en un mismo área", cuenta Furió. Lo mismo pasa con los cambios de centro sanitario. "En mi situación, te tienes que adaptar a lo que te dan. Yo estuve un año entero, por ejemplo, haciendo 80 kilómetros todos los días para ir a mi puesto", relata Jiménez, que actualmente ejerce como vicepresidente de la Asociación Madrileña de Enfermería (AME). Y ninguno de ellos se olvida, por supuesto, del "complemento de carrera profesional", una suerte de extra que recibe el personal fijo estatutario en función de los años y la categoría. "Nosotros hacemos años pero no los cobramos", se queja García. En total, el secretario general de Satse habla de más de 200 euros perdidos.
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Los datos de profesionales de enfermería en la Comunidad de Madrid no son, ni mucho menos, para tirar cohetes. De hecho, la región es la que presenta las cifras más bajas de estos sanitarios en Atención Primaria, claves ahora en el proceso de vacunación contra el coronavirus, a pesar de ser la tercera comunidad más poblada. Junto con Ceuta y Melilla e Illes Baleares, los últimos datos de Sanidad colocan al territorio que preside Isabel Díaz Ayuso en los 0,5 enfermeros por cada millar de habitantes asignados a los equipos de Atención Primaria. En los niveles medios se encuentran otras cinco regiones: Andalucía, Canarias, Cantabria, Comunitat Valenciana y Murcia. Ligeramente por encima están Aragón, Asturias, Cataluña, Galicia y País Vasco, con una tasa de 0,7. Castilla-La Mancha, La Rioja y Navarra se sitúan en la parte alta de la tabla, con un índice de 0,8. Y, en cabeza, Castilla y León y Extremadura. En ambos casos, con una tasa por 1.000 personas asignadas de 0,9 enfermeros en los centros de salud y consultorios, casi el doble que las tres comunidades con los agujeros de personal más importantes.
Algo mejor se encuentra, sin embargo, en el ámbito hospitalario. Ahí, la comunidad autónoma dispone de 3,1 enfermeros por cada millar de habitantes, ligeramente por encima de la media –está en 3–. Mucho mejor situados se encuentran, por ejemplo, en Aragón o País Vasco, donde la tasa es de 4,4 y 4,2, respectivamente. En el extremo contrario, Canarias o la Región de Murcia, que disponen de 2,9 y 2,8 enfermeras por cada millar de habitantes.
Los sindicatos, no obstante, recuerdan que, más allá de los enfermeros, también las matronas o los fisioterapeutas están a la espera de que se resuelvan sus correspondientes oposiciones. En este caso, los exámenes se hicieron en febrero de 2019. "Nos dijeron el pasado mes de septiembre que las listas estaban para publicarse, pero aquí seguimos, esperando", dice el secretario general de Satse. De nuevo, la última noticia que tienen son modificaciones en el tribunal calificador de diciembre de 2019. En la primera especialidad, hay esperando algún movimiento más de siete centenares de personas que superaron el examen. En el segundo, esa cifra se sitúa en un millar de profesionales.