2.280 ciudadanos participan en la 'votación' impulsada por Compromís-Equo

Tenía el tiempo muy justo, apenas una semana, pero Compromís-Equo cree que ha valido la pena esta experiencia "pionera" en España. Y exhibe los números como una prueba de que las instituciones pueden ser "abiertas" a los ciudadanos, preguntarles directamente sobre temas que les conciernen. Hasta 2.280 personas han votadovotado desde el pasado domingo la Ley de Transparencia a través de CongresoTransparente.com, una plataforma online impulsada por las dos formaciones y desarrollada por los informáticos de Ágora Voting. Según los primeros cálculos internos, un 80% de los participantes es militante o simpatizante de alguno de las dos fuerzas. 

Compromís-Equo quería que la gente se pronunciara sobre el proyecto de ley del Gobierno justo antes de que este jueves el pleno del Congreso proceda a votar el dictamen y lo envíe al Senado. Para ello, agrupó las enmiendas en ocho grandes bloques y abrió las urnas virtuales a las 20 horas del pasado domingo y las cerró a las 23.59 de ayer miércoles. En todos los bloques se han producido resultados contundentes contrarios a los propósitos del Ejecutivo de Mariano Rajoy, según desgranó hoy en rueda de prensa el diputado que representa a la coalición en la Cámara baja, Joan Baldoví. El primero preguntaba a los ciudadanos si preferían que se reconociese el derecho a la información como un derecho fundamental, aspecto que el Gobierno no contempla –pese a que así se lo reclamaron también varios grupos–. Resultado: 2.256 (el 99,34%) dijeron sí (otras 15 dijeron no).

El segundo inquiría por los sujetos afectados por la obligación de la transparencia. El proyecto de ley recoge la Corona, los partidos políticos, los sindicatos, la patronal y entidades privadas que reciban una fuerte inyección de dinero pública. Compromís-Equo señalaba, sin embargo, que quedan sujetos fuera de la norma, como los órganos de gobierno de juzgados y tribunales, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) o el Instituto de Crédito Oficial (ICO) o la Iglesia y demás confesiones religiosas. A favor de incluir a estos sujetos se inclinaron 2.237 personas (98,81%), y lo contrario, 27. En tercer lugar, son partidarios de regular la actividad de los lobbies o grupos de presión "en esta u otra ley" 2.218 individuos (98,05%). 

Cuarto punto: que la información pública esté en cualquier formato que permita la utilización y el manejo de esos datos. Respaldo abrumador también: 2.231 apoyos (98,41%). Quinto bloque: causas de inadmisión de las peticiones. Ha ganado "de forma clara" que no haya causa alguna de rechazo de solicitudes de información y que se suprima el artículo (998 votos a favor). La sexta pregunta hacía referencia al silencio administrativo negativo. Esto implica que si una Administración preguntada no contesta en el plazo indicado, se entenderá que la demanda se ha desestimado. El 96,95% de los votantes (2.194) cree que esa figura debe eliminarse, de forma que la Administración deba "motivar y notificar" las causas de inadmisión de una solicitud.

Séptimo bloque: el órgano encargado de velar por la transparencia. La Coalición Pro Acceso, igual que otros grupos, seguía considerando que pese a las reformas introducidas por el Ejecutivo, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno seguía siendo poco "independiente" y "muy politizado". El 94,99% (2.106 personas) entiende que es mucho mejor la propuesta hecha por esta plataforma. 

Habrá más votaciones

Finalmente, el 79,23% (1.766 personas) ha votado que si finalmente el Congreso no acepta "ninguna de las enmiendas" de Compromís-Equo, Baldoví debe votar en contra del proyecto de ley. Y eso es lo que hará este jueves el diputado. 

El parlamentario, acompañado en la comparecencia de la coportavoz de Equo, Reyes Montiel, y de los responsables de Ágora Voting, subrayó que, "con independencia" de los resultados y de la bofetada que estos suponen para el Ejecutivo, lo importante es que "se ha abierto un camino nuevo". "Se ha demostrado que es posible otra manera de votar, acercar las decisiones que se toman en la Cámara a los ciudadanos, devolverles su voto y que no tengan que esperar dos años más para volver a utilizarlo. Han reutilizado su voto y lo volverán a hacer". Compromís-Equo ya adelanta que su "voluntad" es seguir utilizando esta herramienta en futuras ocasiones, en aquellas leyes sensibles para los ciudadanos, en las que les afecten "de forma más clara". 

Y eso que llegar hasta aquí no ha sido sencillo, según comentaron Eduardo Robles, de Agora Voting, y la propia Montiel. Se tuvo que desarrollar el instrumento en muy poco tiempo, de forma "artesanal y humilde", sorteando los obstáculos que impone la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD), muy estricta a la hora de la creación de archivos de datos personales. "Teníamos dudas de si llegaríamos hasta hoy, y sí ha sido posible, porque la implicación de los equipos de Compromís y Equo ha llegado hasta el final. Hemos intentado llamar la atención a cómo va a ser la democracia del siglo XXI. Hemos aprendido mucho y queremos seguir aprendiendo. Si profundizamos en este camino, nos encontraremos nuevos retos. Aparte de estar muy contentos, y de ver que no hay que tener miedo a la democracia, es un reto para esta casa, para los parlamentos", advirtió Montiel. Porque si esta senda prospera, auguró, "muchas cosas tendrán que cambiar", como el hecho de que los ciudadanos acudan a las sesiones "no como extraños", sin poder aplaudir ni hablar desde la tribuna de invitados, o el mismo procedimiento legislativo, "del siglo XIX". 

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Algunos "errores" cometidos

Compromís-Equo reconoce algunos "errores" debido a la premura y a la inexperiencia, como el tono algo "farragoso" de las preguntas que se lanzaban a los ciudadanos, la escasez de más informes técnicos o vídeos explicativos para "contextualizar" los puntos oscuros del texto del Ejecutivo o las dificultades para cumplir a rajatabla con la LOPD.

La coalición no descarta presentar una iniciativa en el Congreso para que otros grupos recojan el guante, pero considera que el paso fundamental es que sean las propias instituciones las que abran la posibilidad de preguntar directamente a los ciudadanos y "ofrecer a los diputados" ese sentir de la población. "Hemos querido mostrar que es posible, no queremos una iniciativa de parte o de partido, sino probar que si se quiere las instituciones pueden ser abiertas", rubricó la coportavoz de Equo.